Toda una cartelera de activistas de la 4T, similares y conexas, son las que andan en la organización de la marcha a la que se convocó hoy a favor de que se distribuyan los nuevos libros de texto.

Ahí anda Rosa Lilia Cardona, representante de los maestros jubilados de la Sección 8 del SNTE, pero en la práctica operadora del partido Morena, al servicio del exdirigente de ese partido, Martín Chaparro.

Otro es Carlos Mateo Durán, quien es asesor de la diputada de Morena, Magdalena Rentería Pérez y, además, colaborador cercano de Brighite Granados de la Rosa, actual dirigente de Morena en el estado.

Es bien sabido que, desde la dirigencia del partido guinda y de la misma bancada en el Congreso del Estado se han promovido posturas en favor de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, los que han sido motivo de controversias tan airadas que ya llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El propio diputado Óscar Avitia, de Morena, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, ha enarbolado una cruzada en favor de los libros que tanto han enojado a los sectores más “conservadores” de la sociedad.

Eso nos habla de que la batalla por los libros es, como quien dice, el toque de arranque de las campañas federales y estatales rumbo a las elecciones del 2024.

Una “Post data” que bien vale: también andará en la marcha Elvira “La Güera” Villarreal, actual regidora de Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento de Chihuahua y dirigente de la Asamblea Feminista en el Estado de Chihuahua.

Vale anotarlo porque su “compañero de partido”, Francisco Sánchez, es un acérrimo enemigo de los libros—y de la 4T—a grado tal que también promovió un recurso judicial en contra de los nuevos materiales.

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El Ministerio Público viene por las suyas, después de toda la andanada mediática del exgobernador César Dee Jay, en la que pretendía hacer creer a la opinión pública de que es inocente de los dos cargos que le imputan y que todo es un invento de su sucesor, Javier Corral.

Este martes, en una audiencia que duró más de 10 horas, desde la mañana y hasta bien entrada la tarde (digamos que empezó cuando había sol y terminó cuando estaba cayendo una tupida lluvia en la ciudad), el MP anunció que enviará un “escuadrón” de más de 190 testigos que darán cuenta de cómo el duartato se valió de maniobra y media para desviar 96.6 millones de pesos rumbo a la Unión Ganadera Regional División el Norte y a la Financiera División del Norte, ambas, creadas por el inculpado.

Entre ese batallón de testigos, el MP presentará nada menos que a las dos secretarias de la Función Pública que tuvo el gobierno de Javier Corral: Rocío Stefany Olmos y Mónica Vargas.

La primera ocupó el cargo del 2016 y hasta el 2019, cuando presentó una sorpresiva renuncia y dejó no solo la administración estatal sino la misma entidad.

Fue desde sus oficinas donde salieron gran parte de los documentos y los fundamentos para enderezar más de 20 acciones penales contra el exmandatario, en persona, y contra al menos una docena de exfuncionarios de su período.

Durante el período de Stefany Olmos, se integraron los expedientes con los que se pudo entablar la acusación contra la dirigencia estatal del PRI por haber recibido dinero desde la administración estatal, el cual retenía a los funcionarios de nivel medio hacia arriba.

Mónica Vargas tuvo a su cargo el cierre de la administración y, tan pronto terminó el período corralista, siguió el mismo camino que Stefany: se fue de Chihuahua.

Vale recordar que ninguna de ellas es santa de la devoción de la actual administración, en particular la segunda, a quien se le ha acusado de ser la causante de que hayan fenecido sanciones administrativas contra el exgobernador priista.

Sin embargo, en la guerra, así sea jurídica, bien vale recurrir a testigos de lujo, aunque no nos caigan en gracia. A ver cómo se pone esto.

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El caso del profesor acusado por tres académicas de la Facultad de Artes de la UACh le va a la perfección el nombre de la célebre colección de cuentos de Daniel Handler, alias Lemony Snikers, “Una serie de eventos desafortunados”.

Por decir lo menos: son una serie de eventos que terminaron de forma desafortunada, y que iniciaron por los actos de abuso que cometió el docente en contra de dos egresadas que impartían cátedra en esa unidad educativa y de una modelo de artes plásticas.

