Jorge López Landó

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que su partido ganará las elecciones locales de 2027 con un amplio margen, y advirtió que tanto el PAN como el PRI tendrán una votación marginal que los dejará en condición de franca minoría.

De visita en Chihuahua, la dirigente morenista ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que su partido cuenta con más de la mitad de las intenciones del voto y, para sostener su dicho, mostró los resultados de una encuesta aplicada por un medio nacional, en la que se otorga al partido guinda el 51% de las preferencias electorales en el estado.

Además, añadió Alcalde Luján, solo en Chihuahua Morena ya tiene más militantes que el PAN en todo el territorio nacional, y mencionó una cifra cercana al cuarto de millón de personas afiliadas formalmente a ese partido político.

La dirigente estuvo en la capital del estado para encabezar los trabajos de creación de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación (CSDT), una estructura territorial del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Acompañada de Brighite Granados, presidenta estatal de Morena, del senador Juan Carlos Loera y de la senadora Andrea Chávez, afirmó que los programas sociales de la 4T en el estado superan los 24 mil millones de pesos y benefician a más de 800 mil derechohabientes, mientras que el gobierno estatal de Chihuahua —señaló— no tiene “ni un solo programa social”.

A trabajar casa por casa

Acerca del activismo de aspirantes a cargos de elección popular en 2027, Luisa María Alcalde hizo un llamado a trabajar “por tierra”, antes de gastar en carteleras espectaculares.

“El propio Consejo Nacional de Morena ya en su momento fue claro respecto a que hay que trabajar abajo, casa por casa”, dijo.

Señaló que en este momento su partido trabaja en la construcción de los comités seccionales, más que en precampañas.

“Muchos de los aspirantes son legisladores, pueden ser presidentes municipales, regidoras, regidores, o aspirar a diferentes encargos en todo el país”, comentó.

“Hay que trabajar abajo, casa por casa, puerta por puerta, hablando con la gente”, subrayó.

Ese trabajo, agregó, se debe realizar no porque estén en campaña, sino porque es una obligación permanente.

Finalmente, recalcó que se deben respetar los tiempos y lineamientos de la ley electoral. “Todos tenemos que cumplir con eso”, concluyó.

El diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez (PRI) apoyó al dirigente nacional de su partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, luego del enfrentamiento que tuvo en el Senado de la República con el aún presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña (Morena).

Ramírez, quien presidirá la mesa directiva del Congreso del Estado a partir del lunes, justificó los actos de su dirigente en la tribuna del Senado y acusó a Fernández Noroña de ser “un abusivo”.

“Noroña desató un ambiente de violencia y tiene que atenerse a las consecuencias”, dijo el priista.

Según su versión, fue el morenista quien agredió a Alito Moreno “esperando que no hubiera respuesta”.

Aseguró que tanto Fernández Noroña —a quien solo se refiere como “Noroña”— como el morenismo han hecho de la violencia su forma de lenguaje, tanto en su manera de hacer política como en las instituciones, donde recurren —dijo— a provocaciones, burlas, abusos de poder y un discurso de permanente confrontación que raya en la vulgaridad.

“La oposición cuenta con un hombre valiente en Alejandro Moreno Cárdenas, y aquí estamos los priistas de Chihuahua para respaldarlo sin dudarlo”, finalizó.

Diputado panista se solidariza con Alito

A su vez, el diputado panista Jorge Soto culpó a Fernández Noroña de todos los hechos violentos ocurridos en el Senado durante la sesión del miércoles 27 de agosto.

El diputado Soto señaló que el senador Alejandro Moreno “cayó en el juego del peor de los porros de Morena”, refiriéndose a Fernández Noroña, a quien describió como “impresentable” por sus despliegues de “soberbia, arrogancia, abuso y prepotencia”.

Según Soto, estas actitudes derivaron en un desenlace lamentable que marcó el final de la presidencia de Noroña en la mesa directiva del Senado, un hecho que calificó como una “vergüenza” para los poderes legislativos y para el país.

La jueza Delia Valentina Meléndez Olivas, quien protagonizó un altercado con el exgobernador César D. J. durante una audiencia, anunció su retiro tras 29 años de servicio en el Poder Judicial del Estado.

Durante casi dos décadas se desempeñó en el sistema judicial del Distrito Morelos (Chihuahua) y concluyó su labor con una visita de despedida a las unidades especializadas de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Aunque aún le faltaban dos años para completar dos décadas en el cargo que ocupó hasta el miércoles pasado, Meléndez decidió retirarse debido a la incertidumbre sobre la reforma constitucional que podría afectar su permanencia.

“No era justo volver a tener que pelear por lo que habíamos construido todos estos años”, señaló Meléndez Olivas, quien reconoció que su idea inicial no era jubilarse todavía, pues le faltaban dos años para llegar a las dos décadas en funciones.

El altercado con César D.J.

El 30 de noviembre de 2023, Meléndez negó al exgobernador la petición de continuar en libertad el proceso que se le sigue por peculado y asociación delictuosa en penalidad agravada, al haber desviado más de 96 millones de pesos del erario estatal hacia empresas fachada.

