Ahora que entramos a la temporada de la aprobación de leyes de ingresos y presupuestos de egresos, será muy importante que los ayuntamientos del estado tengan en cuenta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de cobros francamente excesivos y medidas que rayaban en el estado totalitario.

Casi nada: es un fallo emitido por el pleno de la SCJN como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad números 53/2023 y 62/2023, promovidos por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que echó por tierra una serie de cobros que se consideraron fuera de toda proporción y que, seguramente, volverán a caer si los incorporan nuevamente a una Ley de Ingresos.

Uno de ellos era el que gravaba a los propietarios de los bienes inmuebles por medio del Impuesto Predial o del de Traslación de Dominio por hacer cierto tipo de mejoras a sus inmuebles. Ese cobro adicional se calificó como desproporcionado porque “o atendía a la verdadera capacidad contributiva de los causantes”.

Para atrás, entonces, y quienes sí pagaron ese tipo de cobros adicionales, bien podrían promover un juicio de amparo y lograr la devolución de su dinero.

Por lo demás, también dejó sin efecto una serie de multas que tenían un sesgo francamente recaudatorio, por lo cual ya no deberán regresar a la próxima legislación.

De hecho, la “Tremenda Corte” exhortó al Congreso de Chihuahua a que no vuelva a aprobar ese tipo de gravámenes que presenten los “los mismos vicios de inconstitucionalidad”.

Así que, mucho cuidado con lo que aprueban durante este noviembre.

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La Fiscalía General del Estado publicó los lineamientos para pagar recompensas a quienes ayuden, mediante entrega de información, a capturar a nueve peligrosos delincuentes a quienes la autoridad califica como “generadores de violencia”.

Se trata de un pago a cambio de información que le ayude a la autoridad a capturar a individuos que andan a salto de mata desde hace tiempo y que nomás no han podido dar con ellos.

Dicho de otra forma, le piden a la comunidad en general que les ayude a hacer el trabajo que ellos no han podido completar.

¿Se acuerdan de José Noriel Portillo Ruiz, alias “El Chueco”, que duró prófugo casi un año, ¿a pesar de que lo buscaba todo el sistema de seguridad del país? Pues más o menos por ahí va la cosa.

Y no está tan fácil como decir “lo vi por tal o cual camino”, sino que debe ser información “útil, veraz, que conduzca eficaz y eficientemente” a la localización y captura de los prófugos.

Asumir esa función de informante tiene sus riesgos, ni cómo negarlo, pero uno podría suponer que hay una sustancial recompensa a quien la proporcione, pero no.

Resulta que, según el acuerdo publicado este sábado 28 de octubre en el Periódico Oficial del Estado, el pago asciende a la fabulosa suma de… 6 mil pesos por fugitivo.

O sea, ni un salario mínimo de la frontera, pues. El denunciante debe dar información, jugarse un alto riesgo y todavía esperara a que un “Consejo del Ministerio Público” determine si los datos aportados sirven realmente para hacer la captura.

Lo que sigue no está tan fácil: Falta que transcurra para que se liberen los seis mil pesotes que se llevará el valiente que ayude a la aprehensión.

Qué raro, porque cuando andaba prófugo “El Chueco” ofrecían 5 millones de pesos, y ahora dan ni el 0.1% por otros que andan por la misma calaña.

¡Ah cómo ha bajado eso de valorar la colaboración de los ciudadanos! 

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¡Ah pero qué buenos editores tiene el área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Chihuahua, tan exactos y precisos como para cortar la parte donde critican a Marquito por su II Informe de Gobierno.

En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento celebrada el viernes pasado, se hizo el análisis del II Informe y pues prácticamente fue un club de elogios mutuos, con casi todas las fuerzas políticas echando confeti y serpentinas a la gestión del alcalde panista.

A la regidora del PAN prácticamente repitió el informe con un detallado de las obras realizadas durante este año fiscal, y así por el estilo.

La nota discordante la empezó a dar la regidora por Movimiento Ciudadano, Elvira “La Güera” Villarreal, quien puso el dedo en la llaga sobre el tono un tanto misógino del documento publicado por el municipio, donde aparecen en su mayoría fotografías de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

También cuestionó el hecho de que el informe pareciera más un álbum de estampitas que un documento emitido por una autoridad, pues abundaba en imágenes y los textos parecían telegramas.

Pero la crítica fuerte llegó hasta que el grupo de Morena, en voz del regidor Eliel García señalara el enorme costo que tuvo la ceremonia del informe y el gasto excesivo en la presentación de una sola obra de teatro, como lo fue “La golondrina y su príncipe”, que costó 37 millones de pesos, por mencionar algunos aspectos.

Sin embargo, en el video-resumen que distribuyó el gobierno de Marquito a través de su área de comunicación social “rasuró” la participación del morenista y solo dejó—salvo a Elvira Villarreal, con una brevísima vista—a los que echaron las campanas a vuelo.

Si van a actuar así, nada mas no vuelvan a hablar de libertad de expresión ni de pluralidad democrática, por favor.

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Si la clasificación de rectores fuera algo así como la Liga MX de futbol, Luisito “Sport Billy” Rivera Campos andaría en zona de descenso.

Bueno, andaría en los últimos lugares porque ya sabemos que en nuestro futbol, como en el sistema de evaluación educativa, no hay descenso. ¡Qué rayos!

Resulta que en la medición hecha por la firma C&E Campaigns & Elections México, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua quedó en el lugar número 29 de 25 rectores, lejos, muy lejos de la “media tabla”.

Según la casa encuestadora, se midió el desempeño de los rectores de universidades públicas del país, en función de su trabajo y de acuerdo a la evaluación que hizo la ciudadanía de su respectiva comunidad.

Entre los factores medidos estaba la oferta académica, trabajo de la universidad por la comunidad que le rodea, honorabilidad, búsqueda de recursos para abrir más plazas de estudio y tener mejores instalaciones.

El rector de nuestra UACh, con todo y su presupuesto de 2 mil millones de pesos (y una deuda a Pensiones Civiles del Estado de casi 1,500 mdp) tuvo apenas un 37% de aprobación.

Es decir, tuvo 14 puntos menos que el rector Enrique Luis Gaude, de la UNAM, que encabezó la lista con un 51% de aprobación.

Lástima que no incluyeron en la medición a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Habría sido interesante comparar a nuestras dos universidades públicas.