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Jorge López Landó

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en la comunidad Ódami de Mala Noche, municipio de Guadalupe y Calvo, la entrega del Decreto de Propiedad Comunal mediante el cual se restituyen 3 mil hectáreas de tierra al pueblo Ódami, como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara.

Durante su mensaje, Sheinbaum afirmó que la restitución no representa una concesión, sino el reconocimiento de un derecho histórico.

“Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido. Hoy hacemos justicia territorial”, expresó.

Subrayó que fue hasta 2024, con la llamada Cuarta Transformación, cuando los pueblos originarios fueron reconocidos plenamente en la Constitución con todos sus derechos, tras décadas de exclusión histórica.

“Después de tantos años de independencia y de tantas constituciones, no se había reconocido en su magnitud la grandeza cultural de México, que viene de los pueblos originarios”, señaló.

Indicó que el siguiente paso es llevar estos derechos a la legislación secundaria, para garantizar que los recursos destinados a las comunidades indígenas sean permanentes y crecientes.

Explicó que los recursos federales se entregan de manera directa a las comunidades mediante asambleas, donde se elige un comité administrador, un comité de vigilancia y una tesorera, cargo que —destacó— debe ser ocupado por una mujer.

“Este es el año de las mujeres indígenas. Además, las mujeres somos quienes cuidamos los recursos de la familia, y ahora también cuidarán los recursos de la comunidad”, afirmó.

Detalló que en 2025 el presupuesto destinado a estos programas asciende a 12 mil millones de pesos, y que en 2026 será de al menos 13 mil 500 millones, con incrementos anuales en los años posteriores.

La presidenta anunció que las familias beneficiadas con las 3 mil hectáreas serán incorporadas al programa Sembrando Vida, con el objetivo de impulsar la producción forestal y agrícola, acompañado por la Conafor y la Semarnat.

“No solo se trata de entregar la tierra, sino de garantizar que haya recursos para sembrar, producir y desarrollarse”, indicó.

Infraestructura, salud y educación

Sheinbaum informó que, tras escuchar las demandas de la comunidad, se reforzarán las acciones en agua potable, electrificación y caminos, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En materia de salud, reconoció las dificultades para que médicos permanezcan en la región serrana, por lo que anunció la creación de centros de salud comunitarios, unidades con capacidad de hospitalización básica y un programa especial de incentivos para el personal médico.

Además, destacó el inicio de la construcción de una escuela de enfermería, con el propósito de formar personal de salud originario de la región.

“Queremos que las enfermeras y los médicos se formen aquí y se queden aquí, en sus comunidades”, dijo.

En educación, adelantó que se evaluará la necesidad de ampliar la red de escuelas con internado, para garantizar acceso educativo a niñas, niños y jóvenes de comunidades alejadas.

La presidenta reiteró que el Plan de Justicia se construye escuchando directamente a las comunidades y aseguró que el Gobierno Federal mantendrá su presencia en la Sierra Tarahumara.

“Aquí ustedes nos dicen qué hace falta. Nosotros escuchamos y trabajamos junto con ustedes”, afirmó.

“Volveré en un año”

Después de escuchar peticiones planteadas por habitantes de la región —electrificación, caminos, una universidad y hospitales—, Sheinbaum señaló que se llevará todas las solicitudes, aunque advirtió que se avanzará de manera gradual.

No obstante, se comprometió a regresar en un año para revisar el avance de las obras que se emprenderán en esta zona de la sierra de Chihuahua.

Al finalizar el acto, la presidenta entonó el Himno Nacional Mexicano junto a niños y jóvenes de la comunidad Ódami, sin música de acompañamiento.

El Gobierno de México entregará 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos a partir del próximo lunes, como pago al déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un comunicado oficial, la cancillería mexicana informó que ya se alcanzó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior.

Ambos dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026, señala la SRE.

“Apaíses reconocen la importancia crítica de las obligaciones de entrega de agua … y su impacto en nuestros ciudadanos y reafirman la necesidad de aumentar el compromiso para mejorar la gestión oportuna del agua.

En el comunicado, la cancillería detalla que los gobiernos de México y los Estados Unidos coincidieron en la necesidad de seguir trabajando en torno al Tratado de Aguas de 1944 y de la CILA/IBWC.

En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado, agrega.

No ha habido incumplimiento: SRE

Asimismo, la SRE subrayó que el Gobierno de México subraya que no ha incurrido en violación alguna a sus disposiciones.

México ha realizado entregas adicionales en un marco de intensa sequía, siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y de los limites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera, afirma la dependencia federal.

Las acciones emprendidas durante el último año muestran que México cumple conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos.

El Gobierno de México reitera su disposición a colaborar de manera constructiva con el Gobierno de los Estados Unidos sin afectar los intereses de su pueblo y la nación, concluye el comunicado.

Guadalupe y Calvo — La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, afirmó que su Gobierno comparte con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la convicción de atender el rezago histórico que enfrentan los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara.

Al participar en la ceremonia oficial “Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara: Decreto de propiedad comunal para el Pueblo Ódami”, en Guadalupe y Calvo, Campos Galván ofreció coordinación plena con el Gobierno Federal para avanzar en justicia social, dignidad y reconocimiento de las comunidades indígenas.

