El discurso legislativo es tan generoso que da hasta para tener buenos ratos de humor involuntario.

Son de esos discursos o proyectos de reformas disparatadas que, dichos con toda la solemnidad de la que son capaces las diputadas y los diputados, invitan a botarse de la risa cual si estuviera viendo una película de Cantinflas.

Ejemplos hay muchos, pero el más reciente es la propuesta del diputado Oscar Castrejón Rivas, de Morena, quien propuso que el Ayuntamiento de Chihuahua ya no multe a los grupos musicales o cantantes que interpretan “narcocorridos”, sino que mejor los ponga a hacer trabajo comunitario.

Porque, dijo el morenista, tienen tanto dinero esos artistas que hasta les sobra para pagar la sanción, y hasta les gusta venir a provocar a la autoridad chihuahuense con sus “corridos tumbaos”.

Hasta ahí, sonaba más o menos razonable. Más o menos, que conste, pero donde de plano sonó a chunga fue cuando presentó su alternativa de sanción que aplicaría el gobierno de Marquito Bonilla en esos casos:

Que los cantantes o grupos que interpreten narcocorridos en Chihuahua no paguen multa, sino que se les obligue a dar clases de música, a leerle poesía a los ancianos o limpiar parques y jardines.

Como que se nos hace difícil imaginarnos a los miembros de los Tucanes de Tijuana barriendo el Parque Lerdo, o a “Calibre 50” dándole una podada a los árboles de la Plaza de Armas.

Si eso es impensable, peor aún es eso de que enseñen música o lean poesía. Solo falta imaginarnos a “El Comander” leyendo en voz alta a Jaime Sabines.

Eso sonaría a condena, pero para el o la pobre aprendiz que reciba clases de uno de esos artistas. Para el caso ¿no será mejor mandarlos al conservatorio de música, donde hay maestros de a deveras?

La propuesta, como era de esperarse, se votó en contra y se irá a descansar entre las muchas ocurrencias que han pasado por la tribuna del Congreso.

Mientras, Marquito duerme tranquilo: seguirá cobrando multas de a millón de pesos al que cante algo que parezca narcocorrido o canción con contenido misógino.

Y aquí vale una Post Data: en defensa de las Marco-multas a los Narco-corridos, el diputado panista José Alfredo Chávez dijo que, por ejemplo, los Tigres del Norte no cantan ese tipo de apologías al crimen organizado.

Que alguien le recuerde legislador blanquiazul que “La Banda del Carro Rojo”, una canción fundacional de ese género, fue también uno de los primeros éxitos de la agrupación “felina”. ¿O qué no sea cuerda de aquel verso que dice: “traían las llantas del carro, repletas de yerba mala”?

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Hablábamos el lunes pasado de la perfecta inutilidad de los programas de combate a la delincuencia de prevención del delito que aplican los gobiernos de todos los tamaños y colores en los estados más afectados por la actividad de las organizaciones criminales, pero, la verdad, nos quedamos cortos.

Las cifras que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dan un par de bofetadas de realidad, así como para dejarnos en claro que vivimos en una de las entidades más peligrosas del país.

Si los datos absolutos sobre homicidios ya son alarmantes, las que publica el mencionado organismo gubernamental en materia de tasas y porcentajes son para erizar la piel.

Ahí tenemos que, en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Chihuahua ocupa el quinto lugar nacional, con 40.89; sólo lo superan Colima, con un 81.39 que ya tuvimos en alguna época; Morelos, donde desgobierna el exfutbolista a Cuauhtémoc Blanco, con 50.44; Baja California, también entidad fronteriza, con 47.66 y la maltratada Zacatecas, con 46.59.

En cifras totales, Chihuahua es el número tres, con mil 341 casos registrados de enero a septiembre de este año; sólo quedó por debajo de Morelos, que lleva mil 756 y Guanajuato, que ya “rompió” la barrera de los dos mil homicidios.

Y si ese renglón de la inseguridad da miedo, esperen a ver el de secuestros: ahí, Chihuahua ocupa el liderazgo que nadie quisiera tener, con 3.46 casos por cada 100 mil habitantes.

Cabe mencionar, así como para sentir envidia, que Aguascalientes, Durango y Yucatán tienen 0.0 casos, o sea, ninguno.

