Desde el centro del poder político nacional nos llega la lista de reparto de candidaturas al Senado de la República a cada uno de los partidos que integran la alianza “Frente Amplio por México” y, la verdad, en Chihuahua, al PAN le fue de maravilla.

En el estado donde gobiernan a plenitud, con mayoría en el Congreso, Poder Ejecutivo y Presidencia en la capital, el blanquiazul tendrá las dos fórmulas para el Senado, con lo que quedaría zanjada la demanda del PRI local, que quería una de esas posiciones.

La lista a la que esta doña tuvo acceso incluye a 30 de los 32 estados de la República, donde solo quedarían por definir Guanajuato y Oaxaca.

A falta de esas dos entidades, el PAN tiene 13 primeras fórmulas, es decir, senadurías prácticamente ganadas; el PRI 14 y el PRD 3.

En Chihuahua, al igual que en Aguascalientes y Querétaro, el blanquiazul tendrá las dos fórmulas, en espera de la definición de Guanajuato, donde es del todo probable que el partido gobernante en esa entidad también reciba las dos postulaciones.

Con esa definición, quedaría descartado el intento del exgobernador José Reyes Baeza por contender por un escaño al Senado de la República, posición que había pedido la dirigencia local del PRI.

Sin embargo, el tricolor se quedará viendo nada más en un estado donde tiene pocas posibilidades de competir contra su aliado y cuyo aspirante principal, el exgobernador deliciense, ya perdió esa contienda en el proceso federal del 2018.

Por otra parte, Acción Nacional iría en segundas en nueve entidades, incluidas las tres ya mencionadas donde también se quedan con la primera.

Por lo que hace al PRI, tendrá las dos fórmulas en solo dos estados: Coahuila y Campeche, lo que llama la atención, pues dejará la primera al PAN en Durango, pese a que ocupa la gubernatura del estado.

El PRD iría “primis” en Chiapas, Michoacán y Tabasco, donde puede amarrar al menos el segundo lugar de la votación.

Mientras, en Chihuahua, en el medio prianista ya se da por sentado que la ex “pareja ideal”, Daniela Álvarez y Mario Vázquez Robles quedarán como candidatos. Solo falta definir quién va en la primera y quién en la segunda fórmula.

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Cercanos al único exgobernador de Chihuahua hospedado en el Cereso 1 nos comentan que la ansiada libertad bajo caución no llegará en breve, ni con el argumento del deterioro de su salud, que tanto ha enarbolado su frente de defensa.

Del sueño aquel, de salir libre mediante amparo en la misma tarde de aquel 5 de mayo de 2023, cuando la audiencia ante la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas estaba en receso, ya no queda ni la modorra.

Menos aún, lo de salir de su celda y quedarse en libertad bajo caución domiciliaria, por tratarse de una Persona Privada de su Libertad de “bajo riesgo”.

La intención, de dejar el “enrejado” antes de diciembre quedará en eso, porque ya vieron que no hay “timing” político para que le den su libertad, en cualquiera de sus modalidades.

Nos comentan que, en vista de los resultados obtenidos hasta ahora por su defensa, no queda de otra más que esperar a que pase el 2 de junio y comenzar a tratar el tema en otro escenario y con distintos actores políticos.

Para ese entonces, ya sabremos quién gobernará al país durante los próximos seis años, y cómo quedará plantada la administración estatal, si es que el partido actualmente en el poder logra retener la mayoría en el Congreso y ganar las senadurías.

“Cambio de baraja”, pues, porque con los actuantes actuales ya no se pudo.

El avezado político, desesperado por salir, ya sabe a estas horas que su caso tiene sí una carga jurídica y penal bastante fuerte, pero también tiene su ingrediente político y electorero del que no se puede librar.

De aquí a ese domingo 2 de junio pueden pasar muchas cosas, pero difícilmente ocurrirá lo que pretende el ballezano y sus simpatizantes: salir de San Guillermo, absuelto o condicionado.

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Desde el frente morenista nos llegaron las quejas hacia las coordinaciones de Protección Civil, tanto del estado como del municipio, por lo que llaman “doble vara” para medir los riesgos y tomar la decisión de clausurar locales donde se celebran actos políticos.

Por ejemplo, nos dicen, el acto celebrado en el Salón Sunion, en la capital del estado, el pasado 24 de septiembre, donde Cruz Pérez Cuéllar tuvo un auténtico “sold out”, en un desayuno-mitin para concretar su estructura electoral paralela de Morena llamada “Frente 4T”.

Ahí, llegó Protección Civil con toda la artillería y obligó al cierre del lugar para evitar que entrara más gente de la que cabía en el salón. No le faltaba razón a los “protectores civiles”, pero hace mucho que debieron actuar contra los dueños de ese local por sus escasísimas medidas de seguridad, pero tuvieron que esperar a que hubiera un acto de Morena para cerrar el paso a los asistentes.

Luego, el comentadísimo caso de la clausura del museo “Sebastián”, ubicado en el mero centro de la ciudad, tres horas antes de que se celebrara un acto público de la diputada federal morenista Andrea Chávez.

