Jorge López Landó

Desde hoy y hasta el próximo 10 de enero, 500 elementos estatales reforzarán con su presencia la vigilancia en las carreteras del estado al implementarse el programa “Bienvenido a Casa Paisano”.

Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que el objetivo del programa es que los paisanos que se internan al país, puedan circular con seguridad por las carreteras de Chihuahua.

Es por eso que se desplegarán al menos a 500 elementos estatales, quienes se ubicarán en 11 casetas de peaje y en puntos estratégicos de municipios como Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Jiménez y Ojinaga.

Adicionalmente, se contará con tres helicópteros ambulancia que sobrevolarán los principales tramos carreteros para dar atención en caso de registrarse algún accidente.

Durante el operativo implementado en 2024-2025 circularon por las carreteras del estado más de 131 mil vehículos.

A partir de este lunes, todas las escuelas del estado —de nivel básico y medio superior— estarán obligadas a contar con personal especializado en atención psicológica y con mecanismos de denuncia internos para enfrentar casos de violencia o acoso escolar.

El Gobierno del Estado publicó este sábado en el Periódico Oficial el Decreto LXVIII/RFLEY/0272/2025, que reforma la Ley Estatal de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la prevención y respuesta institucional ante situaciones de maltrato y bullying en las aulas.

Entre las disposiciones más relevantes, el decreto establece que cada plantel deberá disponer de áreas especializadas en psicología clínica y educativa, encargadas de prevenir y atender agresiones dentro del entorno escolar. El nuevo texto del artículo 14 indica que estas áreas deberán brindar acompañamiento emocional, tratamiento psicológico en casos de agresión, asesoría a docentes y familias, así como acciones para reducir efectos derivados del acoso escolar.

El documento señala que el Estado deberá promover gradualmente la incorporación de personal especializado, priorizando escuelas ubicadas en zonas catalogadas como de riesgo.

Las reformas al artículo 69 instruyen la realización de programas de capacitación y sensibilización sobre prevención del bullying, aplicando el Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, el artículo 145 ordena campañas públicas de información, prevención y concientización en instituciones públicas y privadas.

El artículo 13 añade la obligación de destinar recursos para investigar causas, efectos y mecanismos de solución al acoso escolar, y para fortalecer la innovación pedagógica.

Las modificaciones también alcanzan la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obligando a autoridades educativas a habilitar mecanismos de denuncia seguros, confidenciales y accesibles para estudiantes afectados. Estos podrán ser físicos o digitales, no tendrán costo y deberán permitir el reporte sin riesgo para la víctima.

Finalmente, el decreto establece que docentes, directivos y personal administrativo tendrán la obligación de reportar cualquier caso de violencia escolar, siguiendo las directrices del Protocolo Único.

Con estas reformas, Chihuahua busca que ninguna agresión quede sin atención y que la escuela deje de ser un espacio donde el silencio o la omisión sean la norma.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, respondió a los señalamientos del exgobernador Javier Corral Jurado, recordándole que fue su administración la que no atendió una denuncia presentada contra el gobierno de César Duarte Jáquez, además de haber permitido actos de corrupción dentro de su propio gabinete.

El intercambio comenzó luego de que Corral publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a la bancada de Morena por la ratificación de Acosta Félix al frente de la ASE. En respuesta, el auditor aseguró que el exmandatario combatió la corrupción “de forma selectiva y convenenciera”.

“No puede soportar —Corral Jurado— que la Auditoría Superior a mi cargo haya descubierto, en su propia administración y algunos casos estando él aún en funciones, hechos de alto impacto en materia de corrupción que hoy tienen sancionados, confesos, bajo proceso y/o prófugos”, afirmó Acosta.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook —y recordando que fue propuesto para el cargo por el propio Corral en 2019— el auditor negó estar beneficiando al exgobernador César Duarte o a la actual administración estatal.

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“Se le olvida que fue la ASE la que presentó una denuncia penal respecto de la última cuenta pública del gobierno de César Duarte, la cual nunca fue atendida por la fiscalía de su propia administración”, señaló.

Añadió que funcionarios de dicha fiscalía acudieron a su oficina para solicitarle cancelar los sellos de recibido y volver a presentar la denuncia, debido a que durante un año “olvidaron” realizar diligencias. “Obviamente me negué”, afirmó.

Acosta también recordó que varios exfuncionarios de la administración corralista —incluidos un exsecretario de Hacienda, el extitular de Comunicación Social y exservidores públicos de Salud— hoy enfrentan procesos penales derivados de observaciones de la ASE.

Asimismo, mencionó casos graves de corrupción documentados durante la gestión de Corral, como el fideicomiso para atender a niñas y niños víctimas de la violencia, además de irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Rural y en el Cecytech.

Tras rechazar señalamientos de protección al gobierno actual, el auditor invitó al exmandatario y hoy senador a consultar los informes oficiales.

“Parafraseándolo, por mí hablan mi trayectoria y mis actos; por él, ahora solo sus palabras”, remató.

A partir de este sábado 29 de noviembre, dejar en el abandono a una persona adulta mayor podrá derivar en penas de hasta cinco años de prisión en Chihuahua. El Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial el Decreto LXVIII/RFCOD/0281/2025, con el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para endurecer sanciones y proteger a las personas mayores.

Las modificaciones elevan los castigos por abandono y establecen nuevas penalizaciones para quienes se apropien, desvíen o usen indebidamente beneficios provenientes de programas sociales, recursos que por ley deben garantizar el bienestar de sectores vulnerables.

Las reformas alcanzan los artículos 154 y 221, e incorporan disposiciones adicionales a los artículos 220 y 223. El artículo 154 establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, o a un adulto mayor bajo su cuidado, enfrentará sanciones de uno a cinco años de prisión, aun cuando no se produzca lesión.

En el caso de médicos, profesionistas o auxiliares involucrados, podría añadirse suspensión del ejercicio profesional hasta por dos años.

De igual manera, si el abandono ocurre dentro de instituciones públicas o privadas de asistencia, la ley prevé suspensión laboral o profesional por el mismo periodo.

El decreto también adiciona un párrafo al artículo 220 y otro al 223, determinando que las sanciones aumentarán hasta en un tercio cuando la víctima sea una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad.

Las reformas al artículo 221, por su parte, sancionan el mal uso de apoyos sociales, incluyendo desvío de mercancías subsidiadas o disposición parcial o total de bienes provenientes de programas gubernamentales sin autorización ni derecho legal sobre ellos.

De acuerdo con el documento oficial, el objetivo es cerrar espacios de impunidad, evitar la apropiación de recursos destinados a adultos mayores y garantizar que el apoyo público se traduzca en protección real.adultos mayores