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El Gobierno del Estado promulgó la reforma al artículo IV de la Constitución Política de Chihuahua, mediante la cual se reconoce el derecho de toda persona a la actividad física y a la práctica del deporte, y se obliga a las autoridades estatales y municipales a promoverlo activamente, tanto en escuelas como en espacios públicos.

El decreto, publicado el miércoles 17 de julio, establece que la cultura física y el deporte adquieren carácter constitucional, lo que compromete a los Gobiernos estatal y municipales a fomentar estas actividades de manera incluyente y con acceso universal.

La reforma señala expresamente que corresponde a las autoridades promover la práctica del deporte, individual y colectivo, así como toda actividad física que contribuya al cuidado de la salud y al desarrollo integral de las personas.

Para ello, deberán habilitar instalaciones deportivas adecuadas, cercanas a las comunidades y con condiciones que permitan el acceso a toda la población, con especial atención a los entornos escolares.

El texto incorporado al artículo IV constitucional indica que “toda persona en Chihuahua tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”. Asimismo, se establece que una ley reglamentaria definirá las bases para garantizar el acceso a estos derechos y la participación de los sectores social y privado en su promoción.

La reforma se originó a partir de una iniciativa presentada el 21 de diciembre de 2024 por el diputado Hugo Marcelino Carreón Huitrón (PAN), quien recordó que desde 2011 el ordenamiento jurídico nacional reconoce al deporte y la cultura física como derechos fundamentales.

En su exposición de motivos, el legislador sostuvo que estas actividades son una prerrogativa que contribuye al desarrollo físico, social y emocional de las personas.

Con esta modificación, Chihuahua se alinea con principios de bienestar social y salud pública, al considerar el deporte no solo como recreación, sino como un derecho esencial para mejorar la calidad de vida y fortalecer la cohesión comunitaria.

Autoridades locales celebraron la reforma como un avance significativo para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva, al garantizar que niños, jóvenes y personas adultas mayores tengan oportunidades efectivas de ejercitarse y convivir en espacios seguros y adecuados.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAC) y el Poder Judicial firmaron un convenio de colaboración académica para profesionalizar a los servidores públicos que operan en el sistema de procuración e impartición de justicia.

El objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción y elevar la calidad del trabajo jurídico en la entidad, informó la FAC, en un comunicado de prensa.

El acuerdo fue suscrito por el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, quienes coincidieron en la importancia de capacitar de manera continua al personal encargado de integrar carpetas de investigación, procesar casos y dictar resoluciones judiciales en materia de hechos de corrupción.

Entre las acciones previstas en el convenio se incluyen:

Organización de capacitaciones, diplomados, conferencias, coloquios y seminarios sobre temas jurídicos clave

⁠Intercambio de publicaciones, criterios académicos y buenas prácticas

-Uso compartido de instalaciones con fines formativos

Diseño de convenios específicos con metas y calendario de trabajo

Durante su intervención, el fiscal Valenzuela subrayó que el acuerdo responde a una exigencia social clara, que es la de dar resultados efectivos en el combate a la corrupción.

“Este convenio refrenda la convicción de mejorar las capacidades técnicas y jurídicas del personal de la Fiscalía Anticorrupción, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige acciones contundentes y resultados efectivos”, expresó.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la magistrada Hernández Acosta al frente del Poder Judicial, al considerar que ha promovido una visión institucional sólida y comprometida con la legalidad.

Por su parte, las autoridades judiciales destacaron que el convenio representa un esfuerzo por consolidar una justicia más ágil, profesional y cercana a la ciudadanía, mediante la colaboración interinstitucional.

“Con estas acciones, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción sellan un compromiso conjunto por la profesionalización y el acceso al conocimiento, en favor de una justicia más eficiente y transparente”, concluyó Valenzuela.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se esperan lluvias en gran parte del estado de Chihuahua desde este jueves 17 y hasta el domingo 20 de julio, con mayor intensidad en municipios de la Sierra Tarahumara, debido a la interacción del Monzón Mexicano con un canal de baja presión y la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico.

El pronóstico indica que este jueves podrían registrarse precipitaciones de moderadas a fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en regiones del suroeste y oeste de la entidad, particularmente en Guadalupe y Calvo, Guazapares, Urique y Morelos.

Para viernes y sábado, las lluvias podrían intensificarse, alcanzando acumulaciones de hasta 75 milímetros en zonas del oeste, noroeste y suroeste del estado.

La CEPC advirtió que las condiciones podrían prolongarse hasta el domingo.

A su vez, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) exhortó a la población a mantenerse alerta factores de riesgo, como reducción de visibilidad en caminos y carreteras.

En un comunicado, la dependencia federal hizo un llamado a quienes viajarán en carretera a que tomen las siguientes precauciones:

Revisa llantas, luces y sistema parabrisas

Disminuye la velocidad y mantén distancia entre vehículos

Evita cruzar, ríos y arroyos.

Además, la CEPC hizo un llamado a consultar constantemente medios oficiales e institucionales para conocer los avisos más recientes.

En caso de emergencia, Protección Civil recordó que se puede reportar cualquier situación de riesgo llamando al 911, o si se requiere asistencia vial, al 074.

El Gobierno del Estado de Chihuahua emitió una declaratoria de emergencia estatal por las inundaciones fluviales y pluviales registradas en 63 municipios del territorio estatal, como consecuencia de las lluvias severas ocurridas entre el 13 de junio y el 6 de julio de este año.

La declaratoria, firmada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de julio, tiene como objetivo atender con prontitud las necesidades urgentes de la población afectada y coordinar acciones interinstitucionales para reducir los riesgos a la vida, la salud y la integridad de las personas.

El Consejo Estatal de Protección Civil informó que, en ese periodo, se registraron precipitaciones de hasta 226.2 milímetros en algunas regiones del estado, según datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Las lluvias provocaron daños en al menos 28 colonias del municipio de Juárez, así como en caminos, puentes e instalaciones educativas en otros puntos de la entidad.

Entre los municipios declarados en emergencia se encuentran Juárez y Chihuahua, que registraron inundaciones en diversas colonias y daños materiales cuantiosos tanto al equipamiento urbano como a las propiedades de las personas afectadas.

Además, están Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Chínipas, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémo y Cusihuiriachi.

También se incluyeron en la declaratoria a Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Galeana, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Julimes, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachi, Matamoros, Meoqui, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes.

Asimismo, a Ocampo, Ojinaga, Práxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachic, Urique, Uruachi, Valle de Zaragoza y Valle del Rosario.

La declaratoria establece que la Secretaría de Hacienda estatal realizará adecuaciones presupuestales para implementar apoyos a través de diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y la Secretaría de Desarrollo Rural. Los municipios afectados serán responsables de identificar y registrar a las personas damnificadas, quienes podrían recibir materiales de construcción, menaje de hogar y otros suministros de primera necesidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá comunicación permanente con las autoridades municipales para dar seguimiento a la evolución del fenómeno, así como a las acciones de prevención y respuesta.

El acuerdo entró en vigor el miércoles 16 de julio y permanecerá vigente hasta que el propio Consejo Estatal de Protección Civil determine, con base en reportes técnicos, que las condiciones de emergencia han sido superadas.