Morena presentó una iniciativa de reformas a la Ley Electoral del Estado para que se sancione a quienes usan su posición de funcionario público o representante popular para hacer propaganda para beneficio personal.

O sea, para que se entienda, para que el Instituto Estatal Electoral pueda castigar a los funcionarios que andan gastando el dinero público para poner su cara en cuanto espacio público haya en las ciudades del estado.

La diputada Magdalena Rentería Pérez, del distrito IX de Juárez, e integrante de la bancada morenista, calificó de “desleal” la actitud de políticos en funciones que usan su influencia, si no es que los recursos públicos bajo su custodia, para difundir su imagen personal.

Y aunque no dijo nombres, la pedrada iba muy dirigida a varios de sus compañeros de Legislatura y a algunas de sus compañeras, pero muy en particular a Luis Aguilar, el panista camarguense que ha ganado notoriedad en la capital porque su imagen está en cuanto espacio publicitario hay. Vaya, hasta en los recipientes de basura reciclable está la imagen del afable panista.

La diputada no dejó títere con bonete, pues también se llevó por delante a las revistas que se prestan para “lavar” esas campañas, a las que disfrazan de difusión de sus números en circulación.

Ya lo sabemos: el político o política no pone el anuncio, sino una revista que tiene la cara del aspirante en su portada.

Qué tiene que la revista sea “religiosa”, porque salga cada que Dios quiere, o que sea el secreto mejor guardado, porque pocos o nadie conocían su existencia. Lo que importa es que el rostro del o la “suspirante” está ahí para colgarlo de espectaculares y carteleras verticales de la ciudad.

Bien por Morena, nada más que les faltó decir que sus “corcholatas” también nos tienen hasta el copete con sus “portadas de revista” y sus descarados carteles de promoción política, los cuales justifican con el cuento de que no están llamando a votar.

Como buenos jueces, que empiecen por exhortar a sus compañeros y compañeras que están encampañados para que bajen tanto dichoso espectacular que tienen en Chihuahua y en Juárez.

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De no creerse: la llamada Ley de Cabelleras, que tiene su origen en el siglo XVIII, está aún vigente y sin modificación alguna desde 1846 ¡Habrase visto!

Conocida también como la Ley de Contratas de Sangre, la legislación de marras permitía reclutar a combatientes tanto nacionales como extranjeros—en esta época les llamaríamos mercenarios—para matar indios.

Y no sólo eso: establece un pago de 200 pesos de aquella época por cada “indio armado” abatido; 250 pesos por cada prisionero de esta clase, y 150 pesos de aquellos por cada india de cualquier edad o indio menor de catorce años presos.

El documento más reciente relativo a esa ley data del 11 de abril y el 25 de mayo de 1849, cuando el Congreso del Estado de Chihuahua emitió dos decretos como complemento uno del otro, que luego se publicaron en el Periódico Oficial del Estado.

Nada más hay que leer lo que dice ese texto para darnos cuenta de falta de humanidad y pérdida de vigencia:

“A través de esas disposiciones, el Congreso del Estado de Chihuahua faculta al Gobierno para que pueda hacer la guerra contratando voluntarios, sean estos nacionales o extranjeros, y fija la cantidad de doscientos pesos para pagar por cada indio de armas muerto, doscientos cincuenta pesos por cada prisionero de esta clase, así como ciento cincuenta pesos por cada india de cualquier edad o indio menor de catorce años presos”.

Esa disposición ha estado ahí, escondida, olvidada, con una gruesa capa de polvo encima, y a ninguna de las 66 Legislaturas anteriores se les había ocurrido derogarla.

Este miércoles 19, la diputada Rocío Sarmiento, presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas presentó una iniciativa para mandar al basurero de la historia a esa legislación.

Bueno, ella en realidad pidió que la abrogaran—lo del “basurero” es cosa nuestra—porque es una afrenta al pueblo apache o n´dee/n´nee/n´dé”.

O sea que esa ley tiene más de siglo y medio de vida, en su redacción actual, y hasta ahora se les ocurre borrarla. ¡Qué descuido!

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Norma Ledezma surgió junto con Justicia para Nuestras Hijas en la ciudad de Chihuahua, la cual nació a raíz de la desaparición y muerte de su propia hija, Paloma Escobar Ledezma el 2 de marzo de 2002. La joven Paloma había salido de su casa a tomar clases de computación, según lo consigna la prensa de la época, pero nunca regresó a su hogar.

Su cuerpo sin vida fue encontrado el 29 de marzo de ese año, con notables marcas de violencia.

Desde entonces, Norma Ledezma inició un largo y doloroso camino en busca de justicia para Paloma, lo cual nunca consiguió, al menos en términos de ver a él o los responsables sentados ante un juez.

Sin embargo, el dolor indescriptible que sentía la impulsó a ser un auténtico referente en la lucha por la búsqueda y presentación de las personas desaparecidas y de combate a la violencia contra las mujeres, particularmente las menores de edad.

Fue así como, de ser operadora de maquiladora, Norma Ledezma continuó sus estudios hasta concluir la secundaria, luego la preparatoria y finalmente la licenciatura en Derecho.

En el camino, fundó la organización “Justicia para nuestras hijas” que hoy en día es todo un referente mundial en el tema de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

“Ese 29 de marzo yo le hice la promesa a Paloma de no dejar de pelear”, le dijo Norma Ledezma Ortega a la revista digital de la ONU “ONU Mujeres”.

Conocedora como pocas personas del doloroso e intrincado camino que debe seguir una persona que busca desesperadamente a su familiar o familiares desaparecidos, a partir de este 18 de julio se ocupará de la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, cargo que le otorgó la gobernadora Maru Campos Galván.

Ahora, las personas que sufren por los efectos del delito y la violencia podrán tratar con alguien que sí las va a comprender, y en serio.

Desde aquí la felicitamos por su nuevo encargo y, desde luego, le deseamos la mejor de las suertes.

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Los dueños de centros nocturnos y salones de baile ya no soportaron más y decidieron “mandar al baile” a los inspectores de la subsecretaría de Gobernación del Gobierno del Estado.

Ya no soportan más, dicen, porque los traen “asoleados” a medianoche con tanta revisión, con una minucia digna de mejor causa, como para buscarles un pelo en la sopa con tal de cerrarles el negocio y aplicarles multas estratosféricas.

Por eso se plantaron el pasado martes frente al Palacio de Gobierno, sobre la calle Aldama, para exigirle a las huestes de Salvador Caballero, subsecretario de Gobernación, que ya los dejen trabajar. Así de simple, no piden más.

Hay, dicen, una sobrerregulación que el Gobierno estatal hacia ese giro, lo que los hace mucho menos competitivos frente a otras opciones de entretenimiento.

Ese calvario lo sufren desde hace varias administraciones, pero dicen que en esta se han lucido, porque algunos reciben más visitas de los inspectores que de sus mismos clientes.

Por si fuera poco, los trámites que deben hacer corren a velocidad de oruga, lo que hace todavía menos atractivo el negocio.

Lo peor del caso es que, si bien el dueño del negocio pierde, también quedan muy mal parados los cientos de trabajadores que encuentran ahí su sustento, muchos de ellos como meseros, cocineros o empleados de barra, entre otros.

No piden mucho, ni siquiera una ampliación de horarios, como lo demandaban en años anteriores, simplemente, que ya los dejen trabajar…y que los inspectores vayan cuando quieran, pero en calidad de clientes. Al menos, si van a visitar al negocio, que consuman algo.