En ese caso, Protección Civil del Municipio argumentó que el cierre se hizo por motivos “de seguridad”, que porque no había extintores en el lugar. Entrados en el tema ¿podrían decirnos dónde están los extintores de otros lugares públicos?

Como era de esperarse, la legisladora, aspirante al Senado de la República, denunció el hecho como un acto de represalia política y refirió que el Municipio, gobernado por el PAN, medía con doble racero los temas de seguridad y protección civil.

“Nunca usaremos a Protección Civil para perseguir políticamente a un opositor”, dijo la política juarense, en el discurso con el que anunció su aspiración a ocupar un escaño en la Cámara Alta.

Y desde otro frente, el del espectáculo, nos llegaron quejas similares. Un grupo de teatro que se opuso con toda energía al financiamiento público de la “Golondrina y su príncipe”, mediante una inversión de 34 millones de pesos de recursos públicos, también sufrió ese mismo trato.

Nos cuentan que ahí, el motivo que argumentó Protección Civil es que el local no contaba con baños para discapacitados.

A ver, por favor, hagamos una lista de los bares, restaurantes y hoteles que no tienen ese tipo de instalaciones. Si nos ponemos a clausurarlos, se le acabará el rollo de listón amarillo a Protección Civil antes de terminar.

Toda esta manifestación de enojo vino porque en algunos medios y en redes sociales circuló la versión de que el palenque de gallos de la feria de Santa Rita—el llamado “Poliforum Chihuahua”—tuvo una asistencia de más de 10 mil personas.

Si fue así, superó en casi un 60% el aforo que tiene el local, que es de 6 mil 500 personas, según datos oficiales.

Para cualquier otro evento, el lugar debió haber sufrido la misma suerte que los otros, pero no fue así y eso es lo que tiene molestos a los Morenos y público que los acompaña.

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En el Poder Judicial del Estado y el mundillo abogadil que le acompaña, las cosas se están poniendo color cerillo encendido por la forma como se ha manejado el reparto de las salas vacantes con las que se completaría el pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Quienes critican al presidente AMLO—con toda razón—por proponer a la hermana de la secretaria de Gobernación para ministra de la Corte, deberían echarle un ojo a lo que está pasando en Chihuahua, porque es un auténtico amasijo de reparto de posiciones partidistas lo que andan haciendo por acá.

Para darnos una idea del enojo que campea en el medio de los juristas: entre los aspirantes están exdiputados locales, exdirigentes partidistas y posiciones claramente concedidas a partidos afines que luego, como la Aventurera, “venden caro su amor”.

El caso que más ampollas ha reventado es el de María Ávila Serna, exdiputada local y exdirigente del Partido Verde Ecologista de México, quien estuvo bajo proceso penal, acusada de haber recibido 3 millones 857 mil pesos de la llamada “Nómina secreta” del gobierno de César Duarte.

El currículum laboral de la aspirante a ocupar la Segunda Sala Penal Juárez es de corte político: fue diputada federal, dos veces diputada local, dirigente del PVEM y delegada del partido Movimiento Ciudadano, que ha sido leal aliado del PRIAN-PRD en el estado.

En otro caso no tan distinto, el exdirigente del PRI Municipal de Chihuahua y también exlegislador en tiempos de César Duarte, Fernando Mendoza Ríos, está apuntado para la Octava Sala Civil en Chihuahua.

En favor del todavía priista obra el hecho de que al menos tiene experiencia en el Poder Judicial, pues actualmente es secretario general del Tribunal Superior de Justicia. Al menos sabe dónde está el elevador de la disfuncional “Ciudad Judicial”.

En cuanto al reparto por partidos, se da por sentado que Julio César Merino, quien llegó a magistrado del Tribunal Estatal Electoral por el impulso de Lily Aguilar, va para la Sala Civil y Familiar Parral. ¡Ahora entendemos por qué el PT vota todo en favor del PRIAN en el Congreso de Chihuahua!

Para los “juaritos”, el hecho de que un “chihuahuita” vaya para la Cuarta Sala Penal en Juárez sí que cala, y hondo.

Ahí está encarrilado José Caín Lara Dávila, a propuesta del magistrado Luis Villegas Montes. Mucha experiencia en el tema judicial, pero no en el ramo penal, le reclaman, pero, sobre todo, el hecho de ser un arraigado habitante de la ciudad capital, algo que no debe agradar mucho a los juarenses.

Por otra parte, se prevé que Karla Esmeralda Reyes sea ratificada de la Primera Sala Familiar, cargo que ostenta en calidad de provisional. Cabe mencionar que, anteriormente, contendió por el cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente quedó en manos de la “innombrable” Gema Chávez.

El damnificado de todo esto es el “Mirrey” Rubén Aguilar Jiménez Gil, actual director del Instituto de Justicia Alternativa, hijo del dueño del PT, Rubén Aguilar Jiménez, que ni por ser “hijo de mi apá” ni “hermano de mi hermana”, la diputada Lily Aguilar, alcanzó el rango de magistrado.

Así se están poniendo las cosas en este TSJ que cada vez se parece más a los órganos electorales, esos que se conforman con cuotas de partido.