La Dirección de Gobernación del Estado salió “de cacería” a buscar establecimientos dedicados a la venta de bebidas con contenido alcohólico, para ver si todo está en orden o los pone en cintura antes de que inicie la temporada decembrina.

¡Vaya relajo el que se encontró!: Mil 935 clausuras entre las zonas centro y norte, es decir, la capital y toda su área de influencia, y Ciudad Juárez.

Una cantidad bárbara si tomamos en cuenta que la legislación en materia y de alcoholes en el estado y las reglamentaciones municipales son de sobra conocidas como para que el restaurantero, el dueño del bar o el del expendio no las ponga en práctica.

En el centro, o sea, en Chiwas, la causa más frecuente para cerrar el negocio y ponerle sellos de clausura en las puertas fue el de no contar con licencia de uso.

¿A quién se le ocurre vender bebidas alcohólicas sin antes haber tramitado el permiso? Pues bueno, a 490, y eso, los que fueron encontrados “en flagrancia”.

Y, por si fuera poco, en Juárez fueron otros 236 que no tenían la documentación en regla o por lo menos a la mano. ¡Bueno! Ni cómo ayudarles.

Otros 122 no tenían la debida autorización de uso de suelo ¿pues que no fueron al Municipio a tramitar su permiso?; 94 tenían promoción de bebidas—las famosas “horas felices”—que están proscritas en la ley desde hace tiempo.

Un dato más, que vale la pena enfatizarlo justo en este noviembre, porque de seguro se va a disparar en el último mes del año: los cierres por operar fuera del horario reglamentario.
Fueron 54 los negocios que estaban sirviendo la copa o destapando la botella de cerveza cuando ya había vencido el horario marcado en la ley.

Si bien es una función propia de la autoridad estatal, revisar y mantener en regla a esos establecimientos que son altos generadores de empleo y de derrama económica turística, también suelen producir costos sociales, como la basura, la violencia callejera y los accidentes de tráfico donde está involucrada la ingesta de alcohol.

Por eso, no está de más el dato de los 17 negocios cerrados a causa de hechos de sangre.

Así que más vale darle una “peinada” al giro y llegar a diciembre con las cosas en orden, antes de que la alegría navideña lo saque del guacal.

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Rafael Espino de la Peña dijo que va por la reelección al Senado de la República y que, incluso, ya se “ya se apuntó”. La pregunta socarrona es ¿por qué partido o frente político? Porque cada vez parece menos morenista y más cercano a las posturas del sector empresarial, ya no digamos del Frente Amplio por México.

Ayer, en conferencia de prensa celebrada en el local de la Canaco, acompañado de la dirigencia del Consejo Nacional Agropecuario, dijo que va en busca del escaño por el partido que lo llevó hasta ese cargo: Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

Nada de extraño habría, de no ser porque, minutos antes, calificó de “demagógica” la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral, de 48 a 40 horas a la semana, uno de los proyectos “estrella” del morenismo instalado en el Poder Legislativo.

El proyecto “está mal hecho”, dijo, porque no toma en cuenta que más de la mitad de los empleadores son micro y pequeños negocios, y también la mitad de esos son economía informal. Entonces, si se les obliga a contratar a más gente para cubrir el día extra de descanso, los van a llevar a la ruina.

Eso dijo, y si fuera candidato del PAN—o del priismo en tiempos de Ernesto Zedillo—va, pero ¿por Morena?

Uno no se explica cómo le haría para ir a hacer campaña si las fórmulas al Senado de la República por el frente de la 4T la integraran Susana Prieto, impulsora de la reforma de marras, y Rafa Espino.

Imaginemos que ambos están en un mitin de cierre de campaña y de pronto se ponen ahí a discutir, delante del “respetable”, y a acusarse mutuamente de “demagogia” o de “legislar a espaldas del pueblo”.