La decisión desató la furia del exmandatario, entonces interno en el Cereso 1 de San Guillermo, quien la acusó de violar sus derechos y la responsabilizó de cualquier afectación a su salud dentro de prisión.

“Usted ha abusado de la transparencia y de la buena ley. En cuanto supieron de qué se trataba el trámite que íbamos a hacer, hicieron su estrategia para cerrarnos la puerta una vez más”, exclamó con voz exaltada.

Durante casi 10 minutos, D.J. elevó el tono contra la juzgadora, pese a los llamados reiterados al orden.

“Usted se pasó la raya con la atribución de… y no hable, porque usted nos impide, casi nos impide con los ojos cuando nos atrevemos a abrir la boca”, dijo en su alegato.

Ante la negativa del acusado a guardar la calma, Meléndez le ordenó retirarse de la sala. Él respondió:

“—No lo voy a hacer; si quiere, que me saquen”.

“—Le estoy dando una instrucción”, replicó la jueza.

“—No, señorita… a mí no me manda”, contestó el exgobernador.

Días después, su defensa anunció que demandaría a Meléndez Olivas por presuntas violaciones al debido proceso y a la Constitución. El caso fue turnado a otro juzgado y, el 5 de junio de 2024, la jueza Hortensia García Ramírez otorgó a César D.J. la libertad bajo caución.

La despedida

La juzgadora, ahora en retiro, celebró el miércoles 27 de agosto su última audiencia, con lo que cerró una trayectoria profesional de 29 años, de los cuales 18 los dedicó a la función judicial como jueza de Control.

En su mensaje de despedida, destacó que su mayor convicción siempre fue imprimir un sello humano a la impartición de justicia.

“Me tocó ver de todo, pero me voy satisfecha de haber podido dar todo de mi parte”, expresó.

Durante su carrera, construyó una relación de apertura y cordialidad con agentes del Ministerio Público, quienes le manifestaron reconocimiento, gratitud y afecto por el profesionalismo con el que desempeñó su labor.

La jueza fue despedida con un prolongado aplauso por parte de colegas y personal de la Fiscalía, como muestra de respeto y reconocimiento a su contribución al sistema de justicia.

En resumen

Nombre completo: Delia Valentina Meléndez Olivas

Cargo: Jueza de Control, Distrito Morelos

Trayectoria profesional:

•⁠ ⁠29 años de carrera en el ámbito judicial

•⁠ ⁠18 años como jueza de Control en el sistema judicial del Distrito Morelos

Motivo de retiro:

•⁠ ⁠Decidió retirarse de manera anticipada por desacuerdo con la reforma judicial y la incertidumbre que esta genera.

•⁠ ⁠Declaración: “No era justo volver a tener que pelear por lo que habíamos construido todos estos años”.

Último acto en funciones:

•⁠ ⁠Realizó su última audiencia el miércoles 27 de agosto de 2025.

•⁠ ⁠Visitó las unidades especializadas de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro como despedida.

Reconocimientos:

•⁠ ⁠Destacó por imprimir un sello humano a la impartición de justicia.

•⁠ ⁠Recibió muestras de respeto, gratitud y afecto por parte de agentes del Ministerio Público y personal de la Fiscalía.

•⁠ ⁠Fue despedida con un prolongado aplauso por colegas y funcionarios.

Frase destacada:

“Me tocó ver de todo, pero me voy satisfecha de haber podido dar todo de mi parte”.

El exjefe del Departamento de Predial y Catastro de Ojinaga, Jesús A.Z., fue sancionado administrativamente por haberse quedado con dinero en efectivo proveniente del cobro del impuesto predial a contribuyentes del municipio.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que el exfuncionario recibió una sanción que consiste en 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, además de una multa por 33 mil pesos.

De acuerdo con la ASE, el entonces servidor público recibía pagos en efectivo de contribuyentes, pero posteriormente cancelaba las operaciones en el sistema para apropiarse del dinero en su beneficio. Esto ocurrió en 2021.

Como consecuencia, los contribuyentes aparecían en el sistema de la Presidencia Municipal de Ojinaga como deudores del predial, lo que dio pie a las investigaciones. Los auditores comprobaron que los pagos sí se habían realizado, pero nunca fueron ingresados a la Tesorería Municipal.

La ASE calificó esta práctica como fraudulenta y la detectó durante las revisiones anuales que realiza. Posteriormente presentó la denuncia administrativa ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

La falta fue catalogada como abuso de funciones, prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cabe señalar que el mismo funcionario ya había sido declarado culpable en un proceso penal por el delito de peculado agravado derivado de los mismos hechos.

Tras el desahogo del proceso legal, la Quinta Sala del TEJA resolvió la sanción de inhabilitación y la multa económica en su contra.

La ASE señaló que existen otros casos similares en dos municipios del estado, actualmente en proceso de resolución. Con esta determinación, el organismo suma 57 servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa grave al haber hecho mal uso de recursos públicos a su cargo.