Siguió después con la queja que las tres, cada una en su momento, presentaron ante la Defensoría de Derechos Universitarios de la UACh: ninguna derivó en una separación del cargo del presunto agresor, ni siquiera de manera temporal en tanto se realizaban las investigaciones.

Ni eso: lo único que le dieron como escarmiento fue la obligación de enviarlo a terapia psicológica, según lo indica la recomendación número CEDH: 5s.1.009/2023 de la Comisión de Derechos Humanos, elaborada por la visitadora ponente: Lcda. Yuliana S. Acosta Ortega el 29 de mayo de 2023.

Mucho menos se tomaron cartas en materia penal, o al menos de dar parte a la autoridad investigadora, en torno al presunto caso de abuso sexual en contra de una de las quejosas. De eso ni hablemos.

La administración anterior de la máxima casa de estudios prácticamente hizo un “sana-sana” a las agraviadas y le dio un zape en la nuca al presunto agresor, y hasta ahí.

La actual, a cargo del rector “Sport Billy” Luis Alfonso Rivera Campos, tomó el caso sólo después de que se recibió la recomendación de la CEDH y no a partir de las quejas que años antes presentaron sus egresadas-docentes de la Facultad de Artes.

Tanta fue la indolencia en torno al caso, que el supuesto abusón nunca recibió en realidad un castigo, pues continuó trabajando como docente de la mencionada Facultad—donde habría cometido sus actos reprobables—hasta el 20 de septiembre del 2022, pero porque él renunció, no porque lo hayan despedido y mucho menos inhabilitado.

Según la versión que pudimos recoger de parte de la UACh, la recomendación ya se aceptó, de lo cual se ha dado la respuesta correspondiente a la CEDH.

Sin embargo, ni las agraviadas han sido registradas como víctimas porque ya no son estudiantes ni docentes, pero, además, porque “no las encuentran”, ni el señalado recibirá sanción, porque ya no trabaja ahí.

O sea que, tras las quejas ante la Defensoría y las denuncias ante la CEDH, todo quedó igual. Aquí no ha pasado nada. ¡Vaya pues!

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El PAN se la volvió a hacer a Morena. Digamos que le metió el gol en el mismo ángulo y hasta con igual tirador.

Otra vez, le impuso a su propia compañera de bancada, Adriana Terrazas Porras, como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para el último Período Ordinario de Sesiones de la actual legislatura.

Si bien el disparo al ángulo se ve igual, habría qué añorar que, en esta ocasión, el PAN fue más lejos, pues reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo para hacer posible la reelección de la Mesa Directiva. ¡Habrase visto tal afán por mantener a alguien en el cargo!

De inmediato, afloraron en redes sociales las acusaciones de “dedazo”, de violaciones a la Constitución Política del Estado y, ¿cómo iba a faltar?, la intromisión del ex gobernador César Duarte en los asuntos del Legislativo estatal.

En redes sociales se le ha recordado a la diputada “pluri” por Morena su pasado reciente, muy reciente, de indudable lealtad al exgobernador que hoy está sujeto a proceso penal por peculado y asociación delictuosa.

De “priista disfrazada de morenista” no la han bajado. De alfil del exgobernador, menos. A cada paso se le recuerda sus actos de lealtad al ballezano y a su elegido para sucederlo en el 2016, el exalcalde de Juárez, Enrique Serrano Escobar.

Para el morenismo de base, el que camina por la calle sin tener acceso a las “dietas” del Congreso y a los sueldazos del Gobierno Federal, sigue siendo un misterio cómo es que un personaje tan identificado con el priismo más devaluado pudo llegar tan lejos como supuesta militante de Morena.

Nada más hay que recordar que accedió al Congreso por la fácil, como diputada de lista, y que una vez electa, fue designada vice coordinadora del grupo parlamentario.

Luego, tras la ruptura con sus compañeras y compañeros, se ha mantenido firme en su posición como miembro de la 4T, y como leal operadora del “corcholato” Adán Agusto López.

Lo que queda claro es que Morena se quedará con sus 10 votos, los mismos que tenía en el período anterior; que no sumará a su diputada 11 ni logrará cooptar a la representante del PT, Jael Argüelles.

Planchado, pues: Morena se queda lejos del radio de influencia del Congreso… al menos hasta el 1 de septiembre del 2024.