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El Gobierno del Estado debe emular las estrategias federales de seguridad para enfrentar las condiciones de violencia que prevalecen en la entidad, dijo el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Me parece que el Gobierno estatal, aquí en Chihuahua, debería de seguir el ejemplo del Gobierno federal en lo que tiene que ver con los temas de seguridad”, declaró en torno al motín y fuga del Cereso 3 el domingo pasado.

Dijo que desde el inicio del mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se hicieron reformas constitucionales que permitieron una forma de operar en lo estratégico y en lo táctico.

En el asunto de los policías y de los centros de inserción, añadió, tiene que haber cambios de fondo.

“Creo que tiene que haber cambios aquí en Chihuahua, profundos, en el sistema de justicia, en el sistema de seguridad e investigación”, mencionó.

La Fiscalía General del Estado (FGE), agregó, también debería de tomar como ejemplo la de nivel federal, adquiriendo autonomía.

Loera de la Rosa indicó que durante la reunión de la Mesa de Seguridad del domingo pasado la gobernadora María Eugenia Campos Galván y todos los asistentes mostraron unidad y posturas consecuentes.

Descartó contradicciones luego que funcionarios federales afirmaron que el Gobierno de Chihuahua no había solicitado la reubicación de reos de Ciudad Juárez a otros penales del país, pero esta mañana se hizo el traslado de 191 personas privadas de la libertad hacia otras penitenciarías.

Indicó que esto sucede porque la información se va actualizando muy rápido y estas acciones se realizan en pocas horas.

El funcionario argumentó que quizá la información no fluye tan rápidamente como se quisiera, además hay cosas que se tienen que manejar con secrecía y con mucho cuidado porque el traslado de reos es un asunto muy delicado.

Añadió que como representante del Gobierno Federal le toca atender las causas de la violencia, pero el asunto técnico y táctico del traslado de prisioneros le corresponde a la FGE.

Las cárceles, añadió, desde hace tiempo han sido un centro operativo para la delincuencia, pero están a cargo de gobierno del Estado.

Aseguró que en Chihuahua se ha dado el apoyo requerido con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyos elementos participaron para retomar el control del Cereso el domingo pasado para evitar que el problema fuera más grande, mencionó.

Se tiene que investigar profundamente lo que ocurrió en el penal, no únicamente la a cabeza de la administración, sino también al personal operativo que están vigilando el proceso de supuesta readaptación al que están sometidos las personas privadas de su libertad.

El director de la Fundación Ficosec, Arturo Luján Olivas, pidió a la sociedad civil “levantar la voz” para exigirle al Gobierno del Estado que tome el control del Cereso número 3 de Juárez y, en general, de todo el sistema penitenciario de la entidad.

El directivo, tras aclarar que sus posicionamientos los hacía a título personal y no de la institución que dirige, cuestionó que las autoridades estatales no hayan actuado para poner orden en los penales del estado tras los hechos ocurridos durante el llamado “jueves negro” de Juárez.

Recordó que el ataque a personas y negocios suscitado el 12 de agosto del 2022, donde perdieron la vida 11 personas, fue atribuido por la misma autoridad al mismo sujeto al que ahora culpan de la masacre y fuga de reos en el Cereso 3.

“Quiere decir que no se aprendió de la experiencia”, dijo Luján; “no se tomaron las medidas necesarias para que una cosa como la de agosto no volviera a suceder”.

Agregó que, si desde aquel entonces, el gobierno hubiera actuado para reestructurar el manejo de los penales, la fuga de 30 reos y el asesinato de 17 personas en las primeras horas del año nuevo no hubiera sucedido.

“No podemos pensar que es un acto donde no haya habido corrupción”, añadió.

Por un lado, continuó, es muy dolorosa la pérdida de vidas humanas, pero por otro, nos e puede permitir que el estado de derecho “quede así de vulnerado”.

En conferencia de prensa, convocada para dar a conocer los datos de incidencias delictivas del 2022 en la zona centro-sur del estado, Luján Olivas habló del tema del Cereso 3 a pregunta expresa de los medios.

