Países como Uruguay o Ecuador han visto crecer sus tasas de asesinatos, mientras expertos advierten de múltiples factores relacionados como tráfico de drogas y trata de personas
San José. – Una cultura de odio se afianzó en 2022 en América Latina y el Caribe y prolongó una secuela de violencia que traspasó fronteras interamericanas en el siglo XXI.
La tasa de homicidios en 19 de los 33 países latinoamericanos y caribeños superó el año anterior el promedio de 10 por cada 100 mil habitantes, según cifras oficiales de cada país basadas en reportes policiales, judiciales y forenses. Con ese dato, la crisis se convirtió en epidemia.
Las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron que cuando la tasa de homicidios llega a dos dígitos anuales, adquiere rango de epidemia.
El panorama se registró en forma paralela al incremento de los contrabandos de drogas y de armas y sus actividades conexas, como el blanqueo de dinero, el sicariato, la trata de personas para explotación sexual o laboral, pornografía, tráfico de órganos y otros delitos, como la migración irregular multinacional que creció este siglo en el continente americano.
“La expansión del crimen organizado y los conflictos territoriales entre grupos del crimen organizado (ocasionan) un incremento de la violencia letal en numerosos países”, afirmó la abogada colombiana Jimena Reyes, directora para las Américas de la (no estatal) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de París.
Al sugerir “tres líneas de acción” de las autoridades para enfrentar estos problemas, Reyes dijo a El Universal que “hay que restringir la venta de armas y luchar contra el contrabando de armas”.
“Es esencial luchar contra la impunidad de los crímenes. Y necesitamos tener unas policías que sepan respetar la libertad de manifestación y que no ejerzan de forma desproporcionada la violencia y sobre todo cuando es letal. Hay un fenómeno en toda la región de ‘gatillo fácil’ en las fuerzas públicas”, agregó.
Mapa mortal
México reafirmó su historial de dos dígitos en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes y contabilizó 25.20 en 2022 y 28.40 en 2020.
De 2020 a 2022 pasaron de 45 a 52.90 en Jamaica, de 28.30 a 42.30 en Santa Lucía, de 27.80 a 40.30 en San Vicente y las Granadinas, de 28.50 a 39.40 en Trinidad y Tobago, de 18.60 a 32 en Bahamas, de 14.30 a 15.30 en Barbados y de 8.90 (todavía sin ser epidemia) a 11.30 en República Dominicana.
En ese periodo transitaron de 45.60 a 40.40 en Venezuela, de 22.60 a 26.10 en Colombia, de 7.80 (sin ser epidemia) a 25.90 en Ecuador, de 22.50 a 18 en Brasil, de 20 a 15.10 en Guyana y de 9.70 (sin ser epidemia) a 11.20 en Uruguay.
Centroamérica pasó en esa etapa de 36.30 a 35.80 en Honduras, de 25.70 a 25 en Belice, de 17.70 a 17.30 en Guatemala, de 11.20 a 12.20 en Costa Rica y de 11.60 a 11.50 en Panamá.
América Latina y el Caribe volvió a mostrar “altas tasas de homicidios en 2022, a medida que la producción de cocaína alcanzó nuevos máximos, los grupos criminales continuaron fragmentándose y el flujo de armas en toda la región siguió creciendo”, explicó Insight Crime, agrupación no estatal de Colombia que indaga al crimen organizado transnacional.
“En Ecuador, la situación fue verdaderamente catastrófica. Los niveles históricos de cocaína que ingresaron al país intensificaron la violencia, y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord”, agregó, en un análisis del que este diario tiene copia.
El estudio aludió indirectamente a la ofensiva que se aceleró en 2022 en Ecuador de los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), dominantes del narcotráfico global.
“Se está alimentando una cultura de odio y violencia ante la incapacidad del Estado de garantizarle la seguridad a los ciudadanos, que optan por resolver esas situaciones por su propia cuenta”, adujo la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del (no estatal) Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), de Costa Rica.
“Se ha evadido a lo largo de décadas asumir políticas de seguridad complementarias con políticas sociales y económicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población”, declaró Cuadra a este diario.
“El escenario de seguridad está cambiando en América Latina y el Caribe. Tiene que ver con el papel que están jugando los Estados en este contexto. En México, Brasil y Venezuela y otros países el papel del Estado está sumamente debilitado y en muchos casos se ha optado por políticas militaristas, como en México, El Salvador y parecido en Honduras”, narró.
Para la abogada venezolana Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), organización no estatal global para la defensa de los derechos humanos, de Washington, “uno de los grandes desafíos para los líderes democráticos de la región es poder mostrar que se puede abordar la inseguridad con medidas que no son abusivas”.
“Hay que lograr que los Estados establezcan políticas públicas en seguridad que se dediquen, por ejemplo, en avanzar las investigaciones penales contra los cabecillas de las organizaciones criminales y lideran a los responsables de muchos homicidios”, puntualizó Taraciuk a este periódico.
Al subrayar que “es indispensable fortalecer la justicia para que haya rendición de cuentas y enjuiciar a los responsables de homicidios (cometidos) por las fuerzas públicas y por la delincuencia”, alertó que “de lo contrario, la sensación que se transmite desde el Estado es que cometer un delito… es gratis”.
