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A casi 10 años de sobrevivir a un ataque con ácido, la justicia no parece estar cercana para Carmen Sánchez, quien ahora se enfrenta al riesgo de que a su atacante le sea revocada la sentencia de más de 46 años de prisión que le fue dictada y quede libre de toda culpa.

Lo anterior, debido a que la defensa de Efrén García Ramírez interpuso una apelación con la finalidad de revocar la condena y que así quede absuelto. La audiencia de resolución se llevará a cabo el 25 de agosto próximo.

“No sé qué va a pasar, pensé que esta tortura institucional ya se había acabado, pero no. Casi una década luchando”, escribió Carmen en sus redes sociales y exigió al Poder Judicial del Estado de México que sostenga la sentencia, “aunque la defensa se refiera a mí como la supuesta víctima, yo tengo las pruebas del crimen en mi cuerpo”, agregó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la abogada Carolina Hernández, quien lleva el caso de Carmen Sánchez, reiteró que la defensa de García Ramírez no aporta nada nuevo a los argumentos jurídicos para realizar una consideración en la resolución emitida en mayo. “Es una sentencia que se sostiene con pruebas sólidas, hay testigos y pruebas periciales”, afirma.

La defensa de Carmen también apeló porque la juez no tomó en consideración las pruebas que aportaron como asesoría jurídica para determinar una reparación del daño, con la finalidad de reconocer que sufrió una afectación directa a su proyecto de vida.

Cifras a nivel nacional. La fundación que lleva el nombre de Carmen Sánchez ha monitoreado las agresiones con ácido registradas durante los últimos 30 años a nivel nacional. Con la información elaboró un mapa a fin de disponer de una base de datos sobre este tipo de agresiones.

Según el mapa, hasta hoy se han registrado en total 42 agresiones de violencia ácida en México. La entidad que cuenta con la cifra más elevada es Puebla, con ocho casos; le sigue Ciudad de México, con siete; Estado de México, con seis y Oaxaca, con cinco.

Fue precisamente el Estado de México la entidad en la que Carmen Sánchez sufrió la agresión con ácido de parte de su expareja.

Los estados que tienen registrado sólo un ataque son Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Yucatán. Sin información existen tres casos en este documento de las agresiones.

Pero las cifras son sólo datos de la organización, puesto que las autoridades carecen de un registro oficial de las agresiones con ácido.

La fundación brinda. además, apoyo sicológico, legal y acompañamiento a las víctimas.

En días recientes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a 22 congresos estatales a adecuar su marco jurídico para incorporar el delito de agresiones con ácido o sustancias similares a su legislación local.

En el punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, se dio a conocer que en las legislaciones de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no se contempla el delito de agresiones con ácido, a pesar de los avances que se han alcanzado en otras entidades y a nivel federal.

Ante esta situación, los senadores y diputados exhortaron a dichos estados a incorporar en sus legislaciones el delito de agresiones perpetradas con ácido o sustancias similares, así como sus agravantes cuando se trate de actos premeditados en contra de una mujer y contemplar también la reparación de los daños causados a la víctima.

Los legisladores señalaron en el documento que dichas acciones suponen una existencia tormentosa para el resto de la vida de la víctima, y que en dichas agresiones el interés es acabar con la imagen de la mujer y aislarla, puesto que 90% de los ataques son dirigidos al rostro; sin embargo, indicaron, el daño es más grave porque “amputa el espíritu y para eso no existen prótesis”.

El pasado 11 de mayo se obtuvo la primera sentencia histórica por un ataque con ácido en tentativa de feminicidio en México y América Latina: 46 años y ocho meses de prisión, así como una multa de 212 mil 545 pesos y el pago de 3 millones 987 mil 208 pesos como reparación del daño para el agresor de Carmen Sánchez. Entonces, al exterior del Juzgado de Distrito Judicial de Chalco, en el Estado de México, Carmen expresó: “Jamás pensé que llegaría este momento tras nueve años de lucha, que se castiga en tentativa de feminicidio. El ácido me quitó mi identidad, me dejó afectaciones físicas y emocionales”.

