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Jorge López Landó

El proceso para elegir mediante el voto popular, por primera vez, a las personas que se encargarán de impartir justicia en las diversas materias que contempla la ley, terminó este viernes con la entrega de las constancias de mayoría a jueces de primera instancia que resultaron electos el pasado 1 de junio.

En una ceremonia efectuada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral entregó las constancias a 14 ganadores de elecciones para jueces de materia Civil; 15, de materia Familiar, 16, de Laboral y 2 de juzgados menores del Distrito Morelos, con cabecera en Chihuahua.

El proceso se dividió en los 15 distritos judiciales en los que está dividida la entidad, de los cuales, el Morelos es el más grande, con un total de 102 cargos en juego.

La elección más grande fue la de jueces de materia Penal, en la que se entregaron 47 constancias de mayoría: 24 a mujeres y 23 a hombres.

En las materias Civil y Laboral, la distribución fue absolutamente paritaria, ya que en la primera fueron 7 mujeres y 7 hombres, mientras que en el segundo fueron 8 por cada género.

En cuanto a lo Familiar, fueron 8 mujeres y 7 hombres, mientras que los juzgados menores tuvieron a dos hombres como ganadores.

Un proceso de muchas críticas

Hicimos este proceso en medio de muchos señalamientos, de muchas críticas… pero la mayor parte del tiempo, muy observados, señaló la presidenta del IEE, Yanko Durán.

Al pronunciar el discurso de cierre de la ceremonia, la titular del máximo órgano electoral del estado defendió el proceso electoral, mismo que ha sido blanco de duras críticas, señalamientos de supuestos fraudes y de uso de “acordeones” para inducir el voto en favor de determinados candidatos.

La consejera presidenta se refirió al proceso para elegir juzgadores mediante la emisión del voto en las urnas, el cual inició con una controvertida reforma constitucional en materia judicial, continuó con modificaciones a las leyes reglamentarias y a las constituciones de los estados.

Entre la emisión de la iniciativa, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la entrega de las primeras constancias de votación mayoritaria a jueces y magistrados, abundaron las descalificaciones a toda organización de los comicios.

“No tienen idea, pero no tienen ni idea, de lo que para nosotros desde el Instituto significa haber llegado hasta este momento”, agregó.

En la parte final de su discurso, Durán afirmó que, pese a todas esas críticas y acusaciones, el IEE ha entregado buenas cuentas a la ciudadanía chihuahuense.

“Y a ustedes, las personas candidatas que estuvieron inmersas en este proceso”, concluyó.

Hace tres años, un homicidio múltiple ocurrido en un lejano poblado de la sierra tarahumara que involucró a dos sacerdotes católicos sacudió a toda la estructura social de la región, golpeó a la clase política local y nacional, y motivó una larga cacería del presunto autor de ese crimen a quien solo encontraron sin vida.

El suceso ocurrió en el templo de Cerocahui, municipio de Urique, en lo profundo de la sierra chihuahuense, donde un conflicto que inició con un juego de beisbol culminó en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y de un promotor turístico, todo, ahí, frente a un altar que data de la época de la colonia.

Asesinan a dos sacerdotes y un civil en templo de Cerocahui

El 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas, Javier “El Gallito” Campos Morales y Joaquín “Morita” Mora Salazar, fueron abatidos por un hombre armado identificado como José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto líder criminal del grupo Gente Nueva, brazo del cártel de Sinaloa en la región.

El ataque ocurrió cuando una persona civil, identificada como Pedro Palma, guía de turistas local, buscó refugio en la iglesia tras ser perseguido y agredido por El Chueco. Al intentar protegerlo, los sacerdotes también fueron atacados. Los tres cuerpos fueron sustraídos por los agresores y localizados días después en la sierra tarahumara.

El crimen generó indignación nacional e internacional, especialmente por el respeto que la comunidad jesuita tenía en la región desde hacía décadas, y por el hecho de que ocurriera dentro de un templo.

La Compañía de Jesús en México denunció públicamente la impunidad y la violencia en la sierra, y exigió justicia.

A un año de la tragedia de Cerocahui, la violencia sacude a la Sierra

La indignación llegó hasta la misma iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Chihuahua, durante la misa de cuerpo presente de las dos víctimas de Cerocahui.

El sacerdote jesuita Javier “Pato” Ávila, quien pronunció la homilía de aquel servicio religioso, condenó la política se seguridad pública del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a la cual le atribuyó la oleada de violencia que había llegado a las mismísimas puertas de la iglesia.

“Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pedimos, señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien y esto es clamor popular”, dijo enfático El Pato Ávila, ante centenas de asistentes que abarrotaron el templo para dar el último adiós a los ahora llamados “Mártires de Cerocahui”.

A dos años de la tragedia en Cerocahui prevalece la impunidad en la Tarahumara: Padre Ávila

Durante meses, las autoridades emprendieron operativos para capturar a El Chueco. El 22 de marzo de 2023, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó la localización de su cuerpo sin vida en Choix, Sinaloa.

La propia FGE difundió imágenes del cadáver de Noriel tendido ya sin vida a la vera de un camino vecinal en los linderos de Chihuahua con Sinaloa. Tenía los ojos abiertos y varios impactos de bala en el cuerpo.

