El IMSS Chihuahua está estrenando titular. Este lunes tomó posesión del cargo de delegado el doctor Juan Carlos De la Fuente Zuno, quien ya había sido nombrado para el cargo desde el 26 de junio pasado.

La ceremonia tuvo lugar a media tarde, por lo que la carga pesada y la “grilla” de a mil le empezará a caer a partir de este martes, cuando empiecen a desfilar las quejas, los reportes, los golpeteos y, no faltaba más, los reclamos de usuarios y de patrones por la calidad del servicio médico.

Médico especialista en traumatología y ortopedia, De la Fuente tiene mucho trabajo por hacer para sanar los “huesos” de un organismo al cual cada vez se le exige más, aunque se le aporte menos.

Cálculos basados en el salario asociado que se paga en Chihuahua, que son 16 mil 107 pesos, por los más de 900 mil trabajadores afiliados al IMSS, darían una aportación mensual cercana a los 500 millones de pesos, sin contar la cuota patronal.

La cifra parece como un dineral, pero en realidad, es apenas lo justo para atender a más de 2 millones de derechohabientes distribuidos en todo el estado.

Buena carta de chamba le espera al traumatólogo, porque la institución, al igual que todo el sistema público de salud, quedó bastante “traumatizada” por la pandemia y el aumento de enfermedades crónico degenerativas.

¡Suerte!

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La Conagua sigue sin poder reparar sus sistemas de cómputo, después de que sufrieran un ataque cibernético el pasado 13 de abril.

Casi tres meses han pasado y la información referente al manejo de cuencas y mantos acuíferos del país sigue “abajo”, pues la misma dependencia no puede acceder a esos datos, debido al “hackeo” del que fue víctima en aquella ocasión.

Según la respuesta que dio a una solicitud de información formulada por Norte Digital, el ataque del 13 de abril produjo una “afectación en la infraestructura tecnológica”.

Esto a su vez causó que los equipos de cómputo y la información almacenada “se encontrará comprometida, por lo que desde esa fecha, no es posible ponerlos en funcionamiento”.

Tal fue la respuesta que dio a Norte a la solicitud sobre las concesiones para usufructo de agua concedidas en el estado de Chihuahua, bajo cualquiera de sus modalidades.

A la fecha, dice Conagua, no se ha podido ni copiar la información que contienen sus sistemas de cómputo.

Para evitar un daño mayor, el organismo rector del agua a nivel federal realizó “el aislamiento de las redes y servidores de este Órgano Administrativo Desconcentrado, es decir, existe para esta Unidad de Transparencia una imposibilidad material para atender su solicitud”.

Lástima que esa información esté en el “congelador” justo en este momento, cuando los usuarios y la comunidad en general quisieran saber qué se está haciendo con el agua del país y quién realmente tiene permiso para extraerla, ya sea del subsuelo de los mantos subterráneos.

Con razón no tenemos información sobre el almacenamiento de las presas con la que podríamos ver la situación de Chihuahua y Tamaulipas, los dos estados que se diputan el agua de la cuenca del río Conchos.

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¿Tiene la intención de abrir un negocio redituable, al que no se lo consuman los gastos operativos en sus primeros meses de operación, ni batalle por la afluencia, poca o mucha, de clientes o contratistas?

Ya no batalle: póngase las pilas y ármese un partido político, aunque sea de los locales, que bien se dejan.

Para que se den una idea: los partidos locales de reciente creación: México Republicano Chihuahua y Pueblo, recibirán del erario nada más y nada menos que un millón 938 mil 791.74 pesos cada uno. O sea, $3 millones 877 mil 583.48 entre los dos.

Son partidos cuya existencia avaló el IEE a partir de este año, pese a los recursos de inconformidad promovidos por Movimiento Ciudadano y el PRI, dos partidos que luchan a brazo partido por no volverse en los clásicos “bonsái” de la política.

Sin embargo, apenas la semana pasada, el Tribunal Estatal Electoral desechó los recursos de MC y PRI y le dio el Vo.Bo. a ambos partidos locales.

Y como así lo establece la Ley Electoral del Estado, ahora deberán repartirles al menos una pequeña parte de esa gigantesca bendición que son los recursos públicos destinados a organizaciones políticas.

Según el acuerdo del IEE, el dinero se les repartirá a razón de seis mensualidades de a $323 mil 132.00 al mes. De ahí deberán sacar para sus gastos de operación y actividades específicas.

De acuerdo con la ley en vigencia, deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en el proceso del 2024, o de lo contrario deberán retirarse por donde llegaron.

Así que ya lo sabe, ármese asambleas en al menos la mitad de distritos electorales, 22 en total, júntese el resto de los requisitos y éntrele al negocio, así sea por una sola elección, o en una de esas se coaliga con otro partido y le toca hasta una diputación “de refilón”.

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¡Ah qué caray! El PRIAN se hace que la virgen le habla con aquello de la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado para que las mujeres derechohabientes también puedan inscribir a sus respectivos esposos, pero ya lo habían aprobado hace casi 10 años.

Resulta que en aquellos tiempos del duartato, cuando los anuncios estrambóticos no costaban nada—bueno, sí que costaban—y era fácil decir que se haría tal o cual cosa, el IPC anunció que, con la reforma recién aprobada, los esposos de las trabajadoras al servicio del estado también serían derechohabientes.

Así lo dijo el entonces director del IPC, Marcelo González Tachiquín, el 16 de julio de 2014, en declaraciones al diario El Monitor de Parral: “Es una obligación constitucional pues en su artículo primero, párrafo quinto, dice que no habrá discriminación por razón de sexo, por lo que basados en ello y aunque Pensiones Civiles no está en su capacidad financiera para ingresar a todos los cónyuges, se ha diseñado un mecanismo para que no exista esposos sin servicio médico”.

Esa incapacidad financiera que reconoció el hoy exfuncionario (y exPPL) sigue en pie, tan viva con siempre, pero también sigue en vigor el artículo 1 de la Constitución que él refirió, donde se dice con toda claridad que nadie puede ser discriminado casi por ningún motivo, menos por razones de género o sexo.

Casi 10 años después, la actual legislatura, dominada por el PRIAN, sostiene que el IPC sigue sin dinero y, por lo tanto, las mujeres no podrán inscribir en el servicio médico de Pensiones a sus esposos.

¡Válgame Dios! Y pensar que esta legislatura le falta boca para vanagloriarse de que paridad de género y de que sólo ha tenido mujeres presidentas. ¿Y qué tal la justicia social para el resto de las trabajadoras al servicio del estado?