Al estado de Chihuahua se le juntó una auténtica “tormenta perfecta” en materia de recursos hidráulicos.

En un solo “viaje”, tiene qué juntar agua para abonarle al Tratado Internacional de Aguas con los Estados Unidos a más tardar en octubre del año próximo; tener suficiente líquido para un ciclo agrícola que ya se vislumbra desolador y, además, evitar que las presas del estado sufran el peor colapso desde que fueron construidas.

De acuerdo con el estudio sobre la situación de hidráulica del estado, que nos hicieron llegar amables y comunicativas fuentes de esta Doña, las 10 presas en el estado, registran en este 2024 el peor de los almacenamientos de su historia.

Por ejemplo, Boquilla, la más grande e importante, está al 36%, una miseria; la Francisco I. Madero, también conocida como “Las Vírgenes”, al 30.66%, y la Luis L. León o “El Granero”, al 94.46%.

Las tres son fundamentales para mantener a flote dos de los distritos agrícolas más importantes del noroeste de México: el 113, del “Alto Río Conchos” y el 005, Delicias.

Si bien El Granero está en condiciones favorables, con casi un 100% de su capacidad debidamente cubierta, no el alcanzaría para pagar todos en octubre del 2025 los 2,160 millones de metros cúbicos (mm3) que estipula el Tratado.

El mismo análisis nos indica que el agua de las presas es tan escasa, que de los 1,080 mm3, concesionados sólo se les proveerá para el ciclo primavera-verano, solo se entregará el 52% para regar los cultivos.

Y si a todo lo anterior le sumamos que estamos en año electoral, en el que candidatos de las dos fuerzas en pugna tomaron el tema del agua como bandera de campaña, la tormenta está completa, es perfecta y va a arrasar con todo.

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Y ya que hablamos de puras “buenas noticas” en materia de producción agrícola, desde el sector social del municipio nos llega un dato que le da con la mano del molcajete a todos los programas sociales, habidos y por haber, de cuanto gobierno se le venga en mente.

Resulta que en el estado de Chihuahua hay 370 mil personas situadas en lo que se conoce como “pobreza alimentaria”.

Esto es: que se pasan el día entero sin comer, o con un solo alimento a lo largo de esas 24 horas, para el ayunante, deben parecer años.

Estamos hablando de casi el 10 por ciento de la población de la entidad, que supera los 3 millones 700 mil habitantes, según el Censo 2020 del INEGI.

El detalle que llama la atención es que esos rangos de miseria no llegan nada más de la zona serrana o de los secos desiertos del noreste de la entidad. Ni mucho menos.

Las grandes franjas de pobreza están en los dos municipios más poblados del estado: Chihuahua y Ciudad Juárez.

En la capital, se estima que hay 23 polígonos de pobreza, donde habitan personas que no tienen lo suficiente para hacer tres comidas al día—a veces, ni una sola—y cuyo nivel nutricional es similar al de países en extrema pobreza.

En Juárez, hay 140 mil personas en esa condición, lo cual representa cerca del 10% del total de la población de esa frontera.

Contrario a lo que se piensa, una gran parte de esas personas a las que no les alcanza para comer y darle alimento a su familia tienen una fuente de ingreso e, incluso, un empleo formal.

El problema es que la inflación registrada en los años post-pandemia ha encarecido hasta en un 70% el precio de algunos de los alimentos más buscados por la población chihuahuense y pues, así, no hay salario que alcance.

Si a eso le agregamos que se pierden aproximadamente 30 millones de toneladas de alimentos al año, en gran medida, por un mal manejo en el traslado desde el lugar de la cosecha y hasta los centros de almacenamiento, pues estamos arreglados.

Todo ese drama pasa frente a nuestros ojos pese a que los Gobiernos estatal y federal e incluso los municipales tienen programas asistenciales, cada uno con su nombre, a cuál más de rimbombante.

En Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Humano y bien Común tiene un presupuesto aprobado para el 2024 de 668.9 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas tiene otros 169.4 mdp.

Tanto dinero y no alcanza para encontrar el modo de evitar que la gente se pase el día sin comer.

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A partir del viernes pasado, Alejandro Hernández Cruz es ya, para todos los fines de ley, presidente de su municipio natal.

El dato cobra relevancia porque es uno de los primeros miembros de la comunidad rarámuri o tarahumara que llega a un cargo de esa relevancia.

El ahora alcalde de Guachochi estará a cargo de ese municipio al menos hasta el 3 de junio próximo, cuando el titular, José Yáñez, regrese de hacer campaña para reelegirse.

En los anales de la historia reciente del estado, han sido pocas las veces en las que un miembro de comunidades de pueblos originarios asume un gobierno civil electo por el voto popular.

Hernández Cruz estará al frente del gobierno de un municipio donde habitan 50 mil 180 personas, de la cuales 37 mil 596 son ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Listado Nominal de Electores.

Se trata del noveno municipio más poblado del estado y el que mayor cantidad de habitantes tiene entre los que están ubicados en la Sierra Madre Occidental o “Sierra Tarahumara”, como le decimos en Chihuahua.

En este 2024, ejercerá un presupuesto de 348 millones de pesos.

De ese tamaño es el encargo que tiene el nuevo alcalde, electo por el voto popular, en calidad de suplente, quien acudió a la sesión de cabildo donde se le tomó la protesta de ley vestido con la indumentaria propia de su comunidad.

Vivimos en un estado donde habitan 110 mil 498 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena, y otras 60 mil 918 que se identifican como afro mexicanos o afro chihuahuenses.

A estas alturas, ya debería haber más personas de esas comunidades en cargos de públicos de primera relevancia.

Es un hecho poco usual, aunque ya deberíamos acostumbrarnos.

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El Instituto Estatal Electoral dio a conocer que, hasta el 13 de abril pasado, habían recibido cinco solicitudes de renuncia de candidatos a puestos de elección popular.

De estos, cuatro son de Morena y que estaban postulados para el ayuntamiento de Batopilas, la tierra de Manuel Gómez Morín.

Ahí, el partido insigne de la 4T se quedó sin candidato a presidente municipal propietario, pero también sin suplente y sin dos de su planilla de regidores.

Blanca Olivia Fierro Corrales renunció a ser la abanderada del partido guinda en ese que es uno de los municipios más marginados del estado y, al igual que ella, la suplente, Loreto Guadalupe Osorio Valdez.

La renuncia es una de las seis causales por las que un partido o coalición puede cambiar de candidato o candidata en plena campaña.

Las otras son: muerte de la candidata; inhabilitación; incapacidad; inelegibilidad; cancelación de registro y la ya mencionada renuncia expresa de la candidatura.

Esas cinco son las únicas, pero nos comentan, no serán las únicas que se presenten de aquí al 1 de junio, cuando vence el plazo para hacer sustituciones.

Falta ver cuántos piden protección policial; cuántos de estos resisten la presión de los grupos delictivos o bien, cuántos deciden de plano retirarse porque nomás no hay condiciones para andar haciendo campaña en su municipio.

En los días próximos lo veremos. Por lo pronto, el PRI ya trae algunos candidatos “desentendidos” a los que no haya cómo sustituir.