Jorge López Landó

Trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales retiraron más de 900 toneladas de materiales diversos arrastrados por el agua de las lluvias que se abatieron sobre la capital en los primeros días de la semana.

Los trabajados se centraron, particularmente, en las avenidas al sur de la ciudad, además de apoyar a los ciudadanos que resultaron con afectaciones en la colonia La Galera.

La Presidencia Municipal informó que se utilizó maquinaria pesada para el retiro de materiales y limpieza de las calles más afectadas por el paso los torrentes provocados por las lluvias.

Desde el pasado lunes se ha trabajado en la limpieza de las calles, de donde se han retirado aproximadamente 904 toneladas en un área comprendida por aproximadamente 14 mil 852 metros cuadrados.

Esto, en puntos como las calles Nueva España, 16 de Septiembre, Misión de Santa Barbara, Neandertal, Dinosaurio, entre otras tantas en un cuadrante que comprende desde la calle 15 hasta la calle del bordo y sobre el periférico Francisco R. Almada, desde la Misión de Santa Bárbara hasta la avenida Fuentes Mares.

Asimismo, desde temprana hora de este jueves, cuadrillas manuales se encuentran brindando el apoyo de retiro de pertenencias dañadas por la lluvia a vecinos de la colonia La Galera, a quienes colocan lo que desean que se retire a pie de banqueta y el personal del Gobierno Municipal se encarga de retirarlo.

Es importante mencionar que estos trabajos continuarán de forma permanente por parte del Gobierno Municipal en diversos puntos de la ciudad.

El senador por Chihuahua, Mario Vázquez Robles (PAN), advirtió que las recientes reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como “Ley Espía”, representan una amenaza directa contra la libertad de expresión, la privacidad de los ciudadanos y la protección de sus datos personales.

En conferencia de prensa, celebrada en Chihuahua, tras la aprobación del paquete legislativo impulsado por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, Vázquez Robles señaló que al menos seis reformas contienen disposiciones “peligrosas y regresivas”.

Entre ellas, agregó, se dejó abierta la posibilidad de censurar contenidos en medios electrónicos y redes sociales, así como la localización en tiempo real de personas mediante sus dispositivos sin una orden judicial.

Vázquez Robles comparó ese modelo con el “Gran hermano”, personaje de la novela de George Orwell “1984”, que era omnipresente y vigilaba cada acto de todas las personas.

El Gobierno de la 4T “es orwelliano”, dijo.

Podrán suspender programas en tiempo real

“Estas reformas permiten al Gobierno federal, bajo el argumento del derecho de audiencias, suspender transmisiones en tiempo real en televisión, radio e incluso redes sociales. Es una herramienta para silenciar voces críticas”, advirtió el legislador chihuahuense.

Asimismo, denunció que la reforma faculta al Estado a acceder a la ubicación de los usuarios en tiempo real a través de teléfonos móviles o computadoras, sin necesidad de autorización judicial ni controles ciudadanos. “Es una forma de espionaje institucional”, acusó.

Convierten a la CURP en un “Gran hermano”

Otro de los puntos que cuestionó fue la incorporación de datos biométricos —fotografías, huellas digitales e identificación facial— a la Clave Única de Registro de Población (CURP), que quedarán bajo control de la Agencia de Transformación Digital, entidad que también tendrá facultades sobre todos los trámites administrativos, sin importar si son del orden federal, estatal o municipal.

“El Gobierno centralizará toda la información personal y todos los trámites de los ciudadanos en una sola base de datos. Esto representa un riesgo inmenso para la seguridad y privacidad de millones de personas”, declaró Vázquez Robles.

Aunque el senador panista reconoció la importancia de legislar en materia de desapariciones forzadas —uno de los temas incluidos en el paquete—, lamentó que se haya empalmado la discusión con reformas que, a su juicio, abren la puerta al control absoluto del Estado sobre la vida pública y privada.

