Para los diputados locales de Morena el proyecto de la plataforma centinela tiene aristas más preocupantes que la millonaria inversión que se hará para su construcción.
En conferencia de prensa realizada este día en Ciudad Juárez Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Gustavo de la Rosa Hickerson, y Benjamín Carrera Chávez, indicaron que todo el aparato que será manejado por el Gobierno del Estado servirá también para espiar a la comunidad.
Dijeron que esa es una de las preocupaciones que los llevó a solicitar dos ejercicios ciudadanos ante el Instituto Nacional Electoral (INE): una consulta pública y un plebiscito, decisión que debe quedar a mediados de enero.
“Un grupo de ciudadanos, en conjunto con un grupo de diputados del Congreso local determinamos hacer el ejercicio de dos figuras de participación ciudadana, una es el plebiscito y otra es la consulta”, explicó Estrada Sotelo.
Básicamente porque consideran que la inversión de 4 mil 200 millones de pesos que pretende hacer el Gobierno del Estado en la torre y plataforma es un gasto exagerado y no fue consultado con otros entes.
Además, la inversión para obra pública en el estado es poco menos de la mitad de esa cantidad, apenas 2 mil millones de pesos, por lo que debe ser consultado a la ciudadanía y el resultado vinculante.
“La Torre Centinela es para vigilar a la ciudadanía… utilizarán grandes drones a gran altura que no van a estar vigilando a la policía, van a estar vigilando a los ciudadanos”, mencionó sobre el tema De la Rosa Hickerson.
Aseguró que a través de ese sistema el gobierno vigilará los automóviles de las personas, incluso el patio de las casas, por lo que el único espacio que quedará sin supervisión será el interior de las viviendas.
Si los funcionarios tienen interés por alguna persona o grupo, la vigilarán para ver con quien tiene relación.
En el acto participaron también ciudadanos, Verónica Meléndez es una de ellas y declaró que estaba en representación y voz de la ciudadanía organizada.
Añadió que a través del plebiscito se está pidiendo ser tomados en cuenta y que espera que el INE tenga a bien llevar a cabo el procedimiento con la imparcialidad que debe caracterizar a esta institución.
Estrada Sotelo explicó que el ejercicio de consulta pública es sólo indicativo y su resultado no es vinculante ni obliga a las autoridades a tomar la decisión que el pueblo emita.
El plebiscito es una figura vinculante, una vez cumplidos sus requisitos y terminado el proceso sí obliga al gobierno a instrumentar el resultado que arrojó la ciudadanía en ese proceso, añadió.
Ambas figuras implican que el órgano electoral a más tardar a mediados de enero a determina si admite las solicitudes, en el caso del plebiscito tendría que dar 90 días a los promoventes para recabar un apoyo ciudadano de 14 mil 500 firmas.
Mencionó que, una vez alcanzado esa meta, el INE tendría que fijar una fecha para el ejercicio, en el que tendrían que participar 400 mil personas.
Si el instituto se negase a realizar el plebiscito, que es una posibilidad, queda la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Regional del Tribunal de Guadalajara del Tribunal Federal Electoral.
“Desde ahorita decimos que agotaremos (esas instancias), pero esperamos que el INE realice una aplicación al principio por persona porque está obligado a ello conforme al Cuarto Constitucional del Estado”, dijo.