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El coordinador parlamentario del PAN, José Alfredo Chávez Madrid, celebró que su partido “le cambió muchas comas” al proyecto de Presupuesto de Egresos que envió el Ejecutivo para el año 2025, al aprobar reservas para incrementar las partidas a programas de impacto social.

A decir del legislador panista, las reservas impulsas por su partido suman 70 millones de pesos, en tres diferentes partidas: 15 millones de pesos para ambulancias de terapia intensiva en la región noroeste, lo que asegurará atención médica oportuna en traslados críticos.

Además, se asignaron 25 millones para infraestructura vial segura, y 30 millones a municipios para fortalecer las obras locales que más necesita la ciudadanía.

La suma total no completa el 1 por ciento del total del presupuesto aprobado el pasado martes, que es de 107 mil 570 millones de pesos.

El líder de la bancada panista destacó que este presupuesto es producto del diálogo y la apertura, “donde sí se movió más de una coma, a diferencia del Presupuesto Federal, que no destinó recursos adicionales para el estado”.

Chávez resaltó que en el Presupuesto 2025 se destinarán 7 mil 761 millones de pesos a educación; 6 mil 340 millones a servicios de salud, y 5 mil 545 millones a seguridad pública, lo que da un total de 19 mil 646 mdp para esos rubros del gasto público.

“Este presupuesto apuesta por la gente. Aquí trabajamos para que haya más ambulancias, caminos seguros, justicia laboral eficiente y apoyo a los municipios. Se lograron recursos específicos que impactarán directamente en la calidad de vida de las familias de Chihuahua”, declaró Alfredo Chávez.

Finalmente, el coordinador destacó que este presupuesto no solo tiene un crecimiento del 3.5 por ciento en términos reales, sino que también es un ejercicio de responsabilidad financiera al no recurrir a deuda de largo plazo.

El Congreso del Estado aprobó el Paquete Económico 2025 del Gobierno del Estado sin incluir el refinanciamiento de una parte de la deuda pública estatal, en los términos que lo había propuesto el Poder Ejecutivo en su iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

Se trata de los llamados “Bonos Cupón Cero”, contratados con Banobras durante la administración del gobernador César Duarte, los cuales no requieren pago de amortización al principal, porque al Gobierno estatal solo le toca cubrir los intereses.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, disponible en su portal de Transparencia Digital, los bonos Cupón Cero sumaban 637 millones de pesos al inicio del 2024.

A lo largo del presente año, la administración estatal ha cubierto 36 millones 315 mil 486pesos, con lo cual, el saldo al mes de septiembre ya es de 295 millones 838 mil 664 pesos.

Al respecto, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador parlamentario de Morena, consideró que la cancelación de ese proyecto de reestructura fue uno de los “triunfos” que tuvo la sociedad en la discusión en torno al presupuesto estatal del 2025.

Los otros fueron los retiros de dos gravámenes: el incremento al ISN, de un 3 a un 4% sobre el valor total de las nóminas, y el impuesto del 1.5% a las plataformas digitales.

El morenista consideró que el Ejecutivo y la bancada del Partido Acción Nacional optaron por “bajar” la iniciativa, ya que para votar una reestructura se requiere mayoría calificada y está claro que no la tienen, por la presencia del grupo parlamentario de Morena.

Agregó que no había caso en refinanciar ese pasivo, pues es un adeudo que se cubrirá en siete años, a más tardar, por lo que era más conveniente dejarlo como está y liquidarlo a la fecha establecida.

Según información del Gobierno del Estado, disponible en su página de Transparencia, la deuda pública del estado suma 35 mil 282 millones 927 mil 204 pesos.

La mayor parte lo constituyen 20 créditos de largo plazo contraídos con instituciones de banca múltiple, por una suma de 33 mil 747 millones 513 mil 086 pesos.

A la cantidad anterior, se agregarían los 16 mil 320 mdp de los bonos carreteros, y 301 mdp de un crédito de corto plazo, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El extesorero de Manuel Benavides, Guillermo Santa Ana Cardiel, ha quedado inhabilitado para ocupar cargos públicos en los próximos 10 años, debido a que contrató y pagó servicios que nunca se le entregaron a la Administración municipal.

