Para los que dicen que eso de andar revisando cuentas y traer de la oreja a funcionarios incumplidos es una pérdida de tiempo, aquí tienen una muestra de que están completamente equivocados.
La Auditoría Superior del Estado, la ASE, logró recuperar 159.6 millones de pesos mediante procedimientos judiciales derivado de revisiones a las cuentas de los diversos organismos públicos que están en su jurisdicción.
Esa suma ya sería suficiente para celebrar la existencia de los órganos de fiscalización, pero la cosa no paró ahí.
En realidad, los trabajos realizados por la ASE en los últimos dos años hicieron posible que el Gobierno estatal recuperara casi 900 millones de pesos.
Para darnos una idea: esa cantidad supera con mucho al presupuesto que tienen muchas secretarías y organismos descentralizados, y era, como quien dice, dinero “perdido”.
Por ejemplo, Pensiones Civiles del Estado recuperó la jugosa cantidad de 504.9 millones de pesos gracias, en gran medida, a las prácticas de Auditoría Especial Forense de la ASE.
Si bien este organismo fiscalizador no las cuenta como estrellita en la cacha de su pistola, lo cierto es que gran parte de ese dinero llegó porque los organismos deudores vieron venir una revisión y tal vez una fuerte sanción por no pagarle a Pensiones, así que mejor se apuraron a pagar.
Otra más: la Secretaría de Hacienda estatal, tan apurada como anda de dinero por los bajones a las participaciones federales, ingresó la “módica” cantidad de 234.1 millones de pesos por Impuesto Sobre Nómina que debían algunas universidades públicas que tienen esa obligación fiscal. ¡Dónde estaban esos 200 millones y pico de pesos!
Y falta lo que se va a recuperar mediante otros recursos administrativos y judiciales que se van a emprender en breve contra servidores públicos que mal usaron los recursos públicos.
Así que ya lo sabe: la próxima vez que oiga a un político decir que es “pérdida de tiempo” revisar cuentas y que es mejor “mirar para adelante”, no le haga caso. Mejor vea cuánto dinero se estaba perdiendo por no hacer bien el trabajo de fiscalización.
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Al tercer día, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, salió a dar una muy somera explicación de los hechos violentos ocurridos el fin de semana pasada en diversos puntos de la entidad, en los que murieron 11 personas por impactos de bala.
Casi 48 horas tardó para salir a decir prácticamente lo mismo que ya había informado su dependencia apenas el lunes pasado, cuando afirmaron que iban “un paso adelante” de las bandas delictivas.
Lo mismo de siempre, ya lo saben: que los ataques son la reacción de los grupos delictivos por las acciones de seguridad que emprende el gobierno.
Lo poco que agregó Loya fue en revelar la identidad del grupo que agredió a los agentes de la Policía Estatal: La Línea. El saldo de ese ataque que no advirtió ningún sistema de inteligencia es de un agente caído y otros más malheridos.
Fuentes de la FGE nos informan que recogieron más de 70 casquillos en el lugar del ataque, de diversos calibres y alcances.
Era, pues, una agresión premeditada en un sitio donde abundan, por desgracia, las acciones de la delincuencia organizada.
Poco qué decir de la eficiencia de sus sistemas de inteligencia y la utilidad de la estrategia basada en el sistema llamado “Plataforma centinela”, el cual tiene tan avanzada tecnología que permite prácticamente ver todo lo que hacen los delincuentes.
Ven todo, excepto que había hombres armados esperando a emboscar a agentes de la Policía Estatal.
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Este martes 1 de agosto, la Auditoría Superior del Estado “subió” a su portal web el Informe Anual de Avances 2023 respecto a las revisiones de cuentas a más de 100 organismos públicos, incluidos los tres poderes y, la verdad, no trae buenas noticias para cientos de funcionarios, tal vez miles.
El informe es, por llamarlo de una manera, un resumen de los trabajos realizados por ese órgano fiscalizador, dependiente del Congreso del Estado, en los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.
¡Si así está el resumen ¿cómo irán a quedar las auditorías?!
Para darnos una idea: en esos tres años, se hicieron 5 mil 605 observaciones, la mayoría de tipo administrativo, lo cual no quita gravedad al asunto, pues se trata de manejos erróneos—por decir lo mínimo—en el uso de los recursos públicos o de las atribuciones que tiene el servidor público.
Entre esas observaciones se incluyen 34 causas penales, la mayoría de las cuales se encuentran en manos de la Fiscalía Anticorrupción y otras tantas ante la Fiscalía General del Estado. Todas están en etapa de integración, según lo indica el informe.
De los tres años, dos corresponden por entero a la administración de Javier Corral y uno más, el 2021, de manera parcial entre este y la gobernadora Maru Campos, quien asumió el cargo el 4 de septiembre de ese año.
De esos tres, el año con más observaciones fue el 2019, tercero de la gestión corralista, con un total 1,928 observaciones derivado de la práctica de 170 auditorías,
En el 2020 fueron 1,840 y en el 2021 se llegó a la cantidad de 1,608.
El informe es apenas el inicio de lo que vendrá en fechas próximas, porque hay denuncias penales, causas administrativas y posibles sanciones ejemplares a funcionarias, funcionarios, exalcaldes y hasta a empleados de los poderes Legislativo y Judicial. Habrá que estar al pendiente.
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Un juez de control sentenció a 53 años de prisión a un ministro de culto de Ciudad Cuauhtémoc, por presunto abuso sexual en perjuicio de la persona que lo denunció ante la Fiscalía General del Estado.
El sentenciado, sin embargo, obtuvo el beneficio de la presunción de inocencia para que no se revelara su nombre e imagen, toda vez que recién presentó un recurso de apelación ante un tribunal colegiado contra el fallo del juez local, por lo que la causa sigue en curso.
Se trata de la causa penal número 307/21 en contra de [Esaú L.H.], de la Iglesia Anglicana Cristo Rey y los Santos Mártires de México, con sede en Ciudad Cuauhtémoc.
El caso se sigue bajo la NUC 17-221/144, juicio oral 2/22, según fuentes allegadas a la causa, que pidieron se reservara su identidad.
Desde noviembre del 2014 inició su trabajo pastoral como laico, pero recibió la ordenación a finales de la década pasada.
Según el portal de internet epicenter.org, su comunidad religiosa tiene aproximadamente 100 feligreses en la zona rural de Cuauhtémoc.
En caso de confirmarse el fallo del juez de control, sería la sentencia más larga para un ministro de culto en el estado de Chihuahua.
Sin embargo, el acusado aún está en uso de sus derechos y prosigue con su defensa ante un tribunal federal.