Espino es uno de los pocos interlocutores que tiene el morenismo chihuahuense con un sector empresarial local que es sumamente conservador, identificado con el PRIAN, a grado tal de organizar las conferencias de prensa de sus activistas en el local de la Coparmex.

Darle con la puerta en la cara podría significar el cierre de una de las pocas líneas de comunicación con ese grupo de poder que tanto influye en la designación de candidaturas y definición de elecciones.

Pero bueno, bien dicen que el que avisa no traiciona y el chihuahuense morenista ya la cantó: no le agradan las propuestas del presidente para la Suprema Corte de Justicia; va a votar en contra de la reforma de las 40 horas y ya le tronó los dedos al ministro Zaldívar para que se fuera del Poder Judicial.

Con esas posturas, uno se imagina que AMLO ha de estar “bien contento” con él.

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Los productores agrícolas, frutícolas y ganaderos de Chihuahua que se reúnen en el Consejo Nacional Agropecuario lanzaron un grito de auxilio porque, afirman, estamos ante la peor sequía de los últimos 30 años.

Si es así, quiere decir que estamos peor que en aquellos años noventa, cuando la falta de lluvia “mató” a más de un millón de cabezas de ganado y provocó grandes oleadas migratorias del campo a la ciudad, algo de lo que todavía no se repone el área rural del estado ni acaban de asimilar los centros urbanos que recibieron a esos campesinos agobiados por la falta de agua.

Piden, y con toda razón, que el Gobierno Federal les apoye con la declaratoria de emergencia, lo cual les ayudaría a cobrar aseguranzas y a recibir ayudas, sobre todo, para la región temporalera, que siempre es la más afectada en estas condiciones climáticas.

Sin embargo, a ese sector le falta hacer un análisis muy serio y autocrítico sobre la forma como están manejando el agua, la poca agua que tiene el estado.

Nada más hay que recordar que, a estas alturas del año pasado, siete de las 10 presas del estado se encontraban llenas e incluso derramaban, y que la más grande de todas: la Boquilla, andaba por encima del 80% de su capacidad.

¿En qué nos gastamos esa agua y la que se encuentra en los manos freáticos del estado? La crítica hacia ese sector mantiene la misma constante: se les va en regar cultivos muy “sedientos”, como las huertas nogaleras, el algodón, el chile o la cebolla.

Como si viviéramos en Tabasco o Veracruz, donde cae más lluvia que en todo el norte de México.

Falta todavía que el Gobierno Federal cumpla la “amenaza” de venir a cerrar pozos clandestinos y a poner orden en la operación de los pozos y las presas. Mucho anuncio y poca acción. Si ya identificaron a los acaparadores ¿por qué no han actuado?

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Otro portazo del gobierno 4T al Congreso de Chihuahua. Ahora fue la rotunda negativa a abrir la información sobre los trágicos sucesos del 27 de marzo de este año, donde el incendio ocurrido en una estación migratoria del INM causó la muerte de más de 40 personas.

Después de aprobar el punto de acuerdo correspondiente, el Legislativo de Chihuahua solicitó, mediante el oficio No. INM/SCJ/9237/2023, que se haga público el video relativo a aquel siniestro, lo cual ayudaría a esclarecer los sucesos y, en su caso, a deslindar responsabilidades.

Sin embargo, el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, receptor de la petición, le pegó duro a la bola y los bateó de jonrón, prácticamente.

En su respuesta, les mandó decir a las y los diputados chihuahuenses que no abrirán el caso, que el video del incendio seguirá como material reservado y pues, prácticamente, que le hagan como quieran.

Según el funcionario, la Fiscalía General de la República, donde despacha el “súper veloz” Alejandro Gertz Manero, es la que no nos quiere mostrar las terribles imágenes donde se puede apreciar el lugar y momento preciso donde inició el fuego.

Esto, según dijo, porque en se podría apreciar a las víctimas las cuales tienen identidad reservada, así como la participación de los posibles imputados.