En cuanto al feminicidio, tampoco andamos como para enorgullecernos, pues tenemos el quinto puesto, con 1.78 casos por cada 100 mil habitantes.

Los datos, vale mencionarlo, los presenta el Secretariado, pero provienen de las fiscalías o procuradurías de cada estado del país, o sea, que son los mismos registros que hace la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Ahí sí que ni para dónde hacerse.

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Ayer, en la tribuna del Congreso del Estado la diputada morenista Antonieta Pérez Reyes denunció que las pseudo empresas financieras que le vieron la cara a cientos de inversionistas chihuahuenses están recurriendo al viejo y sucio truco de demandarse a sí mismas para que les embarguen sus bienes y así quedarse sin nada con qué pagarles a sus víctimas.

Se trata de un recurso de baja calaña, donde el demandado “incita” a supuestos trabajadores o ex trabajadores a que lo demanden por la vía laboral y así evita que los otros afectados, es decir, los maltratados inversionistas, puedan hacer lo propio y asegurar la devolución de al menos una parte de lo que les birlaron.

Así le anda haciendo la gente de Aras, cuyo CEO—título demasiado elegante para un prófugo de la justicia—, Armando Gutiérrez, sigue operando a placer desde el extranjero, como si nada debiera en Chihuahua.

Ahí no para la cosa, resulta que, en otro frente, también de vivales, Defraudadora Vitas vende propiedades para evitar embargos Judiciales, los de Vitas Financial anda vendiendo sus propiedades, así tan campante, como si no tuviera decenas de demandas de personas que perdieron hasta el sueño por invertir en su “empresa”.

Según lo han denunciado sus víctimas, Carlos Vidaña, el mandamás de Vitas, la encontró la manera de sacarle la vuelta a la justicia chihuahuense con la venta de sus activos en el estado para luego invertirnos en Sonora y Sinaloa, donde no tiene causas penales… todavía.

El abogado Jorge Emilio Hernández Mata, ha denunciado que todo ese merengue lo hace el tal Vidaña con la absoluta flojera del sistema judicial del estado.

Ahora, el dinero que obtuvo de la venta de sus activos en Chihuahua sirvió para formar la empresa de inversión de capital Vitus Inmobiliare, asentada en el vecino estado de Sonora.

El caso Vitas está tanto o más grave que el de Aras, pero al menos este último sí está judicializado y hay órdenes de aprehensión en contra de su titular. En el de Vitas, los afectados siguen viendo cómo el aparato de justicia se mueve a velocidad de oruga.

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Con aquello de que se acerca ya el final de la 55ª Legislatura Federal, diputadas y diputados andan a todo lo que dan con tal de hacerse ver, ganar puntos porcentuales de popularidad e intentar el brinco hacia otro cargo de elección popular.

Para eso, claro está, nada mejor que aventarse unos “tiritos” con sus pares, sobre todo si son de partidos distintos, pero de la misma entidad federativa.

En esas trazas andaban las juarenses Daniela Álvarez, del PAN (o PRIANPRD) y Andrea Chávez, de Morena, pero ahora le ha entrado al quite la chihuahuense Lilia Aguilar Gil, integrante del grupo parlamentario del PT y, por tanto, representante distinguida de la 4T.

En su cuenta de “X”, antes Twitter, la diputada del partido de la estrellita amarilla exhibió el momento en el que Daniela Álvarez le gritaba al petista Gerardo Fernández Noroña “No tienes madre” … y nada más. Se lo dijo varias veces y, o no encontró que más decir, o solo la traía contra la progenitora del controversial diputado petista.

Para pronto, Lilia Aguilar captó la imagen y la subió a su cuenta, con el siguiente título: “Este es el nivel de debate de las diputadas panistas que no aguantan los argumentos de mi querido @fernandeznorona

Personas como @ddanielaa (Daniela Álvarez) no representan a #Chihuahua, nosotros somos gente de respeto, digna y trabajadora.

¡Que vergüenza tu actitud!”.

No tarda en llegar la respuesta de la panista “juaritos”, así que esperen el próximo capítulo de este “tirito” que tiene de trasfondo la lucha por la Presidencia de la República, la mayoría en San Lázaro y en el Congreso del Estado de Chihuahua.