El alcalde Marquito Bonilla hace todo lo que puede para dorar la píldora, pero la verdad es que le pusieron un frenón en serio a su anhelado proyecto de construir un nuevo relleno sanitario.

Ciertamente, el fallo de la juez Berenice Gómez no cancela el proyecto, como se ha interpretado y como suele pasar cuando oímos el término “suspensión definitiva”, pero sí se las puso difícil al constructor de la obra, es decir, a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Según lo explicó el propio Marquito, la titular del Juzgado 1 de Distrito con cabecera en Chihuahua, ordenó parar máquinas y todo lo demás en apego a un principio llamado “pronatura”, que según lo expuso él mismo, implica que no dará su venia hasta que le demuestren que no habrá impacto ambiental ni afectaciones a los inconformes que han recurrido a la justicia contra ese proyecto.

Vaya que está difícil, porque los quejosos tienen motivos de sobra y elementos a la mano para demostrar que un depósito que va a recibir al menos tres mil 500 toneladas de basura al día.

Hay que ver que, según estudios diversos, más o menos la tercera parte de los desechos domésticos son residuos orgánicos que continúan su proceso de descomposición a lo largo del traslado y más aún en su permanencia en el tiradero.

A eso habría que agregar otros desechos sólidos que también mantienen un proceso de descomposición, más los gases que emiten y que generan olores insoportables para quien quiera que viva cerca del lugar. Amén de los incendios.

Bonilla se siente confiado porque dice tener a la mano los estudios que hicieron investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua. O sea, la casa de estudios que dirige el rector Luis Alfonso Rivera Campos.

A ver si ese estudio, made in UACH, demuestra que el relleno “Mápula” no va a contaminar los mantos freáticos del lugar con todas las segregaciones que producirá la basura.

Y mientras, la ciudad se queda sin un lugar adecuado para mandar sus desechos, y corre el riesgo de que los malos olores y los focos de infección se propaguen por todo el sureste de la capital.

Todo por no planear bien las cosas.

………………

Ayer les contamos cómo se prepara el Gobierno de Chihuahua para dar la batalla en los tribunales para evitar que la extracción de agua de sus presas la manden a través del río Bravo hasta Tamaulipas.

Pues bien, ahora sabemos que el Gobierno Federal, con Conagua al frente, también vendrá con su “ejército” de abogados e inspectores a revisar cómo se está usando, quién o quiénes son los beneficiarios y, muy importante, verificar si esos que andan de gritones consiguen el recurso hídrico sin tener una concesión debidamente autorizada.

El “entre” va a estar bueno, porque, de un lado, estará un Gobierno del Estado (PAN) defendiendo un punto por demás sensible, como es que una entidad ubicada en medio de dos grandes desiertos deba entregar agua a otro estado que tiene costa con el Golfo de México.

Del otro, una autoridad federal que vendrá a preguntar por qué hay productores que reciben una cantidad de agua superior a su superficie sembrada, o por qué Chihuahua siembra un número mayor de hectáreas de las que tiene autorizadas.

Eso, sin contar con el “huachicoleo”, la perforación ilegal de pozos y la construcción de retenes de agua sin el consentimiento de la Conagua.

Por lo pronto, Conagua y el Gobierno Federal tienen a su favor que, de acuerdo con la Constitución, todo recurso hidráulico es propiedad de la nación y no del estado donde se encuentre, mientras que el estado se escudará en el hecho de que siempre le toca entregar a otros cauces, pero no recibe agua más que del cielo.

………………

La renuncia del canciller Marcelo Ebrard no movió ni una sola pieza de fuerzas políticas, al menos en el estado de Chihuahua.

Las cosas se quedaron igual: la estructura orgánica de Morena sigue leal a Claudia Sheinbaum y los petistas no alineados con el PRIAN siguen expectantes a ver si su “gallo”, Gerardo Fernández Noroña, acelera el paso y se le “cierra” a los punteros morenistas.

