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La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) acusó al Gobierno Federal de actuar de manera “incompetente” en materia de política migratoria ya que, según dijo, México ha cedido ante la presión de Estados Unidos para ser un “tercer país seguro”.

En cambio, dijo, la gobernadora Maru Campos Galván ha sido “clara, muy directa y muy firme en decir que este no es una responsabilidad del gobierno estatal”.

En conferencia de prensa efectuada en el auditorio de la Coparmex-Chihuahua, la legisladora federal arremetió contra la actual administración federal y felicitó al gobierno panista de Chihuahua.

“La tragedia que sucedió en Ciudad Juárez fue una muestra de la incompetitividad del Gobierno Federal en cuanto a temas migratorios, no se tiene una visión clara y coherente de cómo abordar estos hechos”, dijo la senadora.

La senadora, quien es sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari e hija del asesinado líder parlamentario José Francisco Ruiz Massieu, felicitó las acciones realizadas por la gobernadora de Chihuahua, por su manera de actuar ante las acusaciones de esta tragedia.

Las declaraciones de Maru, afirmó, “han sido muy valientes, ya que ha dejado un posicionamiento claro en que no fue una responsabilidad de Gobierno Estatal, sino que es algo que debe atender Gobierno Federal.

Agregó que con la política de austeridad que maneja el actual Gobierno de la República, no existe capacidad ni herramientas para atender el tema, lo que deja en confusión e incertidumbre a la población.

“Está la decisión del Ejecutivo de dar responsabilidades que corresponden a autoridades civiles con experiencia en esos temas, a las fuerzas armadas, y es lo que deja estos resultados tan lamentables. Hay ausencia de voluntad para asumir responsabilidades” añadió.

La senadora presentará una conferencia en la Universidad La Salle y reuniones con los sectores políticos, privados, empresariales y con la sociedad civil en Chihuahua, Delicias y Ciudad Juárez en los próximos días.

Cabe mencionar que México ha sido categorizado como “tercer país seguro” implica que la república sea un país para personas migrantes que llegan a EU y son deportadas, puedan ser devueltas a México, donde deberían buscar asilo.

Como una problemática de seguridad nacional calificó la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, el fenómeno de migración que se enfrenta en Ciudad Juárez y el origen del problema es que el Gobierno Federal ha sido omiso en atenderlo.

Ante las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con relación a que su gobierno prevé un incremento en la llegada de migrantes a la frontera con México en mayo próximo, cuando expira el Título 42, la gobernadora indicó que fue un tema que tratado en la Mesa de Seguridad que encabezó este día.

Ante un comité del Senado estadounidense, Mayorkas dijo que la administración del presidente, Joe Biden, está aumentando los recursos destinados a la seguridad fronteriza y la gestión de los casos de migrantes para hacer frente a este escenario.

“Hoy lo hablamos en la Mesa de Seguridad, se elimina el Título 42 el 11 de mayo, por lo cual todas las instancias y niveles de gobierno estamos preparándonos para recibir a los migrantes”, mencionó sobre el tema Campos Galván.

La gobernadora dijo que la situación migratoria que se vive desde hace semanas en Ciudad Juárez se ha tornado en una grave crisis.

“De acuerdo a los datos que tenemos y a los acontecimientos de estos días, se volverá más grave aún si el Gobierno federal (de México) continúa sin tener una política clara y sobre todo acciones concretas al respecto”, declaró.

Indicó que desde hace meses comenzaron a llegar los primeros grupos de migrantes al territorio chihuahuense y le pidieron al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que controlara el flujo migratorio desde la frontera sur, pero hasta ahora no lo ha hecho y mientras esas autoridades son pasivas e insensibles, siguen llegando migrantes a diario.

Campos Galván recordó que expuso el tema de forma personal ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero a través de sus voceros le indicó que no hay tiempo para atender esta agenda y la remiten con el coordinador del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, quien no está atendiendo a nadie.

