Severa guantada en el estómago la que se llevó el llevado y traído modelo de seguridad pública “Centinela” que aplicó la administración municipal de Chihuahua en los períodos anteriores y que nos los ponían como lo nuncavisto y lo nonplusultra para que se le quite lo malandro a los malandros.

Pero los números son a prueba de Pinocho y no mienten: la bien respetada organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., se encargó de poner a cada quién en su lugar.

Por lo pronto, a Chihuahua, sede de la famosa “Plataforma Escudo Chihuahua” la puso en el lugar 30 entre las ciudades más violentas del mundo. Sí, como se lee, del mundo mundial, no del país. Ahí, en el tablero nacional, se fue al lugar 13º, igual de vergonzante que el otro.

Las cifras del organismo que preside el abogado José Antonio Ortega se encargaron de hacer lo que cien discursos de los morenistas no han logrado: demostrar la ineficacia del modelo y dejar en claro que Chihuahua era, es y, probablemente, seguirá siendo una ciudad violenta e insegura.

Vamos a ver los números: De las 150 ciudades con más asesinatos por cada 100 mil habitantes, esta capital se ubicó, como ya lo decíamos, en el lugar 30 a nivel mundial, esto en el 2022, cuando el alcalde Marco Bonilla se aventó su primer año completo en el cargo. 

Fueron nada más y nada menos que 414 personas fallecidas por causas violentas durante el 2022, lo que dio una tasa por 100 mil habitantes de 43.84.

Lo peor del caso es que en el año anterior quedaron casi iguales: 409 homicidios, 43.43 de taza y el mismo lugar 30 a nivel mundial. Todo eso ocurrió cuando ya estaba en aplicación el Escudo mentado.

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La Fiscalía General del Estado está buscando cubrir uno de sus grandes boquetes judiciales por donde se le pueden escapar no sólo asuntos de la más alta prioridad para el gobierno, sino también, los que le causan los peores chascos exhibidas ante la opinión pública y hasta la comunidad internacional.

Nos cuentan allegados a la oficina del fiscal general que corre tiempo para certificar a agencias locales e incluso a la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de la aplicación del llamado Protocolo de Estambul.

¿Y eso con qué se come? Casi nada: es el procedimiento que se aplica para determinar si una persona detenida fue víctima de abusos por parte de la autoridad y si sufrió algún tipo de tortura antes, durante y después de su aprehensión.

El apuro corre después del papelón que están haciendo ante la opinión pública por la certificación de a tres pesos, casi genérica, que le dieron al Protocolo de Estambul con el que el acusador del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A.

Eso de pagar 600 mil del águila por un certificado que no pasaría ni copiando en otras instancias dejó la lección de que mejor es tener a certificadores debidamente calificados en la casa propia.

En una de esas y el protocolo “Totito” que le dieron al acusador se viene cayendo y, con ella, la causa penal contra el fiscal que metió a la cárcel a los exduartistas de todo tono político. 

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A la 67ª Legislatura del Congreso del Estado le gusta pasar por políticamente correcta y aprobar cuanto punto de acuerdo se presente a votación si tiene el tinte de ser “inclusivo” y “respetuoso de las culturas originales”.

Ayer le organizaron su Sesión Solemne a las Lenguas Maternas por ser su día internacional, pero nada más no llenaron el cupo.

Como quien dice, se quedaron sin festejar al niño y niña del cumpleaños, ¡madre mía!

De los 33 integrantes de la legislatura, faltaron seis al salón de sesiones. Cinco de las bancas estuvieron vacías, porque el priista Omar Bazán Flores y los panistas Gabriel García Cantú e Ismael Pérez Pavía, y Marisela Terrazas y Margarita Blackaller decidieron hacer acto de presencia, pero en la comodidad de su casa, vía internet. Ya ni la diputada Blackaller ni el diputado Omar Bazán, que viven en Chihuahua, se tomaron la molestia de presentarse en el pleno.

Al menos todos los antes balconeados hicieron acto de presencia, aunque sea por la magia del internet, pero la diputada Deyanira Ozaeta, del PT, ni eso. Nada más dijo que se iba a conectar, pero al final ni apareció. ¡Tache y falta!

Por si fuera poco, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial mandaron representantes, y el titular de la Comisión Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, ni siquiera se quedó hasta el final. ¿Lengua materna? ¡Lengua – madre!

Si van a hacer una de esas fiestas, por lo menos manden el regalo y no se molesten en asomarse por la ventanita del internet.

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Muy al contrario, le fue a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta, en la presentación de su segundo informe como mandamás del Poder Judicial de Chihuahua.

Ahí sí para que vean que ni representantes ni pantallitas de internet. ¿Cómo perderse de la pasarela? Todo el mundillo de la política chihuahuense se presentó a oír los avances de un poder que ha estado en la picota desde que al gobernador César Duarte se le ocurrió “oxigenarlo”.

Ahí quedan los procesos judiciales contra magistrados, la cuestionada (¿batida?) designación de jueces y la sombra del exgobernador sobre la actual presidenta, sin olvidar la salpicada elección del presidente del Consejo de la Judicatura. Lejos se ven los tiempos cuando la ceremonia del Informe del entonces llamado Supremo Tribunal de Justicia era de toda la pompa y circunstancia para los practicantes de las artes de la Litis jurídica. Ahora se volvió grilla y pasarela política, no más.