La elección de la nueva mesa directiva del Congreso del Estado, la que habrá de conducir los trabajos en el último año de la actual Legislatura, se comenzó a batir desde hace semanas y parece haber llegado a un punto muerto.

Y todo porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo no deja en claro si la tercera fuerza política debe ocupar la Presidencia en alguno de los tres períodos en que se dividen los trabajos de las Legislaturas del Congreso local.

Si así fuera, no habría más punto que discutir y ese encargo le correspondería al grupo parlamentario del PRI, que tiene cinco integrantes.

Si así fuera, la única cuestión pendiente sería quién, del grupo priista, se postulará para el cargo, pues dos de sus integrantes han manifestado públicamente su deseo de ocuparlo.

Si así fuera… pero no lo es. Está sujeto a una interpretación que el PAN, grupo mayoritario, puede direccionar, para volver a posesionarse de la silla más alta del pleno parlamentario.

Tan rebotada está el agua, como dicen en el rancho, que aún no hay fecha para la reunión de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, y tampoco se ven señales de acuerdo para la elección de la mesa directiva.

El tiempo corre y lo hace rápido, porque antes del 31 de agosto debe estar debidamente integrada la dirigencia del Congreso para que inicie trabajos de Período Ordinario a partir del 1 de septiembre.

Para entonces el proceso electoral estará a otra temperatura y de otro color, de uno más subido de tono, así que quién sabe si eso afecte al cumplimiento de acuerdos. Quién sabe, al fin que, en política, ya hemos visto de todo.

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Del rechazo a los nuevos libros de texto se ha pasado ahora a la preocupación, porque, a menos de un mes del regreso a clases, no se sabe con qué van a estudiar los más de 600 mil niñas y niños que cursan alguno de los seis grados de primaria y la secundaria.

Porque una cosa fue ponerse en contra de las nuevas ediciones elaboradas por la SEP, que tanta controversia han levantado, y otra es regresar a los alumnos a las aulas sin materiales didácticos.

Son más de cuatro millones de ejemplares de libros de texto los que se iban a distribuir en el estado de Chihuahua para el ciclo 2023-2024.

Sin embargo, como es bien sabido, el Gobierno del Estado ordenó la suspensión del reparto ante la controversia generada por el contenido educativo, particularmente en materias como la educación sexual y la supuesta orientación ideológica en favor del marxismo.

Si bien la decisión de la gobernadora Maru Campos recibió la aprobación de amplios sectores de la sociedad chihuahuense, también es cierto que no hay una solución a la mano para suplantar esos materiales y hacer unos propios, y menos a 20 días de la apertura de las aulas.

Hasta ahora, la preocupación cunde en las redes sociales, pero pronto se extenderá entre el personal docente y probablemente entre las dirigencias sindicales.

Porque, no sin razón, dirán que no se les puede exigir a los docentes una educación de calidad si no tienen libros de texto en los pupitres.

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Hasta la pantalla de esta metiche computadora, que le sirve a esta no menos entrometida doña, nos llegó la queja de que empleados de instancias de gobierno han recibido presiones para que apoyen la pre-pre-pre campaña del Frente por México, que como todos saben, lo integran los partidos PAN, PRI y PRD.

Les piden, nos informan, que se registren en el movimiento, y ¿cómo no? Que aporten sus datos personales. No conformes, les solicitan que “acarreen” a sus familiares al movimiento que busca sacar a Morena del Palacio Nacional.

Las versiones que recibimos nos indican que personas que trabajan en el Congreso del Estado recibieron la instrucción de presentarse en diferentes puntos de la ciudad para que se apunten como testigos y registrarse como simpatizantes del movimiento.

Estas actividades culminarán el próximo 21 de agosto o hasta que se cumplan las firmas requeridas para obtener el registro ante las instancias electorales.

A algunas personas se les solicitó registrar a sus familiares e incluso, se habla de que les pidieron hasta cien registros como simpatizantes del grupo político. 

Las versiones a la mano nos comentan que se reportó que el registro es a través de una app especial para tener control de quién está aportando las firmas.

Por lo visto este tema de la recolección de firmas va a levantar ampollas. Ya vimos que la mismísima precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, se dijo “extrañada” por la rapidez con la que algunos recolectaron la friolera de 150 mil firmas.

Aquí en Chihuahua, si el desairado módulo que colocaron en la calle Victoria es un indicador, no se ve cómo junten para una candidatura a sociedad de alumnos, menos para una presidencial.

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No hubo de otra más que entrarle a la moda “vintage” y atender a la gente a la antigüita, con expedientes de papel en mano y entrega de medicamentos con recetas en manuscrito.

Así anda Pensiones Civiles del Estado desde el lunes 31 de julio, cuando amanecieron con un ataque cibernético que echó por tierra sus sistemas informáticos, que incluyen los que sirven para programar la atención al público.

De modo que, para no interrumpir el servicio y la atención a pacientes, regresaron al modelo de antes de los 90s, cuando se buscaban los expedientes impresos en papel y se programaban las citas “cara a cara”, no como en fechas recientes, cuando se podían concertar vía telefónica o incluso por internet.

De todo esto, lo bueno es que las máquinas no detuvieron la marcha de una institución dedicada a prestar servicios de salud y, aunque camina con lentitud y se le amontonan los usuarios, no ha dejado de atender ni de surtir medicinas.

Bien por ellos.

Por otra parte, nos comentan que ya se trabaja en el diseño de un sistema interno, independiente al que está actualmente “en el suelo” por el ataque de hackers, para agilizar el servicio de citas, laboratorio y farmacia.

Ahí la llevan, porque la reparación del sistema VIWare no va para mañana, ni mucho menos.