“Esto no es digitalización para la eficiencia del Estado, es una estrategia de control y vigilancia. Morena quiere tener todos los datos, todas las voces, todo el poder”, concluyó.

La Comisión de Juventud y Niñez del Congreso del Estado aprobó este miércoles la iniciativa que contempla adicionar a la ley una serie de acciones para la prevención, atención y erradicación del matrimonio forzado en Chihuahua.

Por unanimidad de votos de los miembros de dicha comisión, se aprobó adicionar una fracción VII, al artículo 53 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua en materia de prevención del matrimonio forzado.

De tal manera, las autoridades estatales y municipales, estarán obligadas a tomar medidas necesarias en casos de imposición de matrimonios forzados o cualquier forma de unión, a alguien de su misma condición o a una persona mayor de 18 años.

Las autoridades de todos los niveles deberán prevenir cualquier forma de unión que vulnere su desarrollo integral, su libre voluntad y su derecho a una vida libre de violencia.

La ley sancionará la coacción, inducción, solicitud, gestión u oferta, en cualquier forma, a una o varias de estas personas para que se unan de manera informal o consuetudinaria, con el propósito de convivir de manera constante y equiparable al matrimonio.

También, se votó en sentido positivo el proyecto que trata de visibilizar la perspectiva de juventudes en nuestra entidad, a través de diversas reformas a disposiciones de la Ley Estatal de Educación.

Se solicitó información a diversas instituciones de la administración estatal sobre el proyecto que pretende crear un registro de los niños y adolescentes en situación de abandono, a fin de brindarles las atenciones y servicios necesarios para su desarrollo humano y dignidad.

En esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las diputadas Magdalena Rentería en su calidad de presidenta, Jael Argüelles como secretaria en funciones y Yesenia Reyes como vocal.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado calificó como una “provocación imperdonable” las recientes apariciones públicas del exgobernador César Duarte Jáquez, quien en días recientes ofreció entrevistas y fue captado en video mientras bailaba en un evento social, poco después de conocerse un fallo judicial emitido en su favor por un tribunal civil de Texas.

En conferencia de prensa encabezada por la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán Argueta, la bancada morenista exigió reactivar las carpetas de investigación contra el exmandatario y urgieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar “sin omisiones” para resarcir el daño patrimonial causado durante su administración.

“Esta danza del cinismo representa una burla al pueblo de Chihuahua. No podemos normalizar que un saqueador como Duarte se exhiba con total impunidad, mientras no ha respondido por el saqueo al estado”, declaró Elizabeth Guzmán Argueta, actual presidenta del Congreso del Estado.

La legisladora lamentó que las instituciones de procuración de justicia no estén atendiendo el caso como un asunto prioritario y cuestionó el paradero de las investigaciones iniciadas desde hace años.

A su vez, la diputada Leticia Ortega Máynez subrayó que Duarte será recordado como el gobernador que “corrompió al poder judicial y a la oposición”, y que operó un sistema de desvío de recursos públicos por más de 6 mil millones de pesos, afectando directamente a la población.

Mencionó que, en su anterior gestión como diputada, entre 2016 y 2018, presenció la presentación de evidencias sobre adquisiciones simuladas, empresas fantasma y uso político de recursos públicos.

“El endeudamiento, el uso ilegal de aeronaves, las nóminas secretas y los sobornos están documentados. No podemos permitir que este personaje ande libre por las calles mientras se pretende borrar su historial de corrupción”, advirtió Ortega.

En tanto, el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, criticó tanto a la administración actual como a la anterior por su falta de resultados en la persecución judicial contra Duarte.

“Chihuahua no merece una telenovela cómica. El proceso debe resarcir el daño al estado y dejar un precedente para que esto no vuelva a suceder”, sostuvo.

Estrada cuestionó la falta de acciones del Gobierno estatal por no aportar pruebas en el juicio civil en Estados Unidos, donde finalmente no se logró una sentencia de fondo.