En la reelección de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el TSJ, Myriam Hernández Acosta, todo salió como estaba proyectado, incluso el sacrosanto “derecho de pataleo”.

Hernández Acosta, quien completaba el período de su antecesor, Pablo Héctor González Villalobos, resultó electa para cumplir su propia gestión de tres años, con lo cual podrá cubrir un período de plazo largo en el cual se podrán realizar los cambios que requiere el Poder Judicial.

De hecho, fue un elemento que destacaron los propios magistrados que emitieron su voto “razonado”: que por primera vez en mucho tiempo había condiciones para darle continuidad al trabajo, factor muy importante en un momento de cambios constitucionales de alcance federal.

Para darnos una idea: es ya la primera mujer que resulta electa para ocupar un período al frente de del TSJ.

No solo eso: es la primera persona que logra su reelección desde hace muchos años. Recordemos que, en tiempos de Reyes Baeza, el magistrado José Chávez Aragón no logró la reelección, pues en su lugar quedó el ex maestro y amigo del gobernador, Rodolfo Acosta Muñoz, quien tampoco pudo hilvanar un segundo período.

Luego, ya con Duarte, siguió Javier Ramírez Benítez (q.e.p.d.), quien solo cubrió un período. Y lo que vino después fue una verdadera pachanga: cinco presidentes en siete años

Los años que vienen serán de auténtico trabajo de carpintería judicial, pues como ya apuntamos, se avecinan reformas constitucionales federales, pero también cambios al Código Civil, a leyes generales y a la propia Constitución del Estado.

El salón de plenos del TSJ, lleno a su capacidad máxima, con asistencia casi al 100% de sus asientos y decenas de personas que atestiguaron el acto, tuvo, como dijimos antes, su “derecho de pataleo”:

La magistrada Norma Angélica Godínez Chávez, de la Sala Penal Regional de Hidalgo del Parral, y la abstención de la magistrada de la Segunda Sala Familiar, Adela Alicia Jiménez Carrasco.

La magistrada Godínez Chávez, enlazada con la sesión por la vía virtual, expuso su motivo para votar en contra: que no se ha cubierto una vacante en el Consejo de la Judicatura desde el año 2021, pese a que se han presentado aspirantes que reúnen todos los requisitos y perfiles.

Si el problema era con el Consejo de la Judicatura ¿para qué echarle el voto en contra a la presidenta? ¡Bueno, en fin!

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió su fallo y los libros de texto gratuitos impugnados por el Gobierno de Chihuahua irán a las aulas, y no hay nada más que hablar.

Ese asunto está resuelto. Ahora falta ver qué vamos a hacer con los más de dos millones de “cuadernillos”, cuya impresión quedó lista hace apenas unos días y que costó varios millones de pesos.

Algunos dicen que 60, otros llegan a los 75. Como sea, es mucho dinero para un gobierno estatal que se queja por la falta de inversión federal y que recurrentemente pide créditos a corto plazo para “completar el chivo”.

¿Qué les van a hacer? Poco en broma, poco en serio, nos dicen que habrá una sola entrega y probablemente en un solo viaje: a la trituradora de papel, a ver cuánto logran recuperarle con la venta “al kilo” de esos cuadernos que nunca resolvieron las necesidades de material educativo para el ciclo que inició a finales de agosto.

Lo que nos cuentan enterados de la grilla magisterial es que profas y profes no los quieren ni ver en sus aulas y que ahora van a exigir que los libros salgan de las bodegas cuanto antes y lleguen hasta los pupitres de los niños en no más de una semana.

Incluso, se pedirá ayuda al Ejército para completar esa faena, a los alcaldes rurales y hasta el mismo personal docente.

Ya no hay tiempo que perder… ni traba burocrática qué ponerle al asunto. Ahora solo queda esperar a ver quién va a pagar los platos rotos… qué platos ¡la vajilla completa que se quebró en el sector educativo estatal!

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El Gobierno del Estado le dio todas las vueltas que pudo al tema de la resolución de la Corte sobre los libros de texto, que dejó el espacio abierto para que corriera todo tipo de versiones sobre los “acuerdos alcanzados” para terminar con ese intrincado asunto.

La gobernadora Maru Campos hizo todo lo posible para salir del Palacio de Gobierno sin atender a los medios, muy al contrario, como es su costumbre.

Fue hasta al mediodía cuando salió el comunicado oficial del Gobierno en el que, tras varias horas, refirió al “batazo” que recibió su dichosa controversia constitucional 400/2023 con la que pretendía darle para atrás a los libros de texto gratuitos en Chihuahua.

Entrada la tarde, continuaban las reuniones en el Palacio de Gobierno para decidir ya no lo que van a hacer, sino cómo rayos van a repartir más de 4 millones de ejemplares para niveles de preescolar, primaria y secundaria antes de que termine octubre. Para entonces, ya habrá terminado el segundo mes del ciclo…y penúltimo del semestre.

La versión que corrió con fuerza es que sí hubo una “negocia” a muy alto nivel con el Gobierno Federal. Fue un “bájale a lo de los libros y yo te detengo los flujos de migrantes”.

Era mucha la casualidad: fue justo cuando el Gobierno de Chihuahua promovió su recurso contra los libros cuando se dejaron venir las corridas de tren llenas de migrantes centro y sudamericanos que buscaban llegar a Juárez.

¡Qué casualidad que ninguna otra frontera tiene ahora mismo una crisis humanitaria del tamaño que enfrenta la tierra adoptiva de Juan Gabriel!

Así que a nadie sorprenda si, en los días próximos, le paren a las corridas o, simplemente, se vayan por otro lado, al fin que la frontera entre México y los “Yunaries” es muy, muy grande.

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Quienes vieron de cerca la grilla electoral y gubernamental en los últimos 30 años, al menos en la ciudad de Chihuahua, tendrán presente en la memoria la casa ubicada en la avenida Universidad número 2705, de la colonia San Felipe.

Era una casa protegida por una barda sin más garigoles, de unos tres metros de alto, dos puertas individuales y un portón. Nada del otro mundo, pues, al menos como arquitectura urbana.

Lo que vale recordar es que esa casa fue el cuartel general de uno de los personajes de la política local más trascendentes—para bien o para mal—de la historia moderna de Chihuahua. Nos referimos a Patricio Martínez García.

Esa casa, ubicada justo enseguida de la Librería La Prensa, propiedad de su familia, fue centro de operaciones lo mismo en la precampaña rumbo a la Presidencia Municipal de Chihuahua, en el año 1992; del mismo proceso, cuando fue candidato a diputado federal en el 1997 y de su larga y tortuosa precampaña de 1998, que finalmente lo llevó a la gubernatura.

Fue también su lugar de “retiro”—lo de retirado no se lo creyó nadie, nunca—después de dejar su cargo y luego fue la casa de enlace durante su período de en el senado de la Republica.

Si las máquinas “manos de chango”, los cinceles y los marros pudieran hacer hablar a esas paredes antes de derrumbarlas ¡de lo que nos habríamos enterado!