Edith Caballero

Con el fin de obtener un espacio en alguno de los planteles pertenecientes a los 13 subsistemas de este nivel que operan en la entidad, más de 50 mil jóvenes presentaron la Evaluación Diagnóstica de Ingreso a Educación Media Superior.

Los municipios con la mayor cantidad de aspirantes fueron: Juárez con 20 mil 770, Chihuahua 12 mil 904, Delicias con 2 mil 657, Cuauhtémoc con 2 mil 488, Parral con 1,909, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes con 1,077.

Lo anterior lo informó la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) en un comunicado, donde se especifica que a nivel estatal se tuvo el registro total de 50 mil 102 personas, tanto de manera virtual en el Sistema de Información Educativa (SIE) como de forma presencial, para su ingreso al primer semestre del ciclo escolar 2024-2025.

La publicación de resultados será el viernes 19 de julio en la institución donde se realizó el examen de evaluación diagnóstica, y posteriormente, cada subsistema informará sobre las fechas y la documentación requerida para concluir el proceso de inscripción de quienes fueron aceptados.

Los subsistemas de Educación Media Superior participantes son:

– Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech)

– Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal-Cedart)

– Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach)

– Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep)

– Dirección General de Bachillerato (DGB)

– Preparatorias Federales por Cooperación (Prefeco)

– Preparatorias del Estado.

– Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua (SPAyT)

– Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DgetayCM)

– Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (Dgeti)

– Secretaría de Educación Pública (SEP)

– Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

– Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

Óscar Castrejón Rivas, diputado e integrante del Grupo Parlamentario de morena, envió a través del Congreso del Estado una serie de preguntas a la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, en torno a su estrategia de combate a la inseguridad y saber sí pese a resultados recientes, mantendrá en el cargo al actual Fiscal General.

El legislador Castrejón Rivas expuso que según cifras oficiales en 2021 se registraron 2 mil 739 homicidios dolosos, mientras que en 2022 fueron 2 mil 157 homicidios, una disminución en 600 casos, cuando era fiscal Roberto Fierro Duarte.

Sin embargo, como titular de la Fiscalia General César Jáuregui Moreno, en 2023 se contabilizaron 2 mil 120 homicidios dolosos.

“Mientras que en 2022 se disminuyeron 600 homicidios, en el 2023 solo disminuyó 37 homicidios, o sea, se perdió todo lo ganado en seguridad”, dijo el legislador.

También en una comparativa en los periodos enero a 17 de junio de 2023 sumaron 711 homicidios, y en el mismo lapso de 2024, van 922 homicidios dolosos, lo que indica de un 30 por ciento de incremento del índice delictivo.

A las cifras anteriores, el diputado le suma un incremento para este año de siete masacres y localización de seis fosas clandestinas en diversas regiones del estado.

Por lo anterior el congresista pide a la titular del ejecutivo estatal que responda dos preguntas acerca de cómo combate su gobierno a la inseguridad:

¿Con motivo del aumento de los índices delictivos en este semestre que va del 2024, piensa continuar igual en su plan de Gobierno en seguridad? y ¿Continuará con el mismo titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado y Fiscalía de zonas?

La diputada Georgina Zapata Lucero, dijo que, en los últimos meses, en distintas zonas del estado se han presentado diversos incendios los cuales han dejado innumerables daños a los ecosistemas.

Ante ello, la 67 Legislatura de Chihuahua, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destinar recursos para combatir los incendios que aquejan en el estado, esto con la finalidad de apoyar al personal que se encuentra combatiéndolos.

Comentó que los incendios forestales tienen varios impactos negativos sobre los procesos ecológicos y dañar recursos naturales, tales como pérdida de animales, pérdida de la vegetación y degradación del suelo, también pueden destruir hogares, amenazando la seguridad de la población y de las personas que lo combaten.

Además de que también pueden tener efectos indirectos como la erosión del suelo y la contaminación del agua y deslizamientos de tierra, sumado esto, plantas y árboles quedan más desprotegidos y pueden ser atacados por plagas que limitan su capacidad de crecimiento.

La legisladora dio a conocer que, de acuerdo a datos de la Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural, durante 2023 se atendieron 620 incendios forestales en la entidad, mismos que representaron un daño total de 143 mil hectáreas, cifras que, de acuerdo con estimaciones, podrían ser rebasadas este año debido a las condiciones que prevalecen.

Según el informe de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Chihuahua es la entidad con más emergencias debido a los incendios activos a la fecha con 16.

El personal de la Comisión Local de Búsqueda de Chihuahua, viajó a Colombia con el objetivo de estudiar el Modelo de Búsqueda en entornos con Contexto de Conflictos Armados.

Lo anterior como parte del proyecto “Justicia para las Personas Desaparecidas en Chihuahua” impulsado por la Asociación Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

En la visita, se conoció de primera mano el trabajo de acompañamiento que se lleva a cabo desde la perspectiva institucional, gubernamental y de las asociaciones civiles sobre los procesos de búsqueda de personas desaparecidas que se siguen en aquel país.

El compromiso institucional se enfoca en recabar las mejores prácticas para replicarlas en Chihuahua, como parte del plan de fortalecimiento para el seguimiento de casos de personas víctimas de desaparición en el estado.

El programa de estudios permitió al grupo multidisciplinario trabajar de forma presencial con la investigación de antecedentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición de Colombia, como el conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales que se creó con el punto 5 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Además, conocieron el trabajo interdisciplinario que realiza el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF), así como los mecanismos cautelares que implementó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger los lugares donde se presume que existen restos de personas desaparecidas.

Aunado a lo anterior, se tuvo una reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja que trabaja en Colombia, quienes participan de forma activa en la búsqueda de víctimas de conflictos armados y violencia y se estudió la forma de coordinación para la implementación de acciones humanitarias de búsqueda y desaparición que realiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), creada como parte del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016.

Se analizó la operatividad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Colombia; del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial.

Las prácticas se fortalecieron con las experiencias de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (ASFADDES), de la Corporación Humanitaria Reencuentros y la organización Equitas Centro Forense Integral, cuyo trabajo se enfoca en aplicar las ciencias forenses con enfoque integral para la prevención, esclarecimiento y justicia, frente a violaciones a los Derechos Humanos en Colombia.

Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Fortalecimiento de los Estados (USAID), la Fiscalía de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) continúa impulsando la capacitación, profesionalización y especialización de las y los servidores públicos con la finalidad de fortalecer permanentemente el sistema de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas.