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Jorge López Landó

El estado de Chihuahua tuvo un ligero repunte en el Índice de Competitividad Estatal 2025 (ICE), al ubicarse en el lugar número 8 entre las 32 entidades del país, en una medición global elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que incluye 53 indicadores de distintos ámbitos de la vida social, económica, política y administrativa.

Los indicadores, agrupados en seis subíndices, reflejan un desempeño desigual de la entidad durante el año 2024 (año base de la medición).

Mientras Chihuahua destacó en rubros como economía e innovación, quedó rezagado en áreas clave como seguridad pública, Estado de derecho y calidad gubernamental.

El IMCO utiliza este índice para medir la capacidad estructural de los estados para generar, atraer y retener talento e inversión, tanto nacional como extranjera. Los subíndices evaluados fueron Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de Trabajo, Sociedad y Medio Ambiente, Estado de Derecho, y Sistema Político y Gobiernos.

Cada subíndice recibe una calificación que va desde “Muy alta” hasta “Muy baja” competitividad.

Fortalezas y debilidades

Aunque Chihuahua logró colocarse en el “Top 10” del país, los resultados son dispares al analizar los subíndices e indicadores específicos.

Los mejores resultados los obtuvo en los ejes de Innovación y Economía y Mercado de Trabajo, en los que se ubicó en la sexta posición nacional. En Sociedad y Medio Ambiente se colocó en el lugar 12, con una calificación de competitividad “media-alta”.

En cambio, en Infraestructura y Sistema Político y Gobiernos, descendió hasta el lugar 15, mientras que en Estado de Derecho cayó hasta la posición 25, con una calificación de “media-baja”.

Lo bueno, lo malo y lo preocupante

Al interior de los subíndices se detectan contrastes marcados. Chihuahua figura entre los primeros lugares nacionales en algunos indicadores, pero en otros cae hasta el fondo del ranking.

Por ejemplo, en Mercado de Trabajo, destacó por el crecimiento en la creación de empleos formales registrados ante el IMSS y por la menor brecha salarial entre hombres y mujeres.

Sin embargo, obtuvo las peores calificaciones en grado de escolaridad, tasa de participación económica, población con ingresos debajo de la línea de bienestar y participación económica femenina.

En Innovación y Economía, logró calificaciones sobresalientes en exportación de mercancías y complejidad económica en sectores innovadores. No obstante, presenta alertas en indicadores como registro de patentes e intensidad energética de la economía.

Deuda e inseguridad, focos rojos

El subíndice de Estado de Derecho representa uno de los principales desafíos. Chihuahua ocupa el lugar 25 a nivel nacional, con malas calificaciones en homicidios (43.3 por cada 100 mil habitantes), robo de vehículos, incidencia delictiva, percepción de inseguridad y agresiones a periodistas.

En el subíndice Sistema Político y Gobiernos, la situación tampoco es alentadora. El indicador de deuda pública coloca al estado en el lugar 30. La participación ciudadana, medida por el porcentaje de votos emitidos respecto a la lista nominal, lo ubica en la posición 28; en consulta de información financiera pública, en el lugar 23; y en percepción de corrupción, en el 20.

Un mapa de competitividad

Según el IMCO, el Índice de Competitividad Estatal es una herramienta clave para comprender las fortalezas y debilidades de cada entidad en la atracción y retención de inversión y talento. El índice se actualiza anualmente y se basa en fuentes oficiales.

La diputada federal María Angélica “Manque” Granados Trespalacios, del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que las recientes reformas aprobadas en el Congreso de la Unión en materia de telecomunicaciones, inteligencia y control de datos personales, representan una regresión autoritaria impulsada por Morena y sus aliados, al eliminar contrapesos, debilitar órganos autónomos y abrir la puerta a la vigilancia masiva sin control judicial.

En conferencia de prensa, Granados Trespalacios advirtió que el periodo extraordinario celebrado entre el 23 de junio y el 2 de julio sirvió para aprobar un conjunto de leyes que, en su conjunto, “concentran el poder en el Ejecutivo, eliminan instancias independientes y vulneran los derechos humanos”.

Entre las reformas cuestionadas, señaló la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, que introduce el uso obligatorio de una CURP biométrica, medida que, si bien apunta a simplificar trámites, “implica riesgos por la concentración de datos sensibles en una sola instancia controlada por el Gobierno”.

También criticó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al considerar que elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo cual “afecta la libertad de expresión y el acceso plural a los medios”, y permite la geolocalización en tiempo real de los usuarios de telefonía móvil sin orden judicial, “una forma de vigilancia inconstitucional”, advirtió.