Durante el acto encabezado por la presidenta Sheinbaum en la comunidad de Santa Tulita, donde se firmó la restitución de tierras a pueblos originarios, la mandataria estatal dio la bienvenida a Sheinbaum y destacó que su presencia en Chihuahua confirma la disposición del Gobierno Federal para escuchar y atender las necesidades del estado.

“La política de altura es la que sabe coincidir en lo esencial. Hoy estamos aquí porque compartimos una convicción profunda: el rezago histórico que han vivido los pueblos originarios, particularmente en la sierra, es una herida que nos compete a todos”, expresó la mandataria de Chihuahua.

Agregó que su administración ha realizado un incremento histórico en la inversión destinada a la Sierra Tarahumara, con apoyos en materia de vivienda, salud y nutrición, además de la atención a contingencias que afectan de manera recurrente a las comunidades serranas.

En ese contexto, consideró que la restitución de tierras formalizada durante el evento es una muestra clara de que los gobiernos federal y estatal “caminan en la misma dirección” para garantizar justicia y dignidad a los pueblos originarios.

“Hoy, con esta firma de restitución de tierras, queda claro que avanzamos juntos en justicia, dignidad y reconocimiento para los pueblos originarios, y por ello te damos las gracias, presidenta”, señaló.

Mensaje de colaboración institucional

Campos Galván subrayó que, más allá de diferencias políticas, su gobierno está dispuesto a sumar esfuerzos y coordinar acciones con la Federación para impulsar el desarrollo de la región serrana.

“Quiero decirlo con claridad al Gobierno Federal: cuentan con este gobierno del Estado para avanzar juntos en favor de la Sierra Tarahumara y de su gente”, afirmó.

La mandataria estatal concluyó su mensaje destacando el orgullo por los pueblos originarios y su cultura, y llamó a trascender diferencias para trabajar de manera conjunta como nación.

La activista social y abogada Luz Estela “Lucha” Castro, junto con mujeres integrantes del movimiento El Barzón Chihuahua, dirigieron una carta pública a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, en la que le solicita atraer investigaciones penales archivadas en contra de miembros de la familia LeBarón, por presunta extracción ilegal de agua y agresiones violentas contra sus opositores.

El documento pide a Godoy Ramos retomar casos emblemáticos de violencia contra defensores del agua y del territorio en Chihuahua, que permanecen sin resolución.

Tras celebrar el nombramiento de Godoy como la primera mujer al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) y reconocer la detención del exgobernador César Duarte, las firmantes le solicitan reactivar las denuncias presentadas contra Julián LeBarón.

“No tendrás que empezar de cero”, advierten en la misiva.

Exigen retomar denuncias contra Julián LeBarón

La carta enfatiza la necesidad de que la FGR retome las denuncias penales interpuestas contra Julián LeBarón y otros integrantes de su familia, relacionadas con la perforación ilegal de pozos sin concesión para el riego de huertas nogaleras en el municipio de Buenaventura.

Las firmantes recuerdan que dichas denuncias fueron presentadas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pero que permanecen archivadas, pese a que —aseguran— existen elementos probatorios suficientes.

En ese contexto, mencionan acciones de resistencia comunitaria, como la cancelación de nueve pozos ilegales en los ejidos Benito Juárez y Constitución, donde la sobreexplotación del agua habría dejado sin suministro a comunidades y escuelas.

Crímenes impunes y demanda de justicia

El documento adquiere un tono particularmente grave al recordar el asesinato de los defensores de derechos humanos Manuelita Solís Contreras e Ismael Solorio Urrutia, ocurrido el 10 de octubre de 2012, tras encabezar la oposición comunitaria a proyectos extractivos y a la apropiación ilegal del agua.

Castro sostiene que ambos crímenes deben investigarse como posibles crímenes de Estado, toda vez que, previo al doble homicidio, las víctimas solicitaron protección al gobierno estatal durante la administración de César Duarte Jáquez, misma que fue negada pese a la advertencia expresa del riesgo.

“La negativa deliberada de protección compromete la responsabilidad del Estado”, afirma la abogada, quien solicita formalmente que la FGR atraiga la investigación con independencia, exhaustividad y perspectiva de derechos humanos.

Una lucha que sigue

Las mujeres barzonistas subrayan que la defensa del agua en Chihuahua no ha sido simbólica, sino que ha tenido un alto costo humano y social. Denuncian que durante años los intereses económicos en torno al agua fueron favorecidos mediante amparos judiciales, impidiendo la clausura definitiva de pozos ilegales.

Expresan su expectativa de que una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una FGR bajo nueva conducción permitan terminar con prácticas que, aseguran, beneficiaron durante décadas a intereses privados por encima del derecho humano al agua.

La carta concluye con una petición directa a Ernestina Godoy para que, tras más de una década de impunidad, se garantice verdad, justicia y reparación para las comunidades afectadas.

Entre las firmantes aparecen Alma Gómez Caballero, Siria Solís Solís, Minerva Maese Gómez, Lucha Castro, Laura Araceli Chávez y Araceli Olivas.

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