Por unanimidad, la Diputación Permanente del Congreso del Estado hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado a que haga un análisis sobre las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que puedan representar un riego para los centros penitenciarios de la entidad.
En su exhorto, el Congreso pidió que las acciones se hagan realizadas de manera coordinada entre las autoridades estatales y federales, ya que esa coordinación “rindió frutos” con la pronta ubicación de uno de los principales fugitivos del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez.
La iniciativa, que luego fue aprobada por unanimidad, incluye la petición a los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial, a instalar mesas de trabajo para “fortalecer el trabajo institucional a favor de la seguridad pública en la entidad”.
“Es tiempo de sumar esfuerzos y voluntades para dar los resultados que todos esperamos”, expresó el diputado Edgar Piñón (PRI), autor de la iniciativa.
El tema de la masacre y fuga de reos ocurrida el primero de enero de 2023 en el Cereso 3 generó discusiones, intercambio de datos y hasta un recuento de hechos sangrientos ocurridos en los últimos 30 años en las cárceles de Chihuahua, el Congreso del Estado.
No hacen falta más normas, sino acciones, dijo el diputado juarense Gustavo de la Rosa Hickerson (Morena), quien propuso que primero se atienda a las 10 viudas de los custodios asesinados y a los 40 hijos que quedaron huérfanos.
“Tenemos que plantearles soluciones de justicia y reparación del daño”, agregó.
El legislador juarense cuestionó que hasta este momento no se haya tomado otra acción que destituir al director del penal.
“Tengo una certeza: el director del Cereso ni siquiera podía entrar; la mitad del Cereso lo controlan los Mexicles y la otra mitad, los Aztecas”, dijo.
Oscar Castrejón, diputado por Morena y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cuestionó que, hasta este lunes 9 de enero, no había ningún detenido y nadie, salvo el director del penal, ha dejado el cargo que tenía.
En su turno en el uso de la palabra, recordó hechos similares, como la fuga de reos de la Penitenciaría del Estado en 1990, el motín en el Cereso de San Guillermo, en 1996 y la fuga del mismo penal en el 2021.
En todos esos casos, agregó, la autoridad se hizo presente y hubo servidores públicos sancionados.
El priista Piñón abundó en su iniciativa que la situación por la que pasa el estado “no debe hacer que impere el pesimismo y menos que se genere discordia entre las fuerzas políticas”.
“Así como entre los órdenes de gobierno, por el contrario, deben dar la pauta para fortalecer el diálogo, así como los mecanismos de coordinación que permitan brindar la paz y seguridad que la ciudadanía desea y merece; culminó.
