Edith Caballero

“Yo dije desde hace mucho rato que Maru Campos no va a la elección presidencial, es bien importante decirle”, fueron las palabras de la gobernadora Maru Campos al ser cuestionada sobre la reunión con el dirigente estatal del PAN en la Ciudad de México.

La mandataria descartó que tenga interés en la contienda, aún y cuando se le invite no buscará participar en la contienda del 2024 para sustituir el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Campos Galván señaló que tiene un compromiso con los chihuahuenses, ya que el trabajo dentro de la presente administración es arduo y difícil, ya que la situación financiera en la que encontró la administración era caótica.

“Vamos a seguir empujando el barco para que empiece a andar aquí en Chihuahua, porque no lo merecemos los chihuahuenses, después de 12 años muy difíciles”, recalcó.

Cabe destacar que desde hace tiempo la gobernadora era nombrada como posible aspirante a contender por el PAN para la presidencia de la república; hay que recordar la declaración realizada por la misma mandataria estatal el 5 de noviembre donde afirmó que se echaría un volado con Claudia Ruiz Masseiu para ver quién iría primero a contender como presidente.

“Somos comadres, yo creo que nos vamos a echar un volado a ver quién va primero”, fue la respuesta que en ese entonces dio de la Gobernadora de Chihuahua, luego de que la senadora por el PRI Claudia Ruíz Massieu declarara que ella sería la candidata por Acción Nacional para contender a este puesto.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y de Atención a Migrantes, presentó una propuesta de punto de acuerdo donde solicita a la Secretaría de Gobernación Federal la reactivación de los Grupo BETA del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua.

Estos grupos tienen la función de proporcionar ayuda y asistencia a las personas migrantes en movimiento, ubicados estratégicamente en puntos fronterizos, explicó.

Estos grupos de protección tienen su fundamento en la Ley de Migración, donde proporcionan ayuda humanitaria, asistencia migratoria y cuentan con equipo táctico para realizar rescates acuáticos, en montañas y desiertos.

Por lo anterior, la legisladora propuso que se asigne un titular y los respectivos agentes necesarios para cubrir la extensión territorial estatal, además se les otorgue presupuesto suficiente, así como estructura física desde la cual puedan llevar a cabo sus labores.

Expuso que a raíz de los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas, dicho instituto quedó “desarticulado” en el estado, puesto que los titulares de las áreas más importantes están siendo procesados judicialmente para determinar su responsabilidad en el siniestro ocurrido.

“Esta serie de acontecimientos han dejado en extrema dificultad al Instituto, quedando inoperante en Ciudad Juárez, ya que el encargado de despacho que fue designado, hasta la fecha no ha brindado una comunicación en la cual se pueda dar certeza de la operación del INM en Chihuahua. Esto es particularmente alarmante ya que la situación migratoria en Ciudad Juárez se encuentra en un momento crítico, estimándose más de 35 mil personas en condición de movilidad en esta frontera, y siguen llegando día con día.” expuso la diputada.

Así mismo, la diputada Zapata comentó que se debe regularizar la operación del INM, porque hay que tener la institución facultada para atender los temas migratorios, específicamente en la operación de los Grupos BETA, quienes coadyuvan con organismos internacionales, asociaciones civiles, autoridades municipales y estatales, para brindar atención a quienes la necesiten.

La propuesta de punto de acuerdo fue aprobada por la mayoría de los diputados de la Sexagésima Séptima Legislatura.

La diputada Ilse América García Soto informó que la situación en Casas Grandes y la región noroeste del estado es indignante, ya que la encargada del Ejecutivo Estatal solamente ha realizado una visita en todo el año y medio de su mandato para hacer publicidad.

Declaró que en ningún momento se han hablado de acontecimientos ocurridos en Colonia Juárez, ya que ni la gobernadora María Eugenia Campos, ni el fiscal de la Zona Noroeste, se han pronunciado ante la situación que ocurrió en días pasados donde se localizó un cuerpo colgando en la carretera.

“La gente de Colonia Juárez está angustiada, pero sobre todo, hay una preocupación por el tema económico. La región de Nuevo Casas Grandes se sostiene solamente por el tema turístico y gracias a este tipo de situaciones se va a la basura, siendo esfuerzo de la población la recuperación económica y no de ningún tipo de gobierno”, enfatizó la diputada.

Agregó que en la región noroeste se tiene más conocimiento del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ya que es el que actualmente impulsa la construcción de la carretera Bavispe – Chihuahua, en lugar de la gobernadora.

Respecto a la desaparición de un joven, quien a los días fue localizado muerto en el Río Anchondo, los familiares del fallecido buscaron una audiencia con la gobernadora y el entonces fiscal Roberto Fierro y no les fue posible.

Además de esto, existen quejas de infraestructura, como el caso de una avenida que se encuentra sin concluir, y que se presenta como obra de corrupción donde se ejercieron 42 millones de pesos.

“No vemos ni siquiera que la obra siga, no vemos resultados, ni vemos tampoco a la gobernadora o al actual secretario de Obras Públicas saliendo a decir las fecha límite para entregar esta obra”, enfatizó la legisladora.

Por último, exigió como diputada la atención de la mandataria estatal en cuanto al tema carretero, de seguridad, de educación e infraestructura de dicha región, para que se rindan cuentas y se conozcan, personalmente y no por medio de representantes, las necesidades de la gente.

El Movimiento Territorial y la Red de Jóvenes por México solicitaron a nivel nacional la expulsión del diputado Omar Bazán Flores, esto ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

A raíz de esto, el diputado Omar Bazán Flores declaró que se trata de una jugada por parte del partido para no dejarlo aspirar a la candidatura por la senaduría, ya que aparece en las encuestas para obtener un lugar en las boletas del año entrante.

“Es una jugada que planearon entre ellos, pretenden inhabilitarme. En caso de que se determine, nos defenderemos hasta las últimas consecuencias, y si la resolución sale a favor de ellos, me vuelvo a afiliar al PRI, nadie me puede negar mi derecho constitucional”, dijo el diputado.

Por ello, el funcionario informó que a las dos de la tarde acudiría a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia por difamación y daño moral hacia su persona. Según el legislador, esto solo quiere dividir el partido, enfatizando que él no recibe dinero en lo absoluto, ni siquiera en su puesto como diputado en la actual legislatura.

El legislador dijo que quien se encuentra detrás de esto es Graciela Ortiz, quien busca competir por la senaduría. Por lo que se están encargando de depurar el partido.

El dirigente estatal de Movimiento Territorial, Ricardo Santana, y el dirigente estatal de la Red de Jóvenes por México, Pedro Beristain, remarcaron que el legislador durante el tiempo en el que estuvo al frente de la Dirigencia Estatal adeudo más de 77 millones de pesos, lo cual calificaron como una mdp que se generaron por el ejercicio indebido del gasto de participación política.