Mitofksy publicó este miércoles su ranking de popularidad entre los gobernadores del país y, la verdad, le fue bien a la de Chihuahua, Maru Campos Galván.

Por tercer mes consecutivo, asciende en su índice de aprobación, con un 54.5 por ciento que la ubicó en el noveno lugar entre los 32 mandatarios estatales del país, los “virreyes” o “virreinas”, pues.

Si bien quedó lejos del líder de la tabla general, Miguel Riquelme (62.6%), llama la atención que la chihuahuense es una de las pocas (o pocos) que recibieron una alta calificación cuando aún no llegan a la primera mitad de su gestión.

Como es sabido, el coahuilense Riquelme tiene elecciones en junio próximo y en este mismo año entregará la oficina del Palacio de Gobierno. Casi similar ocurre con otros de los usuales líderes de la tabla: Mauricio Kuri, de Querétaro y Mauricio Vila, de Yucatán, que ya están más cerca de terminar que del día cuando iniciaron.

Maru, junto con la también panista Teresa Jiménez, de Aguascalientes, Lorena Cuéllar, de Tlaxcala y Mara Lezama, de Quintana Roo, estas dos últimas, de Morena, no han cubierto el primer tercio de su mandato y ya lograron colarse entre los 10 primeros lugares, por encima de otras y otros que ya van a la mitad o casi de salida.

De la lista de Mitofsky, publicada este miércoles en el diario El Economista, llama la atención que el “top ten” está dividido a mitades: cinco son morenistas o pro 4T, como es el caso del de San Luis Potosí, y los otros cinco son antagonistas, al movimiento político del presidente AMLO, incluido Maru.

Como decíamos, buenas noticias para Maru, para el PRIAN, aunque también para Morena, con sus cinco gobernadores en el Top Ten, y para las mujeres, porque también se llevaron la “micha” de los primeros lugares.

La que no debe estar muy contenta es Claudia Sheinbaum, la líder en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, pues se fue hasta el lugar 13, sí con una calificación aprobatoria de 53.1, pero fuera de la foto de los primeros lugares.

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Es de todos conocido que la lucha contra la corrupción, o la persecución contra exfuncionarios del gobierno duartista, fue casi la razón de ser de la administración que encabezó el gobernador Javier Corral Jurado.

De todas esas batallas judiciales, la “joya de la corona” fue la persecución contra los autores de la llamada “Operación Safiro”, judicializada por el gobierno de Corral, pero también documentada por la organización “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, de Claudio X. González.

De todo ese entamado jurídico-político, la acción más rimbombante fue la aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, exsecretario general adjunto del PRI nacional y operador de primera línea del entonces poderoso dirigente priista Manlio Fabio Beltrones.

Para desgracia del gobierno corralista y de las causas que buscan combatir la corrupción gubernamental en México, todo se ha ido cayendo a pedazos sin que el erario de los siete estados que sacaron dinero para las campañas del PRI del 2015 recupere un solo centavo.

El tal “Coneja” salió de prisión el 29 de septiembre del 2018 por “falta de pruebas” para atribuirle el desvío de 250 mdp del erario estatal hacia las arcas de su partido, pero continuó bajo proceso.

Luego, el 22 de febrero de este año, la Séptima Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua lo absolvió. ¡Faltaba más! Es el mismo poder judicial que “oxigenó” el gobernador Duarte.

Por si fuera poco, el Instituto Nacional Electoral dejó sin castigo al PRI por el desvío de los 250 mdp del gobierno de Chihuahua, que porque la Fiscalía General de la República no les entregó el expediente del caso. ¡Pero si el gobierno de Chihuahua ya se los había pasado!

En lo que fue la última sesión de Lorenzo Córdova como presidente del INE, y con el voto de él, el consejo General del organismo que “no se toca” votó a favor de librar al PRI una mega multa de 500 mdp por ese “modesto” concepto, lo que lo hubiera dejado en estado de inopia. Pero no: no habrá sanción ni posibilidad de recuperar el dinero para los chihuahuenses.

Al paso que van las cosas, y a juzgar por el discurso que se cargan los actores políticos prianistas de Chihuahua, van a acabar pidiéndoles disculpas.

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Hace dos días, en un “entra-sale” de la sesión del Congreso del Estado, el diputado morenista Gustavo “Pichú” de la Rosa Hickerson le reclamó a los y las reporteros de Chihuahua porque le seguían preguntando acerca de los hechos de sangre que de una manera u otra han contaminado el ambiente político.

Minutos después, en la tribuna del Congreso, reclamó a todas las fuerzas políticas el recurso de la “necrofilia política” para allegarse votos o para echarle lodo al rival.

Se refería don Pichú a los hechos lamentables al extremo que han dominado el discurso en el parlamento local: la fuga-masacre ocurrida en el Cereso 3 de Juárez el 1 de enero; el incendio en una terminal del INM que dejó al menos 40 muertos y decenas de heridos, y más recientemente, el suicidio del exfuncionario duartista Antonio Tarín García.

No le falta razón al juaritos morenista, las discusiones en torno a esos temas han consumido decenas de “horas-tribuna” y no han generado ni un centavo de capital político a quien echa mano de ellos para ensuciarle la cara al rival.

Es poco probable que le hagan caso al exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni siquiera en su partido, pero ya estaría bien que la sociedad o al menos los organismos de la sociedad civil empujen a esta legislatura a elevar el tono del debate y a aprobar las reformas que el estado necesita.

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El Instituto Estatal Electoral destinó la friolera de 15 mil pesos para promover la participación ciudadana en las consultas sobre la conveniencia de construir la llamada “Torre Centinela” y para aprobar reformas que permitan salvar a los cerros de la capital del estado.

Con ese “dineral” que se gastaron en difusión, se entiende por qué las dichosas consultas fueron el secreto mejor guardado en el ámbito político local.

Pero si 15 mil se les hace poco, esperen a ver el presupuesto que tienen para realizar mecanismos de participación ciudadana a lo largo del año: 2 millones 700 mil pesos.

Y pensar que los organismos electorales justifican su existencia con la cantaleta de que promueven la participación ciudadana. ¡Snif!