La posibilidad de eliminar la figura de la prisión preventiva se ha mantenido, en los últimos meses, en el centro de la discusión entre los analistas del derecho encargados de la persecución del delito y los mismos operadores del sistema judicial.

Esa reforma no es precisamente una opción de buena gana de parte del legislador o del gobernante en turno, sino el acato a un fallo de la a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicho de otra manera, la CIDH le “ordenó” a México eliminar esa figura y apegarse a “estándares internacionales”.

La discusión en torno a ese punto se centra en la conveniencia de devolverle la libertad a presuntos delincuentes recién detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Lo que alegan los procuradores de justicia y los perseguidores del delito es que, entre esos detenidos y remitidos a prisión en la modalidad “preventiva oficiosa” hay personas sumamente peligrosas, o bien, otras que cuentan con todos los recursos para fugarse e irse del país.

En lo que se resuelve el problema, vale calcular cuántas personas saldrían de la cárcel en el estado de Chihuahua, en caso de que la prisión preventiva oficiosa quede sin efecto.

Son un total de mil 892 Personas Privadas de su Libertad, equivalentes 21.2 % de toda la población penitenciaria, la que permanece recluida a causa de la al Prisión preventiva oficiosa.

Entre esos recluidos hay de todo: lo mismo políticos acusados de malversar los fondos públicos que presuntos autores de crímenes de alto impacto social, u otros que simplemente no tienen recursos para contratar un buen abogado que les acelere el proceso judicial y los saque a la brevedad.

Pero si en Chihuahua la cosa se ve grave, hay qué ver cómo pinta a nivel nacional, pues según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Federal y Estatal (CNSIPEE-F) 2023 del INEGI, el 50.2% están en calidad de prisión preventiva oficiosa.

Es decir, que de las 226 mil 116 personas que pueblan las cárceles del país, 113 mil 510 podrían salir a la calle, aunque sujetas todavía a proceso judicial, en apego al fallo de la CIDH.

Así que ya podemos entender la preocupación de los cuerpos de seguridad, de las fiscalías y de los mismos juzgadores. No se puede generalizar, ciertamente, pero no es difícil suponer que, entre esas personas que regresarán a la calle, habrá gente altamente peligrosa.

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La corriente morenista que impulsa la candidatura de Claudia Sheinbaum aprovechó este jueves 3 de agosto para presentar a su Comité “#EsClaudia” en el municipio de Chihuahua y, de paso, para presentar sus nuevos fichajes de cara a la “temporada” 2023-2024.

La flamante adquisición es nada menos que el expanista Miguel Latorre Sáenz, quien probara las mieles del presupuesto y del poder tras la exitosa campaña blanquiazul del 2016, cuando lograron desterrar al duarte-priismo del estado.

Era apenas la segunda ocasión en la historia del estado en la que el PAN se hacía de la mayoría del Congreso Local y, para ese entonces, legislatura número 65ª, designaron precisamente a Latorre Sáenz como coordinador de la bancada blanquiazul. ¡Casi nada!

Además, le dieron la presidencia de la comisión “estrella”: la de Gobernación y Puntos Constitucionales. ¡Servido el señor!

Pero todo empezó a salirle mal cuando hizo todo lo posible para que Ignacio Rodríguez Bejarano quedara al frente de la Auditoría Superior del Estado, en vez de Armando “El Oso” Valenzuela (q.e.p.d.), quien era el favorito del Palacio de Gobierno.

Su actitud causó tal enojo en el entonces secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, que en una reunión con todos los miembros de la bancada panista lo acusó de ser “un traidor”. Poco después de aquel zipi-zape, Latorre fue relevado de la coordinación y, desde ese momento, se volvió uno más de los 33 que trabajan como diputados del Congreso local.

Nunca volvió al Legislativo, ni cuando se abrió la posibilidad de la reelección; por el contrario, se fue alejando de su partido, de su grupo y de todo lo que oliera a PAN y comenzó a acercarse a sus antiguos compañeros de legislatura, pero de Morena.

Pero fue hasta este jueves cuando anunció su cambio de camiseta, pues ahora será el enlace de la precampaña—o como se llame—de Claudia Sheinbaum con el sector empresarial. La tiene difícil, pero a ver cómo le va ahora que ya no es azul y se viste de guinda.