La aplicación de la sanción corrió a cargo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) a raíz de una revisión a la cuenta pública del 2019 de dicho Gobierno municipal, donde se encontraron las irregularidades cometidas por el hoy sancionado.

La Auditoría Superior del Estado (ASE), encontró en aquella revisión la existencia de un contrato y los pagos derivados del mismo a un particular, a quien solo se identificó por las letras inciailes de sus nombres y apellidos: M.S.S.T. para la recuperación del Impuesto sobre la Renta (ISR) sin que el servicio haya sido prestado.

Cabe destacar que para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta, los municipios no requerían realizar solicitud, trámite o procedimiento adicional ante la Secretaría de Hacienda encargada de la retención.

Tras lo anterior, la ASE integró la investigación bajo la presunta comisión de la falta administrativa grave de desvío de recursos, y, remitida al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) el tres de diciembre de 2021.

Al acreditarse la responsabilidad del imputado, la Cuarta Sala Unitaria del TEJA, a cargo del Magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza dictó la sentencia condenatoria que impide al exservidor público desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de diez años, así como la sanción económica citada antes.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para dirigir el Instituto Nacional de Migración (INM) durante casi seis años, hizo que las miradas del mundo se dirigieran a Ciudad Juárez, por una tragedia que a decir de diversos actores, pudo haberse evitado.

El funcionario federal concluyó su gestión hace unos días luego de que continuó con su cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sin embargo la marca que le dejan en su trayectoria 40 personas muertas y otras 27 lesionadas, no tan fácilmente podrá ser olvidada.

Las víctimas resultaron de un incendio dentro una instalación que dependía del INM y que funcionaba con diversas irregularidades que a la postre fueron la causa de una tragedia nunca antes vista en esta ciudad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enlistó algunas de las fallas que habrían originado la muerte masiva de migrantes que estaban “resguardados” en lo que se supone era una estación migratoria, pero con características de prisión, encerrados bajo llave.

Ese 27 de marzo de 2023, el fenómeno migratorio en América desnudó lo que realmente era: una tragedia en todas las dimensiones, por la falta de regulación del tránsito de miles de personas, con ausencia de políticas correctas, donde la vulnerabilidad de los más débiles quedó expuesta.

Las personas en movilidad hacinadas en un galerón, se molestaron porque los encargados de la estancia no les habrían proporcionado agua suficiente ni comida, aparte de que estaban indignados porque los detuvieron en las calles, sin importarles en algunos casos, que portaran una cita impresa, la cual habían gestionado mediante la aplicación CBP One.

Total que los migrantes terminaron con un encendedor en sus manos, con el cual prendieron unas colchonetas, las cuales ardieron en minutos y a pesar del humo y del peligro de muerte, nadie les abrió, porque no tuvieron autorización de los jefes. No había extinguidores, no salió agua para apagar el fuego, no había ventanas ni salidas de emergencia. Sucumbieron indefensos.

Fue así como del grupo de 67 migrantes, 40 murieron y el resto fueron salvados gracias a la llegada de los bomberos, quienes los sacaron y se les trasladó a hospitales.

Cuestionado sobre la tragedia, Francisco Garduño Yáñez negó que tuviera alguna responsabilidad, porque dijo haber estado a cientos de kilómetros y no tenía la culpa de que unos extranjeros hubieran decidido provocar el incendio y que ineficientes empleados hubieran perdido las llaves.

Las autoridades realizaron arrestos de varios funcionarios federales y un guardia, además de detener a dos venezolanos.

Francisco Garduño enfrenta una vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público, pero no por homicidio.

Lleva su proceso en libertad y en todas las entrevistas señala que confía en salir librado una vez que se dé la reparación del daño de las víctimas o sus familiares.

¿Desvío de recursos y extorsión a migrantes?

A Garduño se le ha señalado de haber dispuesto de casi 40 millones de pesos (recursos federales), nada más para acudir a firmar al Juzgado en Ciudad Juárez, simulando giras de trabajo cada 15 días.

Personal del propio INM, acusó a Garduño también de encabezar una mafia al interior del organismo, para presuntamente extorsionar a migrantes que viajan en aviones hasta la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, lo cual negó también al ser consultado por Norte Digital.