Archives for marzo 2023

Las autoridades federales de Los Ángeles, California, ofrecen una recompensa de 20 mil dólares para encontrar a una ciudadana estadounidense que, afirman, fue secuestrada en México el mes pasado.

María del Carmen López, de 63 años, fue sustraída de su casa en Pueblo Nuevo, Colima, México, el 9 de febrero, señaló la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Los Ángeles, en un comunicado emitido ayer.

López es descrita como hispana, con cabello rubio y ojos marrones; mide 1.57 metros y pesaba alrededor de 72.5 kilos cuando fue vista por última vez. También se menciona que tiene los ojos maquillados permanentemente con delineador tatuado.

Sonia López, hija de la mujer, dijo a NBC4 que su madre viajaba entre Los Ángeles y México. En el momento del presunto secuestro, su madre estaba sola en suelo mexicano porque su esposo visitaba a un médico en Los Ángeles.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con su oficina local del FBI o la embajada o consulado estadounidense más cercano. Se puede comunicar con la división de Los Ángeles del FBI al 310-477-6565 y a través de la página tips.fbi.gov.

El 3 de marzo, cuatro estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas; dos de ellos murieron a manos de sus captores, presuntos narcotraficantes. Desde entonces los reclamos de Washington a México han subido de tono por el problema de la inseguridad.

En tanto, la fiscalía de Colima informó que no tiene denuncia sobre el secuestro de María del Carmen López.

El área de prensa de la dependencia indicó que es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República la que lleva las indagatorias del caso.

Según información de la oficina del FBI en Los Ángeles, María del Carmen López, de 63 años, fue sacada de su casa en Pueblo Nuevo, Colima, el pasado 9 de febrero.

Por otra parte, el senador demócrata Bob Menéndez aseguró en entrevista con el canal MSNBC que “no dejaría” a su hijo viajar a nuestro país en esta temporada de spring break, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que México es “más seguro” que Estados Unidos.

El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el caso Ayotzinapa, se encuentra mal de salud.

En los últimos días ha registrado presión muy alta, derivado de los diversos padecimientos que le aquejan y por lo que fue intervenido quirúrgicamente el año pasado, informaron fuentes cercanas a su defensa.

Manifestaron que es necesario que Murillo Karam, acusado de tortura y desaparición forzada, sea trasladado nuevamente al hospital para que médicos especialistas lo revisen de la operación, la circulación y la otra carótida.

“Desde que lo sacaron, del hospital, tiene cuadros de presión muy altos, y lo que hemos buscado es que le den una revisión a la operación que le hicieron, así como a la otra carótida, no sabemos si hace unas horas ocurrió algo, pero insistimos en que revisen la operación, la circulación y la otra carótida y eso nos preocupa”, señalaron las fuentes consultadas.

Insistieron que el exprocurador en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto ha tenido cuadros de presión muy alta en reclusión, por lo que es urgente que se haga una valoración médica.

Días antes de concluir 2022, Jesús Murillo Karam regresó al Reclusorio Norte para seguir en prisión preventiva, tras dos meses hospitalizado.

Sin embargo, su defensa jurídica advirtió que la prisión pone en riesgo la salud y vida de Murillo Karam, a quien se le diagnosticó Covid-19, lo cual lo dejó en una posición más vulnerable su salud.

Lo anterior, por las enfermedades que padece como son la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

El Gobierno Federal debe investigar el tráfico de personas porque la comisión de este delito propicia que estén llegando más migrantes a la ciudad, declaró el representante del Gobierno del Estado en esta frontera, Óscar Ibáñez Hernández.

“El crimen organizado está involucrado en este fenómeno, es un tema muy serio que debe atender el Gobierno Federal”, mencionó.

Las leyes y los procedimientos que hace el Gobierno Mexicano, consideró, sólo les otorga la estancia legal y eso favorece que se dé el tráfico de personas.

Enfatizó que se tiene que aplicar la ley a las personas que se encuentran en esta circunstancia.

El tráfico de migrantes, dijo, representa un negocio de 30 millones de dólares mensuales según cifras establecidas por funcionarios policiacos.

A algunos de los migrantes se los traen desde sus países de origen con la promesa de cruzarlos, pero difícilmente alcanzan ese propósito.

“Les dicen que los van a cruzar y, lamentablemente, muchos de esos temas terminan muy mal, algunos acaban muertos, algunos extorsionados y la gran mayoría sin poder llegar a Estados Unidos”, comentó.

Ibáñez Hernández opinó que el Gobierno de México debe de deportar a los que ya fueron rechazados por Estados Unidos, no tiene ningún sentido que sigan aquí.

Debe clarificar, además, una política para otorgarles empleo si es que van a permanecer en el territorio nacional.

Representantes de organizaciones civiles que apoyan a personas en condición de movilidad le dijeron que los ayudan a llegar al norte porque acá existen fuentes de empleo, mientras que en el sur son inexistentes.

“Eso es evidente, pero el tema es que el migrante no quiere venir a trabajar aquí, sino cruzar a Estados Unidos y no ayuda que los estén acercando”, dio a conocer.

Dijo que si el Gobierno Mexicano no define una política integral que atienda a los migrantes, ofreciéndoles empleo y que les den a todos los permisos para lograrlo, incluso otorgar incentivos a las empresas para que los contrate.

Hay muchas cosas que se pueden hacer y no sólo decirle al gobierno de Estados Unidos que los regrese a territorio mexicano sin que haya una política definida e integral.

Lo que nos queda, dijo, es atender a los que ya están aquí, informarles cómo está la ciudad y las opciones que tienen al quedarse.

La nomenclatura de la Ley de Migrantes fue modificada a “Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua”, dentro de los dos dictámenes aprobados este jueves por el Congreso del Estado, así como varios artículos que la integran.

En el segundo dictamen se estableció el “Día Estatal del Migrante”, a conmemorarse anualmente cada 18 de diciembre.

Dentro de la reforma de la ley de protección de migrantes se modificaron los artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica; así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero señaló que estas reformas son necesarias para la evaluación presupuestal, recursos requeridos para que el Estado Mexicano cumpla compromisos signados a nivel internacional.

“Los estados tenemos la obligación de velar por los derechos humanos de los migrantes”, dijo.

Debido a que el estatus migratorio es injerencia de la federación, señaló que con esta reforma también se busca reforzar los lazos entre los tres niveles de gobierno.

Dentro de la lectura del dictamen se dio a conocer que el 90 por ciento de las recomendaciones emitidas por la CNDH son violaciones de los derechos humanos cometidas dentro de una estación migratoria o estancia provisional a cargo del Instituto Nacional de Migración.

Lo anterior, cuando el migrante “irregular” se encuentra privado de su libertad, conforme al procedimiento administrativo migratorio previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración.

Por otra parte, se declaró día 18 de diciembre de cada año como “Día Estatal del Migrante”. La creación de esta conmemoración se da por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990.

Estos movimientos migratorios se dan porque las personas buscan mejorar la calidad de vida para ellos y sus familias, así como superar las desigualdades económicas, sociales y demográficas de sus países de origen.

Este grupo de la población generalmente enfrenta problemas como hambre, desempleo, conflictos bélicos, persecuciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, así como cambios climáticos y catástrofes naturales.