El Poder Judicial del Estado anunció la creación del Padrón de Personas Traductoras e Intérpretes, como una herramienta clave para garantizar que personas de pueblos originarios o de nacionalidad extranjera que enfrentan procesos judiciales tengan acceso pleno a la justicia, incluso si no dominan el idioma español.
Este padrón permitirá contar con especialistas certificados que puedan asistir a personas en situación de vulnerabilidad lingüística, asegurando que comprendan y participen adecuadamente en sus juicios.
A partir de la semana en curso, entró en vigor el acuerdo iniciado por María Ivet De La Mora Hernández, secretaria ejecutiva provisional del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Dicho acuerdo, publicad ya en el Periódico Oficial del Estado, establece los Lineamientos para la operatividad del centro de personas traductoras e intérpretes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y sus Servicios.
El mencionado documento busca garantizar de mejor manera los derechos humanos de los justiciables en especial las personas que no entiendan o hablen el idioma español o que tengan alguna discapacidad auditiva, oral o visual
El Poder Judicial del Estado podrá requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, información para saber si cuentan con un traductor o intérprete certificado.
Si lo tienen, pero se encuentra físicamente fuera del distrito judicial o incluso del Estado, se deberá privilegiar su asistencia por medios electrónicos, siempre y cuando haya el pleno consentimiento del solicitante.
De no encontrarse uno en los listados de las dependencias, se designará a un traductor o intérprete “práctico”, que conozca el idioma y la cultura de la persona indígena o extranjero, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma.
Todo traductor asumirá la obligación de confidencialidad respecto del contenido objeto del servicio y su conocimiento de las consecuencias legales en caso de su incumplimiento,
Del “Padrón de Personas Traductoras o Intérpretes del Poder Judicial”, el acuerdo recién publicado en el Periódico Oficial del Estado anuncia que próximamente se desarrollará.
Las personas enlistadas en ese padrón podrán quedar, además, inscritos en el Padrón de peritos de la Dirección de Profesiones de Gobierno del Estado o de instancia Federal.
La medida busca reforzar el respeto a los derechos humanos y la equidad en los procesos legales, alineándose con los compromisos internacionales de protección a comunidades indígenas y migrantes.
El Poder Judicial busca, de esa forma, que el acceso a un traductor o intérprete adecuado es un paso esencial para evitar discriminación y garantizar juicios justos.
