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Campesinos de los municipios de Namiquipa, Guerrero, Cuauhtémoc, Bachíniva, Riva Palacio, Cusihuiriachi y Gómez Farías se han beneficiado con más de 10 mil apoyos, gracias a una inversión conjunta superior a los 107 millones de pesos.

Así lo dio a conocer la gobernadora Maru Campos al encabezar la Asamblea Anual de la Red de Productores Unidos que tuvo lugar en ciudad Cuauhtémoc y en la que informó que más de 1,500 agricultores y ganaderos han sido impulsados con diversos insumos agropecuarios.

En su intervención, la mandataria estatal expuso que se trabaja en diversas estrategias y acciones para reforzar la atención a los daños ocasionados por la falta de lluvias en el estado.

“Dejo mi palabra, mi dolor y angustia transformada en esperanza, para sacar adelante al campo de Chihuahua”, afirmó.

Agregó que el inicio de la administración fue complicado debido a la deuda pública heredada, pero que, a través de la estrategia puesta en marcha, hoy los recursos que se usaban para pagar intereses, ya son destinados en beneficio del campo chihuahuense.  

Maru Campos destacó que el Gobierno del Estado ha invertido prácticamente 490 millones de pesos para hacer frente a los efectos negativos ocasionados por la sequía, mediante la entrega de insumos en tiempo y forma para respetar el ciclo agrícola, y no comprometer las cosechas.

EC

La gobernadora Maru Campos Galván anunció anoche que para 2025, el Gobierno del Estado realizará una inversión histórica de 4 mil millones (mdp) de pesos, en infraestructura carretera y vialidades.

Lo anterior, en el marco de la inauguración de la Feria Nacional de la Construcción Chihuahua, se informó a través de un comunicado de prensa.

Esta cifra a invertir se suma a los 8 mil mdp ejercidos en infraestructura y obra pública durante el presente año, gracias al saneamiento que se tiene en las finanzas públicas estatales, explicó.

La inversión en obra pública significa el despliegue de recursos, que llegan a las familias a través de los empleos que generan cada proyecto, expresó la gobernadora ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Campos Galván resaltó que las ciudades se construyen a través del diálogo, por lo que ante la polarización que se vive en el país, es necesaria una dinámica de participación y corresponsabilidad para la edificación de los espacios comunes.

El presidente nacional de la CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled, en su intervención reconoció los avances alcanzados por el gobierno de Maru Campos en materia de colaboración con el sector empresarial e industrial.

(mr)

En el Centro de Integración Social (CIS) Eréndira, en la ciudad de Guachochi, las y los infantes pueden completar su educación primaria, además reciben alimentos, hospedaje, uniformes y atención médica.

En seguimiento a su compromiso con las infancias en todos los rincones de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos inauguró en el CIS Eréndira dos dormitorios en beneficio de 293 niñas, niños y adolescentes de los pueblos rarámuri, guarijío y pima. 

En su mensaje inaugural la mandataria invitó a los menores de edad que asisten al CIS, a ser semillas que con el apoyo de maestros, familia y su gobierno, se transformen en un futuro, en seres humanos de bien y árboles fuertes que den sombra a la sociedad. 

“A todos los que estamos aquí nos toca ser sol, nube y tierra húmeda porque queremos que crezcan bien, que sean árboles fuertes y valientes; muchos serán médicos, veterinarios, enfermeras, serán lo que quieran ser, si cuentan con el ambiente propicio para una semilla, el que nosotros debemos ofrecerles y para lo que hoy estamos aquí”, mencionó.

A este espacio acuden infantes provenientes de Balleza, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos, Bocoyna, Chihuahua, Guachochi, Nonoava y Urique.

Al finalizar, sirvió y compartió con las niñas y niños, maestras, maestros y autoridades, los alimentos que se preparan día a día para quienes acuden al Centro, para después develar la placa conmemorativa y realizar un recorrido por los dormitorios con capacidad para albergar hasta 80 infantes.

La diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó a la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, para que instruya a la Secretaría de Hacienda en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas  incorporen la plaza de traductor e intérprete indígena a la plantilla de servidores públicos, del proyecto de Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2025.

La legisladora también exhortó a la magistrada presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández Acosta a incrementar el presupuesto destinado a la contratación de personal calificado, para incorporarlo al Centro de Personas Traductoras e Intérpretes de las diversas lenguas originarias.

Durante su exposición de motivos, Palma Ontiveros, recordó que fue el pasado 26 de abril de 2023, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 509, con el cual las instituciones de procuración, y administración de justicia, están obligados a asistir a las personas de los pueblos y comunidades indígenas con traductores o intérpretes certificados, y de esa manera quede garantizado su derecho humano de acceso a la justicia; lo mismo aplica para las personas con discapacidad, de acuerdo a la reforma señalada. 

“De esa manera se evita la asistencia improvisada de personas  que, si bien pueden conocer perfectamente el idioma, desconocen los contextos procesales y los tecnicismos jurídicos del sistema de justicia, desde que la persona indígena tiene que someterse al imperio de la ley a través de las autoridades judiciales o de seguridad pública, hasta que es procesado  y requiere la asistencia de una persona  defensora ante la autoridad”, fueron las palabras de la diputada morenista. 

Detalló que de acuerdo a cifras del Censo Nacional del Sistema Penitenciario del Inegi, al cierre de 2023, 8 mil 175 personas privadas de la libertad en el territorio nacional pertenecían a algún pueblo indígena y de ese total, más del 96.1 por ciento, cuya cantidad asciende a 7 mil 857 personas,  se encuentran presos en cárceles  estatales, los 318 restantes se encuentran en cárceles federales;  y el 7.8 por ciento; esto es, alrededor de 637 internos, pertenecen a los pueblos tarahumara y tepehuán, cuya población mayoritaria radica en Chihuahua. 

Mientras que con datos obtenidos del Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero 2024, el estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar a nivel nacional con 479 personas indígenas que están privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social; y según los datos del Informe temático sobre impunidad y sistema de justicia penal 2024 del Examen Periódico Universal de México, el 62.1 por ciento de  las personas sujetas a procesos judiciales en el país que se autoadscribieron indígenas, y que solicitaron ser atendidos en su derecho de contar con un traductor o intérprete, no recibieron apoyo al ser puestas a disposición del Ministerio Público. 

Edith Palma Ontiveros también enfatizó que transcurrido cerca de un año y medio de las reformas constitucionales y legales que llevaron a la creación del Centro de Traductores e Intérpretes del Estado de Chihuahua, se puede observar que todavía no ha sido posible que las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia en la entidad se sometan cabalmente al imperio de la ley. 

“Pudiéramos estar hablando en datos conservadores, de entre 200 y 300 de ellas a las que no se les garantizó su derecho al debido proceso desde su inicio violentando con ello también el principio de igualdad, y por tanto, el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia”, dijo la legisladora.

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