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Más de mil 500 kilómetros de carreteras federales en el estado de Chihuahua presentan condiciones de deterioro que van de malas a deplorables, afectando seriamente la conectividad y seguridad de los usuarios.

Dicha superficie dañada es más larga que la distancia que hay, por carretera, entre la ciudad de Chihuahua y la capital del país, que es de mil 370 kilómetros, aproximadamente.

Aunque el Gobierno Federal lanzó el programa ‘Bachetón’ para atender la infraestructura vial, especialistas y usuarios advierten que esta medida no será suficiente para enfrentar el nivel de daño acumulado en las principales rutas de la región.

El citado programa no contempló a Chihuahua en un inicio, pese a que el Gobierno del Estado había entregado un estudio en el que mostraba las malas condiciones en que se encuentran 15 tramos de carreteras federales.

El Bachetón, que tendrá un presupuesto de 4 mil millones de pesos, no sería suficiente ni para restaurar las vías terrestres de Chihuahua, menos las del resto del país, afirmó el senador chihuahuense Mario Vázquez Robles, en entrevista para Norte Digital.

El estudio elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno del Estado de Chihuahua revela que hay dos tramos, en particular, cuyo daño es tal que requieren de más de mil millones de pesos de inversión para dejarlas en condiciones óptimas.

El que menos inversión requiere, está ubicado en la sierra Tarahumara, motivaría una inversión de al menos 156 millones de pesos.

El diagnóstico de la SCOP se dio a conocer desde el año 2023, pero a la fecha no ha recibido respuesta de parte del Gobierno Federal.

Los 15 tramos que son “el salario del miedo”

Los mil 570.3 kilómetros dañados de carreteras están divididos en 15 tramos que van a dar, algunos, a estados vecinos o a la frontera del país con los Estados Unidos.

Su condición es tan mala que recuerda a las películas donde el protagonista debía hacer un recorrido por carretera lleno de riesgos, como aquella “El salario del miedo”, del cineasta francés Henri-Georges Clouzot.

El tramo más largo entre los que requiere reparación a fondo es el que va desde la estación La Junta, hasta los límites del estado de Sonora, el cual abarca una longitud de 212 kilómetros y requiere de una inversión de mil 272 millones de pesos para recuperar sus mejores formas.

Se trata de la continuación de la carretera Chihuahua a Cuauhtémoc, que sería necesaria para acceder al vecino estado de Sonora y, de ahí, a la costa del Pacífico.

El segundo más largo es el de Chihuahua-Ojinaga, de 180 kilómetros y que requiere de no menos de mil 80 millones de pesos de inversión para restauración.  Se trata de casi todo el camino entre la ciudad de Aldama y Ojinaga, en la frontera con Texas.

El tercero más dañado es el que va de Estación Sueco a  Janos, de 164 kilómetros y que necesita al menos 984 mdp de inversión.

Dicho tramo se conecta con el de Janos con los límites de Sonora, que también tienen daño. Son 55 kilómetros y necesitan 330 mdp para estar en condiciones mínimas de rodamiento.

Las malas condiciones en tramos como la carretera Chihuahua-Juárez y la ruta hacia el oeste del estado, así como a la frontera entre Ojinaga y Texas, han derivado en un incremento de accidentes y demoras para el transporte de mercancías.

Líderes de transporte y autoridades locales urgen a una intervención más profunda y con recursos suficientes para garantizar la rehabilitación completa de las carreteras en el corto plazo.

Apenas este martes se dio a conocer que Chihuahua siempre sí será incluido en el Bachetón. Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico de la SCOP del Gobierno estatal, el total de presupuesto no equivale ni a la mitad de lo que requiere Chihuahua, cercano a los 9 mil millones de pesos.

El jefe de Gobierno de Ontario, la mayor provincia de Canadá, Doug Ford, sugirió expulsar a México del T-MEC, al considerar que se ha convertido en la puerta trasera de China, dejando en desventaja a su país y a Estados Unidos, integrantes del T-MEC.

A través de sus redes sociales, el político canadiense acusó a la nación mexicana de poner en riesgo a las economías de quienes integran el tratado comercial.

“El libre comercio debe ser justo. Desde que firmó el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, México se ha convertido en una puerta trasera para que los automóviles, las piezas de automóviles y otros productos chinos ingresen a los mercados canadienses y estadounidenses, poniendo en riesgo los medios de vida de los trabajadores canadienses y estadounidenses, socavando a nuestras comunidades y causando un daño enorme a nuestro éxito económico compartido”, escribió.

“Si México no combate el transbordo, al menos igualando los aranceles canadienses y estadounidenses a las importaciones chinas, no debería tener un lugar en la mesa ni disfrutar del acceso a la mayor economía del mundo”, añadió.

Ford dejó entrever la posibilidad de que México no forme parte ya del tratado de los países de Norteamérica, lo que convertiría al T-MEC, en una relación Estados Unidos- Canadá.