Aunque las autoridades cerraron así el caso, a tres años del crimen, el caso sigue siendo un símbolo de la violencia que afecta a comunidades indígenas y remotas del país, así como de los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y religiosos en regiones controladas por el crimen organizado.

La elección de jueces del Distrito Morelos arrojó resultados de magistrados, donde las candidatas mujeres tuvieron un mayor caudal de votación que sus pares hombres.

Para elegir jueces en materia Civil, la candidatura con mayor votación fue la de Marisol Campos Ruiz, con 26 mil 349 votos a su favor, mientras que, entre los candidatos hombres, Oscar Iván García Cevallos cerró con 23 mil 325.

La tendencia se sostuvo en el resto de la tabla, pues, de los 10 primeros lugares, seis fueron mujeres y cuatro hombres.

En la materia Penal, las cinco candidaturas más votadas fueron mujeres, entre las cuales, quien recibió la mayor cantidad de sufragios a favor fue Sylvia Padilla Chávez, con 14 mil 400.

Las otras cuatro candidaturas con más votación fueron mujeres y en sexto lugar aparece Miguel Alejandro Balderrama Aguilar, con 11 mil 416, quien fue el aspirante con más boletas a su favor.

En lo Laboral, Omar Villagómez Macias fue el más favorecido, con 22 mil 941, mientras que la candidata con más aceptación fue Lucía Lizeth Valdez Rascón, con 22 mil 656. Luego, los siguientes cuatro lugares los ocupan candidatas mujeres.

En la materia Familiar, Mónica Morales Reyes recibió 24 mil 760, la más votada entre las candidaturas para mujeres, mientras que Rafael Alexis Acosta Flores, ganador de la elección entre hombres, se quedó con 22 mil 213 boletas.

En total, 102 jueces electos

La Asamblea Distrital Morelos concluyó el cómputo de votos correspondiente a la elección de juezas y jueces de Primera Instancia y Menores del Poder Judicial del Estado el pasado 18 de junio.

En ese proceso se eligieron 102 jueces, de los cuales 47 son de la materia Penal; 14 Civil; 15 familiar, 16 Laboral y dos Menores.

El Distrito Judicial Morelos comprende los municipios de Gran Morelos, Dr. Belisario Domínguez, Aquiles Serdán, Aldama, Chihuahua, Riva Palacio, Santa Isabel y Satevó. En total, se computaron los votos de las 860 casillas instaladas en esta demarcación.

Las actas serán remitidas al Consejo Estatal del IEE para proceder a la asignación de cargos conforme a cada materia, respetando en todo momento el principio constitucional de paridad de género.

Una vez realizada la asignación, el Consejo Estatal podrá emitir la declaración de validez de la elección y convocar al acto de entrega de constancias de mayoría a quienes resulten electas y electos para los distintos juzgados en este distrito.

La agrupación “Alianza primero de junio” presentó un recurso ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para impugnar la elección de ocho magistrados electos, al considerar que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley e, incluso, en la Constitución del estado.

Entre las razones para cuestionar su llegada al máximo tribunal del estado, señalan que algunos de ellos no cumplieron con el requisito de tener al menos un 8 de promedio en su calificación escolar.

Otros, fueron inscritos como candidatos de manera directa, sin pasar por los procesos de selección establecidos en la convocatoria, pese a que no tenían la antigüedad necesaria para tener ese beneficio.

Los impugnados son Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, Emmanuel Chávez Chávez, Gerardo Javier Acosta Barrera y Marcela Herrera Sandoval.

“Advertimos con alarma el arribo a estos cargos de personas cuyos perfiles no fueron examinados rigurosamente conforme a los requisitos constitucionales de elegibilidad”, dice el comunicado emitido por la mencionada agrupación.

Pasaron “de panzazo”

Entre las impugnaciones, señalan que Rubén Aguilar Gil, Nyria Janette Trevizo Rivera y Cristina Guadalupe Sandoval Holguín no reúnen el requisito de contar con un promedio académico igual o superior a 8.

Además, al ya mencionado Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín y Emmanuel Chávez Chávez, se les exentó “indebidamente” de acreditar los requisitos legales por el solo hecho de ocupar cargos de secretaría de acuerdos en salas vacantes, sin ser magistradas o magistrados en funciones.

El mismo Aguilar Gil, así como José Luis Chacón Rodríguez y Gloria Angélica Mendoza Beltrán, no cuentan con experiencia comprobada de al menos tres años en la materia correspondiente a la magistratura por la que fueron electos.

Cabe destacar que tanto Rubén Aguilar Gil como Gloria Angélica Mendoza Beltrán fueron designados como secretarios de acuerdos durante el desarrollo del proceso electoral.

Esto “no solo evidencia un uso estratégico e indebido de dichos nombramientos, sino que apunta de manera directa a la utilización de cargos públicos para cometer fraude electoral”.

En cuanto a Gerardo Javier Acosta Barrera, aun siendo magistrado en funciones, se ha difundido información que hace presumir que tampoco cumple con el requisito del promedio académico mínimo.

Finalmente, en el caso de Marcela Herrera Sandoval, carece del perfil para el cargo, pues su  trayectoria se limita al ámbito académico y administrativo, lo que representa un riesgo para la adecuada impartición de justicia en una materia tan sensible como lo es la familiar.

El recurso llegó al TEE el pasado 18 de junio, cuatro días después de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) emitiera las constancias de mayoría a los magistrados ganadores.

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