Jorge López Landó

La gobernadora Maru Campos Galván giró instrucciones para que inmediatamente se atienda todas las localidades afectadas por las lluvias, así como a los damnificados.

Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, informó que se han entregado apoyos emergentes en las regiones de Buenaventura (Flores Magón), Manuel Benavides, Guachochi, Juárez y Belisario Domínguez.

“El agua siempre será una bendición para nuestro estado, pero también puede generar afectaciones. Por eso, estamos atentos y preparados para dar respuestas rápidas y eficaces a las comunidades”, dijo.

Durante su visita, acompañado del presidente municipal de Bocoyna, Macario Hermosillo Pompa, entregó 150 despensas, 50 pliegos de hule, 100 láminas, 100 polines y 50 kits de limpieza, para dotar a las familias de insumos básicos para su alimentación y reparación de sus viviendas.

También informó que mantiene comunicación constante con los alcaldes Fernando García Villanueva, de Manuel Benavides y José Miguel Yáñez, de Guachochi, para dar seguimiento puntual a las necesidades que pudieran surgir en sus respectivas comunidades.

Loera reiteró su compromiso de mantener una relación cercana con la ciudadanía, a fin de seguir brindando el apoyo necesario.

La casa de bolsa Vector, intervenida actualmente por el Deparamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos por posibles actos de lavado de dinero del narcotráfico, recibió inversiones de Pensiones Civiles del Estado (PCE).

Los informes financieros trimestrales de PCE del año 2024 así lo revelan: “El monto de las inversiones a largo plazo se encuentra en Vector casa de bolsa y corresponde a las retenciones del trabajador del 12 por ciento y aportación patronal del 13 por ciento en el régimen de cuenta”.

El Gobierno de los Estados Unidos anunció ayer miércoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa– por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.

Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EU en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles.

“Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los carteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró en la nota el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¿Qué informó Vector sobre la acusación de EU?

Tras ser acusada de lavado de dinero por parte de la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Vector Casa de Bolsa rechazó totalmente la aseveración y recordó que no se han brindado pruebas contundentes a las autoridades mexicanas de estos actos.

“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, enfatizó.

A través de un comunicado, expresó que las inversiones de sus clientes están respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, mismos que están custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).

Recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro sobre sus acusaciones, no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas. Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.

¿Cuál es la acusación del Departamento del Tesoro?

“Además, las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente”, sostuvo la Casa de Bolsa.

Según el FinCEN, Vector ha facilitado las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. También ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.

Sin embargo, al reiterar que no se han presentado pruebas que sustenten lo anterior, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda en un marco de responsabilidad, legalidad y transparencia.

El Tribunal de Justicia No.7 del condado de El Paso, Texas, emitió un fallo a favor del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y de varios de sus familiares, en torno a la denuncia por enriquecimiento ilícito que había promovido el Gobierno del Estado de Chihuahua durante la gestión de Javier Corral Jurado.

El tribunal mencionado concedió a los acusados Cesar Horacio Duarte Jáquez y César Adrián Duarte, la moción tradicional y de no-pruebas en un proceso de juicio sumario, por lo que la demanda del Gobierno de Chihuahua quedó sin efecto.

El fallo se emitió el pasado 16 de junio, pero fue hasta este jueves 26 cuando la representación legal del exmandatario estatal recibió la notificación oficial.

Demandaremos a Corral: Abogado

Al respecto, el abogado Juan Carlos Mendoza, representante legal del exgobernador César Duarte Jáquez, afirmó que la administración de Javier Corral no presentó una sola prueba de cargo en contra de su representado.

En la querella presentada por el Gobierno de Corral, se señalaba que Duarte Jáquez y su familia tenían 50 propiedades en los Estados Unidos y más de 25 millones de dólares, que adquirieron con recursos públicos del estado.

“Esas famosas propiedades no existieron, fue una absoluta, completa y muy desafortunada mentira del señor Corral”, aseguró Mendoza.

En entrevista con Norte Digital, el litigante señaló que la única supuesta evidencia fue la testimonial de un exfuncionario del Gobierno corralista, cuya identidad se reservó”.

Agregó que en la investigación participaron autoridades federales estadounidenses, incluidos elementos del Departamento del Tesoro y del FBI.

“Ha quedado completamente absuelto de esa acusación. Se termina la investigación y cualquier probable seguimiento judicial en Estados Unidos”, afirmó Mendoza.

El abogado adelantó que, una vez recibido el engrose de la sentencia, la defensa analizará posibles acciones legales en contra del exgobernador Javier Corral.

“Unas ya están en proceso, otras las estamos preparando para que sean sólidas. Tenemos al menos dos en contra de él en lo particular”, sostuvo.

Hasta el momento, ni Corral ni las autoridades estadounidenses se han pronunciado públicamente sobre el fallo. Duarte Jáquez, quien fue extraditado de Estados Unidos a México en 2022, enfrenta aún otros procesos penales en territorio mexicano por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente del Gobierno de Chihuahua (2010–2016).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a las reglas que rigen el proceso de revocación de mandato en el estado de Chihuahua, al declarar constitucionales las disposiciones reformadas en la Ley de Participación Ciudadana local.

En sesión del Pleno, los ministros resolvieron que los artículos impugnados por legisladores del Congreso del Estado no violan la Constitución Federal, ni fueron aprobados de forma irregular.

Entre esos preceptos que recientemente aprobó el Legislativo de Chihuahua, están los que regulan los requisitos y la validez del ejercicio revocatorio.

El debate se centró en la acción de inconstitucionalidad 163/2024, promovida contra los artículos 32, 54, 57 fracción I y 60 de dicha ley, reformados por decreto publicado el 31 de agosto de 2024. Los promoventes cuestionaron que no se hubiera realizado un ejercicio de parlamento abierto, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso estatal.

Sin embargo, la Corte determinó que dicha omisión no invalida el proceso legislativo, ya que las reformas respondían a un mandato de armonización constitucional, derivado de la reforma federal en materia de revocación de mandato publicada en diciembre de 2019.

En otras palabras, al tratarse de una obligación para alinear la legislación local con la federal, el Congreso estatal tenía un margen limitado de decisión, y debía apegarse a los lineamientos ya establecidos en la Constitución nacional.

Las disposiciones avaladas establecen que, para iniciar un proceso de revocación de mandato se requiere el respaldo del 10 por ciento de la lista nominal del estado, lo que equivale a unas 280 mil firmas.

Asimismo, para que el resultado tenga efectos legales, debe participar al menos el 40% de los votantes registrados en la entidad.

La SCJN emitió su fallo el pasado 24 de junio de 2025, confirmando así la validez del instrumento ciudadano que permite a la población de Chihuahua decidir, en las urnas, si un gobernante debe o no concluir su mandato.