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El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y el del estado de Chihuahua, mediante el Registro Civil, acordaron sumar una buena cantidad de dinero para garantizarle a la gente su derecho constitucional a la identidad y, en particular, el acceso a la nacionalidad mexicana a los hijos e hijas de chihuahuenses nacidos en los Estados Unidos.

El acuerdo, publicado este miércoles en el Periódico Oficial del Estado, es un auténtico tanque de oxígeno para el Registro Civil, que tiene qué ver cómo se las arregla para emitir millones de actas al año, casar a 16 mil parejas—números cerrados—inscribir 8 mil divorcios y registrar a más de 53 mil nacimientos.

Y decimos esto porque, contrario a lo que la gente piensa, el dinero de la venta de actas no es del Registro Civil, sino de la Secretaría de Hacienda. O sea, que el organismo que se encarga de tener al día los archivos digitales solo ve pasar los miles y miles de pesos que a diario se recogen en las cajas que hay en sus oficialías.

Pero esta vez les va a caer una ayudita nada despreciable. Mire nada más: el acuerdo con la Secretaría de Gobernación dice que la Unidad Coordinadora Estatal, la UCD, a cargo de Rafael Alejandro Corral Valverde, recibirá recursos federales y del mismo Gobierno local para el Programa de Registro e Identificación de Población para el 2023.

Entre los datos más relevantes, están los 700 mil pesos que se destinarán a eliminar el subregistro en el estado de Chihuahua. ¿Qué es eso? Poca cosa: todos los miles de personas nacidas en el estado que aún no tienen un registro y, por tanto, un acta de nacimiento.

Otros 600 mil irán a la campaña “Registro Oportuno”, para poner oficinas en los hospitales para que los padres de los recién nacidos salgan con su acta en la mano.

Esto es importante: irán 810 mil para renovar el equipo tecnológico de la UCE, y 90 mil para actualizar los registros de defunción.

Lo extraño es que un programa tan exitoso como Soy México, con el que miles de niñas, niños y jóvenes chihuahuenses por derecho, pero nacidos en Estados Unidos, obtuvieron su nacionalidad mexicana, le darán apenas 65 mil pesos.

No es una fortuna, ni la cantidad que se requiere para modernizar al Registro Civil, pero al menos ya le cortamos una florecita al jardín de la SEGOB.

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Como si no tuviéramos suficiente con tanta “guerra”, la del bombardeo de nubes nos trae ahora sí que “de un ala”, porque los gobiernos estatal y federal no se ponen de acuerdo y, con tal de no aflojar el dinero para hacerlo, hasta ponen en duda su efectividad.

Primero, el delegado de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Loera (a) JC, había anunciado que, por tercer año consecutivo se llevaría a cabo ese programa en Chihuahua, pero para ese efecto era necesario que el Gobierno estatal prestara su avión.

¡Sí, cómo no! Nomás faltó que le dijeran que le pidiera un avión a Adán Augusto, por eso de que en “caliente” se los consigue a Andreíta Chávez.

El jaloneo por el dichoso avión llegó a tal grado que la gobernadora Maru Campos no solo se negó a prestarlo, sino que puso en duda la efectividad de esa maniobra para abatir el gravísimo problema de sequía que enfrentan los municipios serranos del estado.

Y cómo no iba a estar disgustada la chihuahuense, si el Gobierno Federal dejó a Chihuahua “sin avión” porque los mandó a bombardear nubes a otros estados. ¡Hasta en eso nos regatean el apoyo!

La “siembra de nubes”, como le llaman en el argot de la aviación, es una técnica que se viene aplicando desde hace tiempo en diversas partes del mundo para provocar lluvias a partir de rociar yoduro de plata en las formaciones nubosas.

Ese programa, que inició, con esta administración, en el 2021 y continuó en el 2022, partió de una iniciativa del Gobierno de la República, pero ahora le piden a Chihuahua su “coperacha” para el avión.

Este jueves, después de muchos dimes y diretes, por fin hubo un acercamiento entre ambas partes, pues el coordinador técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Enrique Sánchez Granillo, estuvo en la reunión del grupo parlamentario de Morena para escuchar sus planteamientos.

Más vale que le apuren, porque la sequía azota y en una de esas, para cuando se decidan, ya no habrá nubes qué bombardear.