Insistió que el Gobierno federal no asume la responsabilidad establecida en las diferentes leyes sobre migración y debe definir lo que por naturaleza le corresponda, por lo que hay una omisión y guarda silencio ante el tema.

“No he visto a algún secretario o subsecretario atendiendo el problema después de la muerte de los 40 migrantes en instalaciones del INM”, dijo. “Después de la tragedia la intervención del Gobierno federal ha sido más omisa”.

Agregó que la respuesta que dio esta mañana el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa, frente a más de 25 personas presentes es que no hay una definición en la política migratoria por parte de la Federación.

Ante la situación, analiza denunciar la omisión federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la ONU, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y Unicef.

Dio a conocer que organizaciones civiles y religiosas calculan que hay unas 35 mil personas varadas en espera de cruzar a Estados Unidos; se sabe que entre 1 mil y 1 mil 200 migrantes pasan la frontera, pero son detenidos y expulsados hacia territorio mexicano por otros cruces, informó.

Aunque la funcionaria aseguró que encabezará la exigencia ante del Gobierno federal para que contenga el flujo migratorio y dar una resolución definitiva al problema, también pidió a la población seguir apoyando a las personas migrantes.

Este martes 18 de abril se llevará a cabo la mesa de seguridad estatal en Ciudad Juárez, dio a conocer la gobernadora, María Eugenia Campos Galván.

Campos Galván no detalló quienes serán las personalidades que estarían presentes en la reunión, pero esperan la asistencia de autoridades federales, ya que no asistieron a la sesión anterior.

Al ser cuestionada respecto al tema migratorio, la gobernadora señaló que de la Federación solamente se ha obtenido como respuesta que no se tiene tiempo para la atención del tema, o bien, que se trate el asunto con el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez.

La gobernadora mencionó que muchos de los migrantes que llegan a Juárez tienen un permiso expedido por el INM, el FM3,m que los autoriza a permanecer en el país de 60 a 90 días.

Durante la mesa se contemplan temas como la seguridad y la salud de las personas en movilidad, ya que existe preocupación de que situaciones como la ocurrida el jueves, cuando se suscitó una trifulca entre varios extranjeros, pudiera ocurrir nuevamente.

Por otro lado, la mandataria fue cuestionada respecto a la comparecencia de Garduño Yañez, situación que dijo es incongruente ya que, por un lado, lo mandan a comparecer y por el otro, le piden que canalice la problemática que tiene el estado con este mismo funcionario.

“En Ciudad Juárez hay un número de migrantes más alto que lo que tiene de habitantes por ejemplo un municipio como Temosachic”, señaló la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Además de no contar con acciones por parte de la federación, dijo que existe la presión por parte del gobierno de Estados Unidos en cuanto a los insumos y la carga económica y comercial, entre ambos lados.

Municipios como Riva Palacio, Namiquipa o Buenaventura tienen menos población de la que se encuentra detenida, cifra que se incrementa ya que de manera constante llegan personas provenientes de otros países, quienes buscan ingresar a Estados Unidos.

Maru Campos habló del tema del cierre de puentes para poder llevar a cabo los procesos de los migrantes que están detenidos en Ciudad Juárez en espera de una visa de ingreso para nuestro vecino país, lo que perjudica la economía estatal.

Manifestó que el tema migratorio no es correspondencia de la administración estatal, ya que es la federación quien otorga el formato FM3, con lo que se les da un permiso para permanecer en territorio mexicano, por hasta 90 días, con lo que pueden ser libres y estar en todo el territorio.

“Nosotros como Gobierno del Estado no tenemos absolutamente ninguna atribución y si la tenemos ya la hemos cumplido”, dijo.

La mandataria puso como ejemplo las acciones que su administración llevó a cabo tras la muerte de 40 migrantes, donde la fiscalía realizó las necropsias e identificación de los cuerpos.

Asimismo, el pago de los tratamientos de salud a quienes resultaron heridos por el incendio que ocurrió dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

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