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La organización Campo Verde informó que llegó apoyo aéreo para combatir el incendio forestal que afecta al área protegida del mismo nombre.

En su portal de Facebook, la agrupación ambientalista difundió imágenes aéreas de las columnas de humo que se levantan sobre Campo Verde, ubicado en el municipio de Madera, y área natural protegida, por ser el asiento de diversas especies que se encuentran amenazadas de extinción.

“Los valientes brigadistas continúan en el combate de los incendios forestales activos en el APFF (área natural protegida de flora y fauna) Campo Verde y en otras áreas del Municipio, de Madera, afortunadamente ya se cuenta con apoyo aéreo, sin embargo, ellos no pararán hasta liquidarlos”, dice el mensaje.

Después de varios días de incendio, miles de hectáreas de bosque han quedado afectadas por el fuego, lo cual ha dejado como resultado la pérdida de gran cantidad de biodiversidad, lo cual afecta “no solo a los ecosistemas, sino también a nosotros”.

Campo Verde es el hábitat de la Cotorra Serrana Occidental, una especie endémica de la región que se encuentra catalogada entre las que enfrentan el peligro de extinguirse.

“Muchos los seres vivos que quedan atrapados entre las llamas sin lograr escapar, quedándose sin refugio aquellos que sí lo logran, teniendo que desplazarse”, dice el mensaje de la agrupación ambientalista.

Los incendios forestales que desde hace días afectan el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Campo Verde, en el municipio de Madera, han consumido ya miles de hectáreas y dejado severas afectaciones en los ecosistemas locales.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene labores activas en las comunidades de Las Pomas, Las Playas, Arroyo del Panal y Las Glorias, con el objetivo de contener los siniestros y evitar su avance hacia zonas habitadas.

La dependencia estatal colabora con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y ha desplegado personal, vehículos, sistemas de comunicación satelital y drones para evaluar las condiciones del incendio.

“El objetivo es proteger a la población y preservar el entorno. Estamos actuando de forma coordinada y efectiva”, declaró Luis Corral Torresdey, titular de la CEPC.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada por vías oficiales y reportar cualquier incidente a los números 800 737-0000 y 911.

El obispo de la Diócesis de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, exigió a los Gobiernos de los tres órdenes a restaurar la paz y el orden en el municipio de Guachochi, ante la proliferación de hechos violentos en los últimos días.

Mediante una carta pastoral, el prelado demandó que las autoridades competentes garanticen la seguridad en Guachochi, que actúen “con verdad y justicia y que escuchen el clamor de un pueblo que quiere vivir en paz”.

Desde el año pasado, se difundieron noticias acerca de la vilencia desatada en ese municipio ubicado en la Sierra Tarahumara, al suroeste de la entidad.

En diciembre del 2024, diversos negocios de aquella localidad cerraron sus puertas, a manera de protesta por la violencia reinante y las extorsiones que sufrían a manos de la delincuencia organizada.

“Como Pastor de esta Iglesia de Tarahumara, levanto la voz para repudiar con firmeza toda forma de violencia”, expuso el obispo en su carta pastoral.

“No podemos acostumbrarnos a vivir entre balas, a aceptar como normal lo que es contrario a la dignidad humana. Rechazamos todo lo que atenta contra la vida, la justicia y la paz”, añadió.

Después de hacer alusiones al evangelio y de recordar la tristeza de Jesús tras la muerte de su amigo Lázaro, el obispo exclamó en su carga que “la esperanza no es ingenuidad, es una decisión firme de seguir creyendo en la fuerza del bien, de la verdad y del amor. No dejemos que el miedo paralice nuestra fe ni nuestro compromiso cristiano. Sigamos siendo constructores de paz, sembradores de esperanza y testigos del amor de Dios”.

En el año 2023, Manuel González Sandoval hizo un enérgico reclamo, tanto a las autoridades, como a los miembros de la delincuencia organizada, por el ataque a balazos perpetrado a un templo de Guachochi, acto que calificó de “reflejo del grado de barbarie al que se ha llegado por la violencia y la impunidad”.

