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La organización Guacamaya Leaks reveló que en abril del año pasado la Fiscalía General del Estado había lanzado un llamado de auxilio a la Guardia Nacional para trasladar a penales federales a reos peligrosos de 8 asociaciones criminales en los que figuraban “El Neto” y “El 300”.

El llamado “extra urgente” consta en tres oficios enviados en abril por el entonces responsable del sistema penitenciario estatal, Luis Alfonso Harris.

En los oficios enviados el 1, 6, y el 8 de abril de 2022 se expresaba la urgencia la urgencia del traslado de un total de 300 reos de alta peligrosidad correspondientes a ocho organizaciones criminales generadoras de violencia tanto al interior como al exterior del Cereso 3 de Ciudad Juárez.

Los documentos de la fuente clandestina que penetró los archivos del Ejército reveló también que la presencia de los cárteles de Juárez y Sinaloa representan un problema de gobernabilidad en la entidad y es motivo de preocupación nacional.

Sin embargo, la revelación de la falta de atención en esta solicitud de la Fiscalía General de Chihuahua pone en evidencia que el pasado motín que derivó en la muerte de reos y custodios pudo haberse evitado.

Entre las organizaciones detectadas al interior del Cereso 3 generadores de violencia están los carteles de Sinaloa, La Empresa, Los Aztecas, Los Mexicles, La Línea, Los Paisas, Los sureños y Los Artistas Asesinos.

La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, se reunió este lunes 17 con el titular de la Delegación del Instituto Nacional de Migración, Contralmirante C.G. D.E.M. RET. Salvador González Guerrero, para buscar soluciones para la población migrante que pasa por territorio chihuahuense.

En un comunicado, la legisladora informó que la reunión se debió a una solicitud que ella hizo mediante al oficio 57/2022 para que la autoridad federal atienda la problemática.

“Desde la Presidencia del Congreso se contribuye generar acciones de colaboración con el Gobierno Federal y demás instituciones gubernamentales, sin importar las banderas partidarias”, dijo.

El estado y en particular ciudad Juárez enfrentan una crisis humanitaria por la aglomeración de personas procedentes de distintos países, principalmente de Centroamérica y el Caribe, que buscan cruzar hacia los Estados Unidos.

La titular de la comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, diputada Georgina Zapata (PRI), encabezó la reunión, en la que participó el coronel José Javier Porres Olson, representante en Chihuahua del INM.

Terrazas Porras concretó la reunión con la intención de establecer una colaboración conjunta derivada de diversos exhortos para realizar gestiones en el tema migratorio.

“Busco estrechar los lazos institucionales a fin de generar acciones concretas que permitan resolver los exhortos e iniciativas que se presentan en el Congreso del Estado y que contribuyan a dar solución a los problemas derivados del flujo migratorio”.

Una reciente revelación de la organización Guacamaya establecen que los los cárteles de Juárez y Sinaloa controlan 15 grupos criminales que operan en Chihuahua y son responsables de la violencia en la entidad.

Para los expertos consultados esta mención de Chihuahua representa que hay un riesgo latente de gobernabilidad y la nueva revelación explica los hechos recientes de desmedida violencia durante el motín y fuga que provocó tantos muertos el pasado 1 de enero en el Cereso 3.

“Hay problemas gravísimos de gobernabilidad en el estado y eso representa también un problema de prioridad nacional, sin duda; el nuevo fiscal tiene una responsabilidad muy fuerte y un quehacer muy peligroso ante la estructura tan consolidada que tienen los cárteles de Juárez y Sinaloa en el control de las calles y los penales de la entidad y en particular de la frontera”, se indica.

Resaltó que los carteles sellados por Guacamaya no solo atienden agenda infame del trasiego de drogas sino también el de tráfico de personas, la trata y la tala clandestina.

“César Jáuregui es un hombre inteligente, capaz y valiente, pero tendrá que fortalecer su alianza con el Ejército para enfrentar este monstruo de 15 cabezas”, detalló la fuente que pidió la reserva de su identidad.

El Congreso del Estado de Chihuahua, recibió la iniciativa del Ejecutivo para reformar y modernizar la operación del sistema penitenciario de la entidad, que incluye el Cefereso 1 y el 3, donde se han presentado fugas y motines con saldos de muertes y personas heridas.

El proyecto contempla que sea la Secretaría de Seguridad Pública quien administre los Centros de Readaptación Social, que forman parte del Sistema Penitenciario y que actualmente están bajo la administración de la Fiscalía General del Estado.

Actualmente, todos esos centros de reclusión están bajo la administración de la Fiscalía General del Estado.

La diputada presidenta, Adriana Terrazas Porras, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, informó que el proyecto del Ejecutivo consta de once páginas en las que se explica que la Secretaría de Seguridad Pública debe ser el ente que administre el Instituto Estatal de Seguridad Pública.

Este organismo tendrá como función principal es formar y actualizar el desarrollo profesional de peritos, ministerio público y policías, que al día de hoy depende la Fiscalía General del Estado.

La presidencia del Congreso turnará dicha propuesta a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

“Desde el Congreso del Estado existe la disposición para contribuir a la construcción de la seguridad que tanto anhelamos las y los chihuahuenses”, dijo.

La Comisión de Justicia está presidida por Ana Margarita Blackaller Prieto además de David Óscar Castrejón Rivas, quien funge como secretario y los vocales José Alfredo Chávez Madrid, Gustavo De la Rosa Hickerson, Ilse América García Soto, Carlos Alfredo Olson San Vicente e Ismael Pérez Pavía

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