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La diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó a la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, para que instruya a la Secretaría de Hacienda en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas  incorporen la plaza de traductor e intérprete indígena a la plantilla de servidores públicos, del proyecto de Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2025.

La legisladora también exhortó a la magistrada presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández Acosta a incrementar el presupuesto destinado a la contratación de personal calificado, para incorporarlo al Centro de Personas Traductoras e Intérpretes de las diversas lenguas originarias.

Durante su exposición de motivos, Palma Ontiveros, recordó que fue el pasado 26 de abril de 2023, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 509, con el cual las instituciones de procuración, y administración de justicia, están obligados a asistir a las personas de los pueblos y comunidades indígenas con traductores o intérpretes certificados, y de esa manera quede garantizado su derecho humano de acceso a la justicia; lo mismo aplica para las personas con discapacidad, de acuerdo a la reforma señalada. 

“De esa manera se evita la asistencia improvisada de personas  que, si bien pueden conocer perfectamente el idioma, desconocen los contextos procesales y los tecnicismos jurídicos del sistema de justicia, desde que la persona indígena tiene que someterse al imperio de la ley a través de las autoridades judiciales o de seguridad pública, hasta que es procesado  y requiere la asistencia de una persona  defensora ante la autoridad”, fueron las palabras de la diputada morenista. 

Detalló que de acuerdo a cifras del Censo Nacional del Sistema Penitenciario del Inegi, al cierre de 2023, 8 mil 175 personas privadas de la libertad en el territorio nacional pertenecían a algún pueblo indígena y de ese total, más del 96.1 por ciento, cuya cantidad asciende a 7 mil 857 personas,  se encuentran presos en cárceles  estatales, los 318 restantes se encuentran en cárceles federales;  y el 7.8 por ciento; esto es, alrededor de 637 internos, pertenecen a los pueblos tarahumara y tepehuán, cuya población mayoritaria radica en Chihuahua. 

Mientras que con datos obtenidos del Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero 2024, el estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar a nivel nacional con 479 personas indígenas que están privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social; y según los datos del Informe temático sobre impunidad y sistema de justicia penal 2024 del Examen Periódico Universal de México, el 62.1 por ciento de  las personas sujetas a procesos judiciales en el país que se autoadscribieron indígenas, y que solicitaron ser atendidos en su derecho de contar con un traductor o intérprete, no recibieron apoyo al ser puestas a disposición del Ministerio Público. 

Edith Palma Ontiveros también enfatizó que transcurrido cerca de un año y medio de las reformas constitucionales y legales que llevaron a la creación del Centro de Traductores e Intérpretes del Estado de Chihuahua, se puede observar que todavía no ha sido posible que las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia en la entidad se sometan cabalmente al imperio de la ley. 

“Pudiéramos estar hablando en datos conservadores, de entre 200 y 300 de ellas a las que no se les garantizó su derecho al debido proceso desde su inicio violentando con ello también el principio de igualdad, y por tanto, el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia”, dijo la legisladora.