Jorge López Landó

El abogado Jaime García Chávez emitió un mensaje en su cuenta de Facebook en el que señala que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, tiene abierto un expediente penal por enriquecimiento ilícito, abuso de atribuciones y facultades, y peculado.

El expediente contra quien fuera gobernador de Chihuahua en la segunda década del siglo XXI tiene el número AP/PGR/UEAF/001/2014-09 y, según García Chávez, aún está vigente.

Dicho expediente corresponde a una denuncia que él mismo presentó, a nombre de la agrupación civil “Unión Ciudadana”, en septiembre del año 2014, por lo que está a punto de cumplir 11 años de antigüedad.

Sin embargo, en su muro de Facebook, publicó una fotografía del exgobernador, de la rueda de prensa que celebró este miércoles 16 de junio, la cual tituló: “César Duarte, en Unión Ciudadana ya revisamos muy bien, y tienes una causa pendiente por corrupción política (Expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09)”.

•⁠ ⁠Un expediente de 100 mil fojas

En un articulo publicado por García Chávez en el diario digital sin embargo, en el 2023, la denuncia por enriquecimiento ilícito, abuso de atribuciones y facultades, y peculado se “engordó” con un expediente de más de 100 mil hojas.

Sin embargo, en el mismo artículo, afirma que la sustancia del presunto delito que denunció aquella vez estaba contenida en lo que cabe en un fólder ordinario.

La acusación giraba en torno a una asociación que realizó Duarte y su esposa, Bertha Gómez Fong, mediante un fideicomiso de 65 millones de pesos para comprar acciones de la entonces Unión de Crédito Progreso.

“Duarte reconoció el fideicomiso, su objeto, pero jamás pudo acreditar la procedencia legítima de ese recurso. Como dicen los abogados, tal cosa consta en autos. Pero no ha tenido la más mínima trascendencia”, dijo aquella vez.

Jaime García Chávez ha sido abogado laboralista, defensor de sindicatos opositores al oficialismo en las décadas de los 1970 a 1990.

Posteriormente, fue candidato a gobernador en el año de 1992, postulado por el PRD, partido del que fue dirigente años después, y electo diputado local en el 2004, año cundo apoyó la primera candidatura de Javier Corral al gobierno estatal.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se presentó ante los medios de comunicación de la capital del estado para sostener lo que su equipo de defensa expuso previamente, que los retenes de agua del rancho El Saucito eran legales.

Acompañado de su equipo de abogados, el exmandatario expresó que la presa mayor, la que destruyó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a principios de semana, existía desde la década de los 40 y que así consta en diversos documentos oficiales.

“El dato de que había 700 mil metros cúbicos de agua lo sacaron del permiso que le dieron a mi padre”, afirmó Duarte Jáquez, al tiempo que mostraba una réplica del permiso otorgado por la autoridad federal de la época, amplificada y colgada de una pared.

La presentación de quien fuera gobernador entre octubre de 2010 y septiembre de 2016 tuvo lugar en el despacho de abogados que conducen su defensa en contra de las acusaciones de peculado y asociación delictuosa que le formuló el gobierno del Estado durante la gestión de Javier Corral Jurado.

Posteriormente, el propio Duarte mostró a Norte Digital otra réplica de un mapa del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, fechado en el año de 1979, en el cual también aparece la presa que Conagua recién construyó.

Tanto el exmandatario como su grupo de defensores sostuvieron que el amparo no se le concedió a él, sino a un grupo de ejidatarios que recibía agua de las presas recién destruidas para irrigar sus cultivos.

Duarte subrayó que él no tramitó ningún amparo, pues no está en posesión del rancho e hizo ironía en torno a la liberación del agua contenida en las presas y represas del rancho El Saucito, pues no se ve de dónde puedan dotarlos de agua para sus parcelas.

La conferencia fue convocada por el abogado Juan Carlos Mendoza, en cuyo despacho se llevó a cabo en encuentro.

Un día antes, el titular de la Conagua en Chihuahua, Román Alcántar, informó que había concluido ya la destrucción de cuatro represas y el 95 por ciento de la presa mayor que se encontraban sobre el cauce del río El Saucito, ubicado en el rancho del mismo nombre, propiedad del exgobernador.

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado propondrá una reforma para eliminar la figura de los diputados de representación proporcional que acceden a una curul mediante listas partidistas, y que el Congreso se integre únicamente con legisladores que hayan sido candidatos en un distrito.