En aquella ocasión, publicó un manifiesto en el que demandaba a quienes están involucrados en los grupos delincuenciales a que “rectifiquen su camino” y recordar que todos somos hermanos “y el don más preciado que nos ha dado Dios es la vida del cuerpo y alma”.

Hasta el momento, no hay respuesta oficial al reciente llamado difundido por el obispo de la Tarahumara.

El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, negó que exista presencia operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Chihuahua, como lo señala un reciente informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“En relación a la supuesta presencia operativa del CJNG en Chihuahua, no se cuenta con elementos que pudieran considerarse para afirmar que ese cártel opera en la entidad; ahorita se descarta esa presencia”, declaró Jáuregui Moreno.

El funcionario estatal indicó que, si bien el estado enfrenta desafíos en materia de seguridad vinculados a otros grupos delictivos, hasta el momento no se ha detectado una operación estructurada o activa del CJNG en el territorio chihuahuense.

La postura de la Fiscalía contrasta con lo expuesto por la DEA en su evaluación más reciente, en la que se señala la expansión de dicho grupo criminal en varias regiones del país.

De acuerdo con el nuevo reporte de la DEA, a nivel nacional, el CJNG ya opera en los 32 estados de México, mientras que el Cártel de Sinaloa controla 31, con excepción de Jalisco.

La “Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025”, publicada este 15 de mayo, expone la dimensión global de las principales organizaciones criminales mexicanas, al señalar que ambos cárteles tienen presencia en al menos 40 países.

Un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), confirma la operación activa del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con ese informe, una serie de alianzas entre grupos y cárteles fragmentados ha configurado un nuevo mapa nacional del narcotráfico, lo que ha abierto la puerta a que otras organizaciones operen en Chihuahua y otras entidades del país.

El documento contradice la versión que ha sostenido el Gobierno de Chihuahua en torno a la presencia de otros cárteles que no sean el de Sinaloa y La Línea.

En octubre de 2024, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, descartó que la violencia registrada en municipios como Guachochi y Guadalupe y Calvo estuviera relacionada con la incursión del CJNG.

El funcionario atribuyó los actos de violencia entre bandas a una longeva disputa entre el Cártel de Sinaloa y La Línea.

La negación del CJNG en Chihuahua viene desde la administración de Javier Corral, cuando el entonces fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, en declaraciones hechas en el 2021, afirmó que no existía evidencia de la presencia de tal organización en la entidad.

El CJNG opera activa y permanentemente en Chihuahua

De acuerdo con el nuevo reporte de la DEA, a nivel nacional, el CJNG ya opera en los 32 estados de México, mientras que el Cártel de Sinaloa controla 31, con excepción de Jalisco.

En el caso específico de Chihuahua, el citado informe señala que tanto el grupo liderado por Los Chapitos y Los Mayos –facciones del Cártel de Sinaloa– como el CJNG de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tienen presencia significativa, es decir, con estructuras operativas activas y permanentes.

El documento en referencia advierte sobre el riesgo que representa una posible alianza táctica entre el CJNG y Los Chapitos, lo que podría desestabilizar aún más los equilibrios criminales en distintas regiones del país, incluidas zonas fronterizas clave como Chihuahua.

Este diagnóstico internacional confirma lo que autoridades locales y federales han señalado en múltiples ocasiones: la entidad es territorio de disputa y operación del crimen organizado, debido a su ubicación estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Aunque el informe no detalla municipios específicos, la DEA ubica a Chihuahua como una de las 18 entidades donde el Cártel de Sinaloa mantiene presencia dominante, y una de las 22 donde el CJNG ha extendido su control, en algunos casos, de forma violenta.

Ambas organizaciones han sido señaladas por el Gobierno estadounidense como responsables directos de la epidemia del fentanilo que afecta a ese país, al controlar la producción, distribución y contrabando de esta droga sintética altamente letal.

El documento de la DEA, de 80 páginas, representa una de las evaluaciones más completas hasta ahora sobre la estructura del narcotráfico mexicano y su proyección internacional.