Ese peine necio que no deja de salir. ¿Se acuerdan que el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, se quejó de que la reforma constitucional estaba en el olvido, prácticamente metida en el congelador desde que se fue Mario Vázquez de la coordinación del PAN?

Pues bien, ahora nos enteramos que la “pedrada” no era precisamente para José Alfredo Chávez, el sucesor de Vázquez Robles en el timó de la bancada panista, sino para el “otro” grupo, ese que casi ni aparece pero que bien que da su lata.

Sí, así es, es el Revolucionario Institucional, así de reducido como se ve, el que tiene parado el procedimiento, porque quiere meter una serie de figuras que no acaban de convencer a nadie, mucho menos al Palacio de Gobierno.

Los tricolores quieren que el texto constitucional del estado tenga dos figuras que no le gustan ni al PAN, partido gobernante, ni a Morena, que aspira a serlo: la del “gobierno de coalición” y la de la segunda vuelta.

La del gobierno de coalición ya ha salido a relucir en los alegatos del dirigente estatal priista, Alejandro Domínguez, cuando presenta las condiciones para continuar con la alianza electoral del 2024.

Lo de la segunda vuelta tiene otra motivación: el PRI se sabe primera fuerza en unos 25 municipios, pero cree que puede remontar la cuesta en otros 15, donde queda en un cerrado segundo o tercer lugar.

Si se van a una segunda vuelta con solo dos candidaturas, pueden voltear el resultado, o al menos eso es lo que suponen.

El problema es que PAN y Morena—por extraño que parezca—ya habían avanzado en varios acuerdos y tenían otros completamente atorados en los que de plano ya no iban a caminar.

Ahora el reclamo de los morenistas es del por qué echan todo para atrás, solo porque un partido minoritario como el PRI no la quiere votar.

La pregunta se contesta sola: porque, sin los votos del PRI, el PAN no completa los 22 votos de mayoría calificada y, de ser así, quedaría a merced de Morena. Y eso, ni en sueños.

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Morena cerró la puerta a las “operaciones cicatriz” al estilo del viejo PRI, donde los cargos en juego servían para “contentar” al precandidato perdedor.

Acá, en el partido guinda, ha quedado en claro que, quien se registre para una precandidatura, ya no podrá contender por otra. O sea, que, si va por la senaduría y la pierde, nada de buscar una diputación federal.

Eso quedó bien claro, establecido con todas las letras, en el numeral VII del Artículo Cuarto de la convocatoria a candidaturas al Senado de la República: “No podrán inscribirse para distintos cargos de elección popular dentro de las convocatorias de selección interna de candidaturas para el proceso electoral federal 2023- 2024”.

Es decir, que todas las personas que ya se apuntaron para la contienda por el escaño en la Cámara Alta prácticamente renunciaron a una diputación federal… pero no local.

Es ahí donde, por ejemplo, Adriana Terrazas y Rosana Díaz, tienen modo de pelear por esa nominación y seguir elegibles para su reelección como diputadas locales, porque la prohibición está expresamente señalada para otras postulaciones federales.

Casos muy distintos son los de Andrea Chávez y Susana Prieto, quienes bien pudieron buscar su reelección como diputadas federales, pero quemaron sus carabelas y se lanzaron por la senaduría. ¡Aventadas que son!

En cuanto a los cargos de elección para el proceso local, la convocatoria apareció este 8 de noviembre y viene exactamente con el mismo candado: o vas por la Presidencia Municipal, por la Regiduría, la Sindicatura o la Diputación. Si la pierdes, sales de la competencia.

¡Una especie de “Juego del Calamar” al estilo 4T!

Los registros para aspirantes de Chihuahua se harán entre los días 20 al 23 de noviembre, y serán publicados el 3 de enero del año próximo. Así que ya lo saben, sobre aviso no hay engaño: o melón o sandía: diputación o alcaldía; regiduría o sindicatura. No hay de otra.

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Como es sabido ya por toda la afición al deporte, e incluso por los que no le saben al tema, pero le entran duro a la grilla, México tuvo una memorable e histórica participación en los Juegos Panamericanos celebrados en Santiago hace una semana.

Con 142 medallas ganadas, de las cuales 52 fueron de oro, la delegación tricolor se ubicó en el tercer lugar de la tabla, por encima de una potencia deportiva, como lo es Canadá, y lejos de aquella máquina que llegó a ser Cuba.

Ovación de pie para todas y todos ellos, y en particular para los estados de Nuevo León y Jalisco, de donde salieron la mayoría de los atletas con preseas doradas para la delegación mexicana.

¿Y qué pasó con el deporte chihuahuense? Poco, la verdad: seis medallas, y de ellas, solo tres fueron de oro. Tamara Vega, oro en relevo mixto en Pentatlón Moderno; Blanca Melissa Rodríguez, en natación, relevo 4×100 combinado femenil y Rodrigo Montoya y Javier Mar, en dobles del Ráquetbol.

Además, Andrés Olivas quedó tercero, con la medalla de bronce en los 20 kilómetros de caminata; Paola Rivera, que formó parte del equipo de Voleibol de Sala que ganó bronce; Bryan González, integrante del equipo de futbol que se subió al podio en tercer lugar y Carlos Rubén Navarro, mismo sitio, pero en Tae kwon do Team.

Bravo por ellos, pero la cosecha es pobre si se compara con todo el recurso que se le destina al deporte de parte del sector oficial.

Nada más en el presupuesto del Gobierno del Estado se contemplaron 94 millones 442.6 millones de pesos para fomentar la práctica del deporte y la cultura física. Y todavía falta agregar lo que gastaron las universidades públicas y los ayuntamientos.

Mucho ruido y pocas nueces, pues, al menos para Chihuahua. Y un aplauso, de antemano para las y los que consiguieron su boleto a los juegos olímpicos de París 2024. A ver si les dan más apoyo para prepararse y pelear por los primeros lugares.

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A los de la Comisión Especial para elegir a las o los tres consejeros del Ichitaip se les juntó la chamba con tanto aspirante a ocupar uno de esos envidiables cargos de a 110 mil pesos al mes, por mencionar lo de nómina, nada más.

Son 60 aspirantes, al corte de este 8 de noviembre, las y los que se habían anotado para esa dura competencia de donde solo surgirán tres agraciadas o agraciados.

Y bueno, la verdad, en esa larga lista hay personas que seguramente reúnen los requisitos y con toda legitimidad aspiran a ocupar un cargo el máximo órgano garante de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.

Sin embargo, la parte gruesa de la galería parece más un listado de precandidatos a cargos de elección popular por el PRI o por el PAN, o por el amasijo partidista que han formado junto con el PRD.

Ahí están, por ejemplo, Liz Aguilera, exdiputada local por el PRI, y secretaria de la Función Pública durante el gobierno de César Duarte; Edgar Olivas Mariñelarena, exregidor del Ayuntamiento de Chihuahua por el PAN; Sergio Facio, exsecretario general interino de la UACH y cercano operador de Mario Trevizo cuando éste fue consejero jurídico del gobierno duartista.

También abundan las y los que ya tienen chamba en el Ichitaip o son encargados de áreas de transparencia de diversas instancias gubernamentales, o los que, de plano, no se saben otra forma de trabajar más que en la burocracia dorada, porque acaban de ser consejeros, magistrados o cargos parecidos en organismos autónomos.

Los o las tres que ganen el cargo tendrán una tarea bastante fácil de lograr: hacerlo mejor que los que se van, porque nada más no quebraron un buñuelo a sentones, pues acumulan más de 10 mil asuntos pendientes de resolver.