Así lo dio a conocer el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada morenista, durante un encuentro con organizaciones de abogados en la ciudad de Chihuahua, donde presentó los lineamientos de la iniciativa que será presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“La idea no es desaparecer la representación proporcional, sino darle un enfoque más justo, que esos espacios los ocupen quienes hicieron campaña, recorrieron calles y buscaron el voto ciudadano”, argumentó Estrada.

Actualmente, el Congreso local está compuesto por 33 diputadas y diputados: 22 son electos por mayoría relativa –uno por cada distrito– y 11 más por el principio de representación proporcional. De estos últimos, algunos acceden mediante listas registradas previamente por los partidos ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), y otros por prelación, es decir, por haber recibido una alta votación sin haber ganado su distrito.

Morena plantea eliminar la asignación directa por lista, y que todas las diputaciones plurinominales se asignen por prelación entre quienes participaron como candidatos, pero no alcanzaron la mayoría.

“Lo que queremos evitar es que lleguen al Congreso personas que no estuvieron en las boletas ni pidieron el voto directamente a los ciudadanos. Debe haber coherencia entre la representación y el esfuerzo democrático que implica una campaña”, señaló Estrada.

El legislador aclaró que esta modificación respetaría el sistema mixto del régimen electoral mexicano, que contempla tanto la representación mayoritaria como la proporcional, pero privilegiando a quienes se sometieron al escrutinio público.

De aprobarse, la reforma transformaría la forma en que se integra el Legislativo estatal, al dejar fuera a los llamados “diputados de lista”, cuya inclusión ha sido motivo de críticas por su falta de vínculo con el electorado.

La entrega de tarjetas bancarias para nuevos beneficiarios del programa de discapacidad del Gobierno Federal en Chihuahua, fue una experiencia tortuosa y prolongada para las personas que, por su condición, deberían recibir facilidades para recibir atención gubernamental.

Derechohabientes que pasaron por ese calvario informaron a Norte de Chihuahua que el pasado lunes se llevó a cabo la entrega de credenciales en un gimnasio ubicado al sur de la ciudad, donde pasaron todo tipo de incomodidades y hasta impedimentos para recibir lo que debería ser un apoyo oficial.

Según testimonios de derechohabientes que vivieron el proceso y pidieron permanecer en el anonimato, la logística del evento fue un desastre: falta de accesibilidad al recinto para personas que tienen problemas de desplazamiento, condiciones ambientales adversas y ausencia de apoyos básicos como intérpretes de lengua de señas, fueron algunos de los principales señalamientos.

El acceso al lugar estuvo limitado desde el inicio: la rampa y el espacio destinados para personas con discapacidad fueron bloqueados por una camioneta que, según reportaron asistentes, pertenecía a un empleado del gimnasio.

Por si eso no bastara, los accesos al edificio tenían escalones, lo que hacía casi imposible el tránsito para personas en sillas de ruedas.

La jornada se realizó en horario de 12 a 5 de la tarde, bajo altas temperaturas y con un sistema de ventilación insuficiente. Personas con oxígeno, discapacidad severa o necesidades médicas urgentes no recibieron trato prioritario, relataron los asistentes.

“La temperatura era insoportable, no había ventilación y muchos adultos mayores o personas con movilidad reducida sufrían mientras esperaban su turno”, explicó una de las personas presentes.

Otro aspecto señalado como grave fue la falta de un intérprete de lengua de señas, lo que generó confusión y desconcierto entre personas sordas que no entendían el procedimiento ni sabían cuándo sería su turno.

Si bien el personal de la Secretaría de Bienestar que se encontraba fuera del recinto ofreció atención ordenada y empática, el interior del gimnasio fue descrito por varios como caótico y poco respetuoso de las condiciones particulares de los asistentes.

“Es inaceptable que se obligue a las personas con discapacidad a desplazarse a un lugar sin accesibilidad para recibir una tarjeta. La inclusión no puede ser solo un discurso”, reclamó otro beneficiario.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades responsables del programa para que tomen en cuenta las necesidades reales de las personas con discapacidad y garanticen condiciones dignas, accesibles y organizadas en futuras convocatorias.

“La inclusión empieza con el respeto. No puede hablarse de bienestar si las personas más vulnerables son tratadas con negligencia o descuido”, concluyeron.