Ahora que andamos con la discusión sobre mandar o no agua a un estado vecino—que ni tan vecino, Tamaulipas está a más de mil kilómetros de distancia—que porque Chihuahua “tiene agua”, bien vale hacer un recuento de cómo andan nuestros paisanos chihuahuenses con eso del abasto de un recurso tan vital como ese que ahora nos pelean.

Nada más como ejemplo, van tres municipios que forman parte del Distrito 005 de riego, el foco de la discordia por ser ahí donde se encuentran dos de las tres presas: Boquilla y Las Vírgenes, que tienen “el agua que todos quieren”.

Ahí va: Carichí, en plena sierra de Chihuahua, tiene más 2 mil 230 habitantes, según el censo del INEGI, pero menos de la mitad de esa población cuenta con agua entubada en sus casas.

Para ser exactos, solo el 48.3 % de ellos la tiene, lo cual significa que mil 153 no corren con esa suerte.

Sigue la cuenta: Bocoyna, municipio turístico por excelencia, donde se encuentra el mágico pueblo de Creel, tiene 10 mil 345 habitantes no tienen ese recurso, aunque el colmo es Balleza, que solo ve pasar el río, pero apenas el 30% tiene agua en su casa.

Ahí, son 11 mil 656 los que no tienen ni dónde abrir la llave del agua.

Vale revisar estos números ahora que la clase política chihuahuense casi ha llegado a la declaratoria de guerra y se ha envuelto en la bandera del “agua de los chihuahuenses”.

A ver si a la otra que aprueben presupuestos se acuerdan de los que no tienen y no nada más de los que la usan para regar sus cultivos.

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Con aquello de que también aspira a entrarle a la campaña electoral el año próximo, el alcalde de Chihuahua, Marco “Marquito” Bonilla ya le entró a la guerra de los anuncios espectaculares en la que están tan enfrascados actores del PAN y Morena.

A partir de la semana pasada, los automovilistas de Chihuahua tienen “adornado” su recorrido rumbo al trabajo o de regreso a casa con la imagen de Marquito colocada en enormes carteleras publicitarias.

El transeúnte, el conductor o quien quiera que sea podrá preguntarse a qué viene esa campaña, si ni siquiera está en tiempos de rendir informe de gobierno, que será en octubre próximo.

La única explicación que queda es pensar que le entró a la guerra de las carteleras ahora que las ve llenas de activos políticos del PAN que andan querendones para ganarle la candidatura a la presidencia municipal.

Algo en su interior se ha de mover cuando ve las imágenes de Karla Yamileth Rivas o a Luis Aguilar ahí, prendidas de una cartelera gigante, a la vista de decenas, tal vez miles de paseantes en auto o a pie.

Se entiende que tenga ese suspiro por renovar su encargo, pues la ley se lo permite. Lo que no tiene es la facultad constitucional para usar los recursos públicos para difundir o promover su imagen.

Ya lo habíamos señalado en esta misma comunicativa columna: el 134 constitucional no deja para dónde hacerse: está prohibido que el funcionario aparezca en la publicidad gubernamental.

Aquí les dejamos el texto séptimo párrafo del artículo de marras: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

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Desde los lares del Instituto Chihuahuense de las Mujeres nos llegan versiones diversas sobre el conflicto interno que padece ese organismo de gobierno, que ha llevado a la actual titular, Neyra Regalado, supuestamente a presentar su renuncia.

La versión de todos conocida es la que dice cómo Neyra Regalado se granjeó el rechazo de parte del personal por supuestos malos tratos y violencia laboral, a grado tal que le llegaron a denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por ese motivo.

Quienes nos cuentan lo que pasa en aquella oficina ubicada en la calle 1 de Mayo, frente al templo de Santa Rita, nos confirman que, en efecto, Neyra la llevaba de mal a muy mal con la gente que entró al Ichimujer junto con la anterior titular, Margarita Blackaller, quien actualmente es diputada, en sustitución de Georgina Bujanda.

O sea, que el río sí que lleva agua y por eso suena, como dice el refrán popular.

La otra es que esas ofendidas también le hicieron la vida imposible a Neyra, en parte, por indicaciones de Blackaller, quien dejó el cargo para irse al Congreso pero no se ha resignado a soltar el control del Ichimujeres.

La ruptura entre ambos grupos: el de Neyra y el de Margarita, llegó a tal grado que derivó en denuncias contra la actual titular y la supuesta renuncia de ésta al cargo.

Lo que falta es ver cómo reaccionan las colectivas de mujeres que se habían acercado al instituto a últimas fechas, en gran medida, por instancias de Neyra, después de haber recibido desaires y “mugroseadas” de Margarita.

Esto, nos confirman, no terminará con la salida de una o la permanencia de la otra. Seguirá por largo tiempo, a menos que alguien logre conciliar a las partes.

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Si le hemos de creer al exgobernador Dee Jay, en Chihuahua se repitió la misma bochornosa historia, con casi seis años de diferencia e idénticas circunstancias, pero con una gravedad aún mayor.

Para hacer memoria: el 26 de septiembre de 2010 ocurrió un robo de armas para uso de la Policía Estatal que estaban resguardadas en las instalaciones del C4, sede de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal de aquel entonces.

Fueron, según la versión oficial, 70 armas de diverso calibre, aunque algunas de alto poder, reservadas para uso exclusivo del Ejército.

Derivado de ese atraco no hubo ningún herido, como tampoco detenidos y mucho menos procesados ante un juez. 

Nada más quedó el bochorno de que, en los mismos cuarteles de la dependencia encargada de prevenir el delito, se robaron sus armas y sin que nadie se diera cuenta.

Pues bien, el bochorno regresó, y al mismo lugar.

El exgobernador, ahora sujeto a proceso por presuntos actos de corrupción, declaró en entrevista radiofónica el pasado jueves 15 de junio que a su administración le robaron 200 fusiles C4.

Ese robo habría ocurrido en el año 2016, cuando estaba por terminar su período de gobierno. Dato curioso, el otro, el de las 70 armas, también sucedió a semanas de que terminara la gestión de José Reyes Baeza.

Duarte, al igual que su antecesor, tampoco procesó a nadie, pero no lo hizo por decisión propia, según la misma entrevista, en la que se dijo “arrepentido” de no haber actuado.

Esto significa que, de los cuarteles de la policía salieron 270 armas para uso exclusivo del Ejército pero que quedaron en manos de delincuentes. Luego nos preguntamos por qué sigue la violencia tan ramp