Ahora que la Auditoría Superior del Estado publicó los resultados de sus revisiones a las cuentas públicas del 2022, vale echarle un ojo al dineral que se gastó la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) en hacer viajes a los Estados Unidos para ver partidos de la NFL.

Como se lee: la casa de estudios, que debería estar ocupada en mandar a sus alumnos a intercambios culturales o académicos, se gastó 996 mil 997 pesos con 26 centavos en llevar a un gentío a ver partidos de futbol americano en tres diferentes ciudades de los Estados Unidos de América.

Información oficial de la UACh, generada a través de Transparencia, nos dice que el viaje a la ciudad de Phoenix, Arizona, sede del equipo Cardenales de la NFL, costó 370 mil 079 pesos con 81 centavos.

En tanto, la ida a Dallas, Texas, hogar de los populares Vaqueros, costó la friolera de 486 mil 385 pesos con 81 centavos.

La cosa no para ahí, porque en otro viaje a Texas, este a Houston, donde juegan los “Texans”, se fueron 140 mil 531 pesos con 64 centavos.

¡Como quién le quita un pelo a un gato!

La cosa no para ahí, porque se supone que eran premios para estudiantes destacados de la UACh—a quienes nadie les preguntó si les gusta el fútbol americano, o si le van a los Vaqueros, Cardenales o Texanos—pero se fueron cargando con medio mundo.

Entre quienes fueron a Houston, estaban dos estudiantes y un maestro del Colegio de Bachilleres. ¡Ah caray! ¿Qué el Cobach no tiene su propio presupuesto para premiar a sus alumnos de excelencia? Y, si es así ¿qué acaba haciendo allá el profesor Julio César Rascón Delgado?

La cosa no para ahí, porque entre los “alumnos destacados” iban dos funcionarias del área de adquisiciones, los directores de las facultades de Ingeniería y de Cultura Física y cuatro choferes.

¿Qué calificaciones obtuvieron todas estas personas, como para que los llevaran al NRG Stadium, casa de los Texans?

Entre las personas que fueron a la ciudad de Dallas, se incluyeron a la secretaria particular del rector; al auxiliar contable; al jefe del departamento de Litigios Laborales; al auxiliar en la Secretaría Particular; al coordinador de Enlace Universitario, al titular de la Unidad de Transparencia, y a la jefa de la Unidad de Relaciones Públicas.

Pregunta: si el viaje era para estudiantes avanzados ¿cuál fue el promedio que obtuvieron todas estas personas como para entrar en esa categoría?

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Una vez más, al alcalde Marco Bonilla se le ocurrió torturar a sus gobernados en plena temporada decembrina, con una más de sus obras de mantenimiento urbano que tiene “a bien” hacer justo a la hora de mayor tráfico vehicular.

Ya hemos dado cuenta en esta explayada columna de cómo los automovilistas y peatones que transitan por el centro de la ciudad, constantemente, se encuentran con tremendos nudos viales a causa de algún trabajo de reparación o remodelación que hace la Presidencia Municipal en plena hora pico.

Pues ahora le tocó el turno a los habitantes de la zona poniente de la ciudad, una de las más transitadas y congestionadas, especialmente en esta temporada decembrina, pues es ahí donde se encuentran algunos de los centros comerciales más concurridos.

Habrase visto: el 27 de diciembre pasado, se formó una larga fila de autos en el Periférico de la Juventud, a la altura del Hotel Soberano, donde decenas de conductores debieron esperar, con paciencia de estatua, a que terminaran de hacer los trabajos de repavimentación de ese tramo.

Afectados por esa “sabia decisión” de reparar una calle llena de autos justo a la hora cuando se encuentra más saturada nos comentan que la fila llegó a ser de kilómetros de distancia, y el avance fue, auténticamente, a vuelta de rueda.

¿A quién se le ocurre—nos decían—ponerse a re encarpetar el Periférico de la Juventud a las 12 del día, y en temporada navideña?

¿Cómo que a quién? ¡Pues a Marquito, ¿a quién más?! Con tal de llenar de numeritos de obras realizadas durante su segundo año de gestión, le vale tener a sus gobernados ahí, encerrados en sus vehículos, por más de una hora, cuando es un tramo que se recorre, normalmente, en cuestión de minutos.