Señaló que la sociedad civil debe pedir el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, tanto penitenciaria como de calle.

“En esto hubo muchísima gente involucrada, quiere decir que la autoridad no se dio por enterada, que no tenía los canales necesarios para enterarse de que una cosa así no podía pasar”, concluyó.

El bloque mayoritario PRI-PAN votó en contra de un punto de acuerdo presentado por Morena para solicitar a la gobernadora Maru Campos Galván la remoción del fiscal general estatal, Roberto Fierro Duarte.

La propuesta de la bancada morenista contemplaba que el Congreso inicie un proceso de remoción, de acuerdo al artículo 93, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

El coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada Sotelo presentó el punto de acuerdo en la sesión permanente, donde afirmó que la fuga de reos y masacre de custodios ocurrida en el CERESO 3 de Juárez “exhibe un fracaso en la estrategia”.

El diputado recordó que Morena dio el voto de confianza a la propuesta de la gobernadora, pero ante las circunstancias actuales, “lo saludable, ético y correcto” es pedir la renuncia voluntaria del fiscal.

“El retiro voluntario del Fiscal es sano, deseable y necesario, pues le permite a la Gobernadora hacer un nuevo nombramiento y someterlo a la aprobación del Congreso”, dijo.

Luego, cuestionó si es necesario repetir los hechos del primero de enero y de agosto pasado para justificar el retiro del fiscal y su equipo de colaboradores del centro penitenciario.

¿Qué no han sido suficientemente claras las evidencias encontradas dentro del penal y los hechos lamentables de pérdida de vidas humanas?, preguntó el diputado.

Sin embargo, ante la negativa que pudiera manifestar el fiscal, el punto de acuerdo busca que la Gobernadora, en términos de lo que dispone el artículo 93, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, someta a la aprobación de esta asamblea legislativa, la remoción del cargo de Fiscal General del Estado.

Agregó que otro de los objetivos es la apertura inmediata de la investigación, no solo en contra de quienes cometieron una serie de actos delictivos en el penal y fuera de él, sino también en contra de todos aquellos funcionarios públicos encargados de la seguridad penitenciaria, “pues no existe duda que hubo lo mínimo omisiones o bien complicidades para que los lamentables hechos ocurridos se desarrollaran”.

El punto de acuerdo fue rechazado por mayoría de los diputados del PAN y PRI.

La presidenta del H. Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, pidió a sus compañeros de Legislatura “no politizar” los hechos ocurridos el día primero de enero en el Cereso 3 ubicado en Ciudad Juárez.

La declaración de la presidenta, quien aún forma parte de la bancada de Morena, tuvo lugar un día después de que sus compañeros de partido demandaran la destitución del fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, a causa de la masacre, fuga y motín de reos ocurrido en dicho penal.

“Este es un tema que por ninguna razón debemos politizar”, dijo la legisladora, quien formalmente pertenece al grupo morenista.

Posteriormente, los integrantes de la Permanente se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

“Por el contrario, les exhorto para que, desde nuestras trincheras, hagamos lo propio para generar condiciones de seguridad en el estado”, agregó.

Previo al inicio de la primera sesión de Diputación Permanente del año, Adriana Terrazas Porras leyó un mensaje en el que lamentó los hechos ocurridos el pasado primero de enero en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida elementos policiacos en cumplimiento de su deber y profesión.

La legisladora hizo un llamado a la unidad, para que los tres poderes del Estado, así como los tres niveles de Gobierno, trabajen de manera coordinada e institucional.

La diputada invitó a los legisladores a revisar “las condiciones de infraestructura, su población, los temas presupuestales, su administración y no dejarlos en el abandono como en la administración pasada del Gobierno Estatal.”

Manifestó que es necesario analizar la inversión de recursos en el desarrollo profesional y personal de quienes laboran en los Ceresos, “pues es elemental la profesionalización de los cuerpos policiacos”.

“Es tiempo de que en los Ceresos del Estado se apliquen políticas de prevención y contención delictiva y que se constituyan como un verdadero espacio de reinserción social y no como escuelas del crimen”, dijo.

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