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La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, advirtió que la reforma constitucional en materia judicial representa el riesgo de que las personas que deberían estar sentadas frente a un juez sean ahora quienes manejen los órganos de justicia.

En el marco del 199 aniversario de la fundación del TSJ de Chihuahua, Hernández Acosta pronunció un discurso en el que arremetió contra la reforma, sin mencionarla por su nombre, y a quienes la impulsaron desde los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“Una Constitución debilitada facilita la manipulación de quienes deberían estar sujetos a la ley y no por encima de ella”, dijo la magistrada, ante las decenas de personas que acudieron a la celebración.

Las reformas constitucionales, aseguró, amenazan con socavar “los cimientos mismos de nuestra democracia y nuestro sistema de justicia”.

Agregó que continuarán trabajando “hasta el último día”, a pesar de los agresivos embates que representan los actuales momentos que vivimos como juzgadoras y juzgadores”.

A lo largo de su discurso, planteó una serie de cuestionamientos a las personas presentes, con preguntas como: “¿Realmente creemos que reducir la independencia judicial y permitir la intervención directa de agentes políticos en las decisiones judiciales ayudará a combatir la corrupción? ¿A quién beneficia una Constitución debilitada?”.

Es todo lo contrario, afirmó: “cuando se debilita la autonomía de los jueces, se abre la puerta a la influencia y manipulación de quienes deberían estar sujetos a la ley, no por encima de ella”.

La titular del Poder Judicial del estado encabezó los festejos que incluyeron la conferencia magistral del doctor. Emilio Rabasa Gamboa, catedrático de la UNAM y articulista de El Universal, quien ha sido severo crítico de las reformas antes mencionadas.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Con 150 años de cárcel fue condenado Jorge Manuel C. E., tras acreditarse su responsabilidad en los homicidios de seis hombres, cometidos en distintos lugares del fraccionamiento Urbivilla del Prado, informó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, logró acreditar el delito durante un juicio oral, sobre los hechos en los que tuvo responsabilidad penal el acusado, los cuales se registraron el 8 de febrero del 2023, se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

Las investigaciones ministeriales establecieron que, el hoy culpable, acompañado de un menor de edad, entre las 11:30 horas y las 12:00 horas, a bordo de una camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet, color rojo y portando armas de fuego, acudieron a la calle Prados de la Alameda, en donde dispararon contra Tereso C. V., quién quedó herido, para luego perder la vida a consecuencia de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, se indicó.

Enseguida, se dirigieron a un domicilio que se localiza en el cruce de las calles Prados del Edén y Prados de la Alegría, en donde privaron de la vida a otra persona, para luego trasladarse a la intersección de las calles Prados del Paraíso y Prados de las Flores y privar de la vida a dos masculinos más, agrega el informe.

Posteriormente, se trasladaron a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Prados de las Haciendas y Prados del Paraíso, en donde accionaron sus armas contra dos hombres y los privaron de la vida, para luego huir del lugar a bordo de la camioneta, refiere el reporte.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención en los términos de la flagrancia, se recordó.

Concluido el proceso, en la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal Oral impuso la pena privativa de la libertad que, Jorge Manuel C. E. cumplirá internado en el Centro de Reinserción Social No. 3, además, se le condenó al pago de 9 millones 584 mil 867 pesos, apunta el comunicado.

(mr)

El pleno de la 68 Legislatura estatal aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie las carpetas de investigación a 12 posibles matrimonios entre, o con menores de edad, en los Registros Civiles de las comunidades de Riva Palacio, Ahumada, Guazapares, Julimes y Morelos.

La autoridad investigadora debe iniciar las averiguaciones para determinar la posible acción penal en contra de funcionarios del Registro Civil del Estado que realizaron matrimonios donde al menos uno de los contrayentes era menor de edad, afirmó la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante de la bancada de Morena, quien presentó la iniciativa.

De comprobarse ese hecho, quien haya celebrado esos matrimonios podría alcanzar los 22 años de prisión, según lo ha establecido la legislación federal en la materia, sobre todo, si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, dijo.

El exhorto a la FGE se deriva de una publicación periodística reciente, en la cual se informa de la celebración de 12 matrimonios irregulares celebrados en los municipios antes mencionados durante el 2023.

Las autoridades locales de esas oficinas del Registro Civil validaron los “matrimonios infantiles” a pesar de que, desde 2017, el Código Civil del Estado de Chihuahua establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, según se establece en el Artículo 136 del citado ordenamiento.

Además, el Senado de la República aprobó en marzo de 2023 una reforma al Código Penal que hace imprescriptible este delito, reforzando la importancia de su persecución y sanción.

Esta situación coloca a Chihuahua como el estado con mayor incidencia de matrimonios infantiles, pese a que el Código Penal Federal ya había señalado esta práctica como un delito, añadió la legisladora juarense.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua debe investigar a fondo estos casos y, en caso de comprobarse la comisión de delitos relacionados con matrimonios infantiles, deslindar responsabilidades conforme a la ley”, dijo.

La legisladora mencionó que el director del Registro Civil del Estado, Rafael Alejandro Corral Valverde, ha declarado que las actas de matrimonio de menores detectadas en este caso no tendrán validez legal.

La diputada Pérez Reyes subrayó que la presentación de este exhorto tiene como objetivo asegurar que no se repitan violaciones al Código Civil de esa especie, y que las autoridades actúen conforme a la ley para salvaguardar la integridad de los menores.

Por todo lo anterior, el Congreso aprobó el punto de acuerdo para pedir a la FGE para que se realicen las investigaciones adecuadas y se deslinden responsabilidades según corresponda al Código Penal.

Dentro de un hotel del centro de la ciudad fueron localizados 27 migrantes, quienes presentaban signos de inanición, deshidratación y fatiga, por lo cual fueron rescatados por personal de la Fuerza Especial SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

A través de un comunicado de prensa se informó que los hechos ocurrieron el 6 de noviembre, cuando los agentes de las Fuerzas Especiales detectaron a un par de sujetos sobre la calle Ocampo en la colonia Centro, quienes al percatarse de la presencia policial, intentaron huir, por lo que se les detuvo para ser revisados por protocolo de seguridad.

Tras intervención, el par de sujetos dijo haberse asustado por lo que procedieron a huir, además, mencionaron ser parte de un grupo migrante que se localizaba desde hace tiempo sin haber consumido alimentos al interior del hotel “San Juan”.

Tras dichas declaraciones, los elementos acompañaron al par para encontrarse con la totalidad del grupo, de los cuales 10 manifestaron ser originarios de Guatemala, 3 de Honduras, 2 de Ecuador, 11 provenientes de Nepal y uno más de El Salvador.

Los agentes de la SSPE, dieron aviso al Instituto Nacional de Migración (INM), con el objetivo de resguardarles y brindarles las atenciones humanitarias correspondientes, se informó.