En 2014 Carmen Sánchez fue agredida con ácido por su expareja, lo que le ocasionó quemaduras en la mitad del rostro, cuello, pecho y piernas. Se ha sometido a varias cirugías cuyo costo oscilan entre 100 mil y 300 mil pesos cada una. Además ha recibido acompañamiento sicológico, terapia física, medicamentos especializados y el respaldo de su red.

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el frente opositor Va por México, lamentó la campaña recurrente del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador que busca que “la gente me odie” y pidió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para que observen cómo se ataca arteramente a una mujer desde el gobierno.

En San Juan del Río, Querétaro, expuso que la esperanza del cambio ha sido depositada en una mujer por decisión de los mexicanos, pero al Presidente “le da coraje que hoy la esperanza cambió de manos; la esperanza ya no le pertenece más, hoy los mexicanos están depositando la esperanza en una mujer”.

Reiteró que López Obrador desde las conferencias mañaneras tergiversar sus declaraciones con el fin de desacreditarla, hacer que la gente la odie y evitar que sea la abanderada del Frente Amplio por México, lo que afirmó, es violencia política de género: “Él trata de decirle a la gente que soy una maldita. ¿Qué es lo que quiere, que la gente me odie”?, acusó la senadora panista.

“Yo creo que es importante que los organismos internacionales en materia de derechos humanos empiecen a voltear a ver lo que está pasando en México. No es normal que un presidente ataque de una manera tan artera a una mujer que intenta en un proceso democrático encabezar un frente amplio”, subrayó.

Cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados de oposición contra diversas reformas, entre ellas la que permite al Ejército operar una aerolínea y la que desapareció el polémico Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), fueron admitidas a trámite por una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la lista de notificación de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, la SCJN informó que se designó a una ministra instructora y se ordenó la acumulación de los recursos 121/2023, 123/2023, 139/2023, 144/2023.

“Se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia. Se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”.

En abril de este año, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, que permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operar una aerolínea que entrará en operación, según el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, senadores y diputados de la mayoría de Morena avalaron la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Dichas reformas fueron aprobadas durante el llamado “Viernes Negro”.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó volver a investigar el uso de una aeronave de la Guardia Nacional por parte de Adán Augusto López cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación, a fin de determinar si cometió uso indebido de recursos públicos.

El caso será regresado a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE para que realice las investigaciones correspondientes, en particular sobre las discordancias en los horarios de las bitácoras de vuelo.

En abril de 2022, López Hernández, entonces secretario de Gobernación, y Luis Rodríguez Bucio, entonces comandante de la Guardia Nacional (GN), utilizaron una aeronave del cuerpo policiaco para acudir a reuniones de seguridad en Coahuila y Sonora. Sin embargo, en esos viajes el exsecretario de Gobernación también participó en asambleas de carácter proselitista.

Pese a que el proyecto de la magistrada Gabriela Villafuerte proponía declarar la inexistencia de uso indebido de recursos públicos, la mayoría del pleno consideró que era necesario ampliar las diligencias.

El proyecto señala que hay inconsistencias en los horarios de las bitácoras de vuelo proporcionadas por la autoridad.

El magistrado presidente, Rubén Lara, subrayó que se pueden hacer mayores investigaciones sobre las discordancias en las bitácoras de vuelo de la aeronave.

“Ahí hay unas manifestaciones encontradas o aparentemente encontradas con relación a qué hora fue el vuelo; a qué hora llegaron a la ciudad; a qué hora se llevó a cabo el primer evento, que me parece que tendríamos que investigar”, apuntó.

El magistrado en funciones, Gustavo César Pale, propuso solicitar información a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que remita información que pueda dar claridad a la inconsistencia de los horarios.

La magistrada Gabriela Villafuerte consideró que no hubo uso indebido de recursos públicos, porque los viajes se utilizaron para asistir a reuniones de seguridad.

“No se desconocen las inconsistencias del vuelo del avión y qué tiempo estuvo en Torreón y Hermosillo, pero también tenemos que confrontar todas las evidencias y respuestas que tenemos”, dijo

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