Nada nuevo, pues. La salida del hasta ayer secretario de Relaciones Exteriores de la nómina federal dejó las piezas como estaban. Hasta ahora, 8 de junio, nadie se ha sumado a la campaña del ahora desempleado y “corcholato” de tiempo completo.

El grupo que lo acompañaba no ha dado señales de cambio, como tampoco ha abierto la boca el Partido Verde Ecologista de México, que a nivel nacional prácticamente lo “destapó” como su candidato.

No obstante, Ebrard mantiene una base interesante que no debe dejar de preocupar a los otros contendientes.

En sus recientes visitas a Chihuahua, el entonces canciller tuvo “casa llena” en reunión con directivos del sector maquilador, y en este mismo año, el panismo oficial y lo que queda del priismo se aglutinaron en el Centro de Convenciones para oírlo hablar de cualquier cosa, menos de lo que tenía encargado en el gobierno de AMLO.

Falta camino por recorrer, pero más pronto que tarde habrá otros dos desempleados, por lo menos, y no andarán de oquis, sino preparándose para conseguir el cargo grande al que todo político o política aspira: la Presidencia.

………………

Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado para que atienda las denuncias de presuntos actos de tortura que presentaron tres personas que se encuentran prosadas y recluidas en el Cereso de Aquiles Serdán.

La recomendación va dirigida a la FGE, y en su caso al titular en turno, César Jáuregui Moreno, pero le pega al menos a tres fiscales que estuvieron antes en ese encargo y que no acataron la recomendación que les hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el año 2017.

Si bien el “coscorrón” de la CEDH data de aquel año, los presuntos actos de tortura en contra de tres procesados ocurrieron en el año 2013, cuando el fiscal era Jorge González Nicolás.

Después de este estuvo en el cargo Arturo Peniche Espejel, durante el gobierno de Javier Corral, y fue a él a quien la CEDH le dirigió la recomendación número 47/2017 en donde le piden, así con todas las letras, que actúe y sancione a los agentes que habría cometido esos actos de tortura y vejaciones contra los detenidos y atienda la solicitud de éstos, de que se les aplique el Protocolo de Estambul para determinar si fueron víctimas de tortura.

Peniche Espejel duró en el cargo hasta el 2021, cuando concluyó la gestión de Javier Corral, y nunca hizo caso, o al menos, ni la CNDH ni la CEDH tienen noticias de que haya cumplido con lo que se le pidió.

A él lo sucedió Roberto Fierro Duarte, primer fiscal de la actual administración, y luego el actual encargado de la procuración de justicia, César Jáuregui.

Cuatro fiscales y cero atención a una recomendación por hechos que ocurrieron hace diez años.

¿Qué dice la recomendación aquella, la que nomás no atienden? En concreto, le pide al Fiscal General del Estado (Arturo Peniche, en ese entonces) “se instruya procedimiento dilucidatorio de responsabilidades, en contra de los servidores públicos que hayan tenido bajo su cargo la tramitación de la Carpeta de Investigación ya identificada, en el cual se consideren los argumentos esgrimidos, para efecto de que se determine el grado de responsabilidad en que hayan incurrido, y en su caso se impongan las sanciones que correspondan y se resuelva lo concerniente a la reparación del daño que les pudiera corresponder a los agraviados”.

O sea, busque a los que abusaron, no cumplieron con su trabajo, investíguelos y, en su caso, sanciónelos. Nada de eso ha ocurrido.

El mismo Peniche tenía un coscorrón directamente contra él: “Usted mismo para que se integre de manera inmediata la mencionada Carpeta de Investigación, iniciada por la probable existencia del delito de tortura cometido en perjuicio de “A”, “B” y “C”, y se resuelva la misma conforme a derecho proceda”.

Ni para dónde hacerse. El problema para César Jáuregui es que él no tuvo ni vela en el entierro, pero ahora tendrá que dar la cara.