“En cambio, debemos priorizar la asociación económica más estrecha del planeta negociando directamente un acuerdo de libre comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá que ponga en primer lugar a los trabajadores estadounidenses y canadienses”, añadió el político canadiense”, afirmó.

El diputado juarense Pedro Torres Estrada (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer la figura de la legítima defensa en beneficio de las mujeres que repelen las agresiones su pareja o de otros hombres y, en ese intento, terminan lesionándolos o incluso privándolos de la vida.

Torres equiparó su propuesta a la llamada “Ley Alina”, referente a la policía de Tijuana, Alina Mariel Narciso Tehuamixtle, quien inicialmente había sido sentenciada a 45 años de prisión por haber asesinado a su esposo cuando éste la agredía y la amenazaba.

Las mujeres en el país cada vez se detectan más casos de legítima defensa en donde mujeres luchan físicamente por defender su vida y como consecuencia su victimario muere, señaló el morenista.

Sin embargo, agregó, al no existir tratamiento desde el inicio con perspectiva de género, se catalogan estos casos como homicidios y las mujeres terminan purgando una condena en prisión.

Lo peor del caso es que se les da tratamiento de homicidas cuando en muchos casos se trata de legítima defensa, dijo Torres Estrada.

Para evitar que se cometan ese tipo de errores procesales, es necesario que las investigaciones y las personas juzgadoras actúen con perspectiva de género, recalcó.

Del caso de Alina, recordó que la sentencia quedó revocada por un de primera instancia de Baja California, pero se pudo haber evitado ese proceso si se hubiera tratado el caso con perspectiva de género.

Lamentablemente, continuó, el caso de “Alina” no es el único que se ha presentado, ya que existen ejemplos en Chihuahua, como el de María Guadalupe, de 19 años de edad.

El caso ocurrió en el 2015, cuando la joven estaba privada de su libertad y fue atacada a golpes por su pareja, quien armado e intoxicado la amenazó con ultrajarla y asesinarla.

En el forcejeo un arma se disparó y la pareja de María cayó herido. A ella se le acusó y sentenció por el delito de “homicidio en riña con carácter de provocado”.

“Ese tipo de casos demuestran el aumento de la violencia en contra de mujeres en el país, cada vez se detectan más casos de legítima defensa en donde mujeres luchan físicamente por defender su vida y como consecuencia, el victimario muere”, dijo.

Por lo tanto, es necesario que las investigaciones valoren las pruebas de un caso con un enfoque de género apropiado conlleva a producir sesgos que invisibilizan la violencia contra la mujer, contribuyendo a la impunidad.

Algo sumamente problemático si se tiene en cuenta que la impunidad perpetúa estereotipos negativos sobre las mujeres que terminan, culpabilizándolas o victimizándolas de su propia agresión.

Torres Estrada pide adicionar al artículo 28, fracción cuarta, un tercer párrafo y quedar de la siguiente manera:

También se presumirá legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando la agresión tuviere lugar en un contexto de violencia de género que abarque la violencia física, psicológica, sexual, familiar o feminicida y sea esta sea repelida.

La iniciativa será turnada a comisiones y, en fechas próximas, podría ser sometida a análisis para su posible votación.

El grupo parlamentario de Morena presentó este martes ante el Congreso del Estado una iniciativa para aplicar en Chihuahua la misma normativa de “austeridad republicana” que aplicó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno federal.

Entre otras medidas, la propuesta legislativa propone que ningún funcionario del ámbito local gane más que la persona a cargo del Poder Ejecutivo –en este caso, la gobernadora– y que esta, a su vez, no pueda percibir un ingreso mayor al de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También contempla limitar el uso de escoltas de seguridad, secretarios privados, asesores y el uso de vehículos oficiales.

La diputada Elizabeth Guzmán Argueta, presidenta del Congreso e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, fue la encargada de entablar esas propuestas, las cuales forman parte de la iniciativita con carácter de decreto, a efecto de expedir la Ley de Austeridad del Estado de Chihuahua.

En la tribuna del Congreso, la legisladora morenista sugirió que todos los gobiernos municipales y estatales, las entidades públicas e, incluso, las instituciones de educación, deberían de hacer sus propios programas de austeridad republicana.

De esa forma, agregó, podrán liberar recursos para ejercerlos en  programas de inversión pública y apoyo a la ciudadanía y  construcción de derechos.

Mencionó que el pasado 9 de octubre, la presidenta Claudia, Sheinbaum Pardo invitó a todos los congresos locales a tener una ley que pueda generar austeridad en todos los niveles de Gobierno.

Con esa acción, se puede erradicar la corrupción y los lujos en el gobierno y que el servidor público debe vivir en la justa medianía.

La iniciativa será turnada a comisiones y, llegado el momento, se discutirá para su votación, sea a favor o en contra.

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