Que la Providencia se apiade de los habitantes de la capital, porque esto apenas empieza. Se asoma ya el año electoral y, con toda seguridad, habrá múltiples obras de “mejoramiento urbano”… a eso de las 12 del día o una de la tarde. Así que, a armarse de paciencia, no hay de otra.

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El acuerdo del Instituto Estatal Electoral publicado este miércoles 27 en el Periódico Oficial del Estado sonó a broma anticipada con motivo del Día de los Inocentes.

La verdad, ni quién se los crea con eso de que los partidos retirarán en enero toda la propaganda que colocaron sus aspirantes a cargos de elección popular.

El acuerdo de marras, ese que se adelantó un día, porque debió salir como broma del 28 de diciembre, dice que los partidos políticos, precandidaturas y simpatizantes retiren la propaganda empleada durante el periodo de precampaña.

¡Ándele pues! Nosotros desde aquí los vemos, a ver si la hacen buena con eso de quitar todos los espectaculares y borrar cuanta barda rayonearon con su nombre y su lema de pre-pre campaña.

Nada más hagan cuentas de las y los aspirantes que no ganaron candidatura alguna y échenle las horas de trabajo que implicará el retiro de sus espectaculares y el borrado de sus bardas.

Les quedan prácticamente dos semanas para quitar lo que colocaron a lo largo de todo el 2023, como dice la canción de los Beatles: “aquí, allá y en todas partes”.

Lo peor del caso es que esa andanada de espectaculares no cuenta como propaganda, ni “pintarán” en el gasto ejercido por los partidos, por aquello del viejo y sucio truco de recurrir a la portada de una revista editada por particulares para difundir la imagen de su compañera o compañero aspirante.

Así que, prepárense, porque en una de esas y se quedan los espectaculares ahí, no vaya a ser que una de esas personas que se quedó con las ganas de un escaño en el Senado se lance por una curul en San Lázaro o, ya de perdis, por una diputación en el Congreso.

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El Tribunal Estatal Electoral, TEE, aprobó un resolutivo que sonó a coscorrón de esos que ponían los profesores de antes, sobre todo al Congreso del Estado, por no contar con un marco normativo que respete los derechos de los pueblos originarios de la entidad.

Resulta que un grupo de personas de pueblos indígenas originarios de Chihuahua solicitaron al TEE que se les reconociera su sistema normativo y se les permitiera participar en los procesos electorales desde su sistema autónomo.

Este marco ya existe en otras entidades donde también hay una alta densidad de población indígena, pero en Chihuahua no se le había ocurrido a nadie crear ese marco legal para sus comunidades originarias.

Los grupos que reclaman ese derecho señalan que existen leyes emitidas por el Congreso del Estado ni reglamentación por parte del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), que reconozca su calidad de indígenas.

Al no haber ese reconocimiento, tampoco se les reserven espacios para ocupar candidaturas para acceder a los cargos de elección popular.

Para darnos una idea del tamaño del reclamo: según el censo 2020 del Inegi, la población de tres años y más hablante de alguna lengua indígena asciende a 110 mil 498 personas, cantidad que equivale al 3.1% del total de la población del estado de Chihuahua.

Y eso que no se tocó el tema de las personas de ascendencia africana, que aglutinan al 1.6% de la población total del estado, con 60 mil 918 personas que se autorreconocen como afroamericanas.

Por todo lo anterior, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE), determinó que tenían razón las personas inconformes, ya que, de los cientos de asuntos que aprueba el Congreso del Estado en cada período de sesiones, nunca se han adecuado las leyes para respetar sus formas de votar y ser votados en el sistema de partidos.

Así que el resolutivo del TEE va dirigido al Congreso del Estado para que adecue o emita la legislación relacionada con el ejercicio de los derechos político-electorales de las comunidades y pueblos indígenas y que reconozca sus sistemas normativos internos.

En cuanto al IEE, tampoco salió ileso, pues deberá darle trámite a la solicitud de reconocimiento de autogobierno de las comunidades indígenas que promovieron los diversos juicios. ¡Tómala!, ya les cayó trabajo.