Otra modificación que consideró grave es la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, que otorga amplias facultades a la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas y recolectar información, también sin supervisión judicial. “Esto abre la puerta al espionaje político y la persecución”, denunció.

La legisladora panista también expresó su preocupación por la reforma en materia de lavado de dinero, ya que si bien busca alinearse a estándares internacionales, “impone mecanismos invasivos de control de información sin filtros legales”, lo que puede derivar en abusos contra ciudadanos sin garantías de defensa.

Finalmente, cuestionó la adscripción formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le otorga atribuciones de inteligencia y detención sin orden judicial.

“Todos estamos expuestos a que nos vigilen, nos aprehendan o investiguen sin controles ni rendición de cuentas. Estas reformas se aprobaron al vapor, sin dictámenes claros ni debate técnico. Se está debilitando el Estado de derecho en nombre de una supuesta modernización digital”, concluyó la diputada chihuahuense.

Con una inversión binacional de 51 millones de dólares, los Gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha la reconversión de una planta en Chiapas para la producción masiva de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG), con el objetivo de frenar su propagación hacia el centro y norte del país.

El arranque del proyecto se da luego de que estados del norte como Chihuahua, Sonora y Coahuila enfrentaran cierres fronterizos a la exportación de ganado en 2024, debido a brotes del parásito que afectaron el estatus sanitario del país.

La nueva planta, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, será capaz de producir más de 100 millones de moscas estériles por semana, que se liberarán estratégicamente para controlar la reproducción del GBG.

 Estas se sumarán a las que ya se generan en la planta de Panamá, como parte del programa regional contra esta plaga.

La producción de mosca estéril ha sido contemplada como una solución a la expansión de la plaga del gusano barrenador del ganado.

Durante el acto protocolario, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Julio Berdegué Sacristán, destacó que el complejo estará listo en el primer semestre de 2026 y contará con un sistema de bioseguridad BSL-2, que garantiza el manejo seguro de los insectos antes de su irradiación, proceso que los vuelve infértiles.

“La contención del gusano barrenador en el sur del país ha evitado que se repitan los impactos económicos que ya vivieron los ganaderos del norte, cuya producción fue afectada por bloqueos sanitarios a las exportaciones”, subrayó Berdegué.

Recordó que la estrategia nacional de erradicación inició en 2024 y que, gracias al trabajo coordinado con productores y autoridades estatales, se ha logrado contener la plaga durante ocho meses.

Por su parte, Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), aseguró que el personal especializado atiende gratuitamente a los animales afectados, sin sacrificar ganado ni imponer cuarentenas a las unidades productivas.

Las moscas estériles son liberadas en zonas controladas para cortar el ciclo reproductivo del parásito. El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) deposita sus larvas en heridas abiertas de animales, generando infecciones que pueden resultar mortales si no se atienden.

El secretario federal hizo un llamado a los ganaderos de todo el país a reportar de inmediato cualquier caso de gusanera para facilitar la respuesta temprana y contener su propagación.

Además del proyecto en Chiapas, Berdegué recorrió la nueva planta de producción de mosca del Mediterráneo estéril, inaugurada en 2021, que protege más de 250 cultivos hortofrutícolas mexicanos, con un valor de mercado estimado en 19 mil millones de dólares.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró la recuperación de 693 mil 200 pesos que fueron pagados sin justificación por el Ayuntamiento de Morelos a un particular, durante el ejercicio de la Cuenta Pública 2022.

La persona responsable, quien se desempeñaba como tesorero municipal, fue sancionada con 90 días de suspensión, informó el organismo, mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con la ASE, la revisión de los estados financieros del municipio reveló que el entonces tesorero autorizó un pago por una obra pública a una persona distinta de quien realmente ejecutó el trabajo, sin que existiera contrato alguno con el beneficiario del depósito.

La transferencia bancaria irregular motivó una investigación que fue turnada al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Durante el proceso, el exfuncionario admitió la anomalía, la cual calificó como un “error involuntario”.

En enero de 2025, al iniciarse formalmente la audiencia en el proceso de responsabilidad administrativa, el servidor público reintegró la totalidad del recurso a la hacienda municipal.

Sin embargo, el TEJA resolvió que el reembolso no fue espontáneo, ya que ocurrió dos años después de cometido el acto y solo tras el inicio del procedimiento legal.

Por ello, la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó que el funcionario incurrió en abuso de funciones y dictó como sanción la suspensión de 90 días del servicio público, sin goce de sueldo.

Cabe mencionar que el municipio de Morelos tenía un ingreso presupuestado de 77 mil 681 millones 421 mil pesos para el 2022.

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