Jorge López Landó

La Presidencia Municipal de Chihuahua atendió a 2 mil 715 niños de escuelas primarias de la ciudad en la operación “Infancia saludable”, destinada a prevenir enfermedades desde la edad temprana.

A través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (Impas), se llevó el programa a 13 escuelas de educación básica de la ciudad en el primer semestre del año.

En el programa se realizaron actividades de nutrición, que incluyeron la medición de peso y talla para identificar posibles problemas y promover hábitos saludables.

En el área de odontología, se llevaron a cabo revisiones para detectar y tratar a tiempo padecimientos dentales.

Además, el Impas implementó terapia de lenguaje, aplicando tamizajes para identificar a estudiantes con dificultades en el habla y ofrecerles el apoyo necesario.

Finalmente, en tema de salud mental, se impartieron talleres enfocados en el desarrollo de “habilidades para la vida”, en fomento de la empatía y enseñar cómo construir una buena autoestima, así como estrategias para manejar sus emociones de manera efectiva.

Con el voto a favor de la bancada de Morena, el Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Chihuahua la contratación de dos financiamientos a largo plazo, por un total de 645 millones de pesos, destinados a infraestructura vial y seguridad pública.

En sesión de Período Extraordinario, el Poder Legislativo estatal dio luz verde para que el Gobierno de la capital contrate un crédito por 570 millones de pesos, que será utilizado para la construcción del paso superior en la intersección de carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, al sur de la ciudad, y el Paso superior en la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, en el norte.

Además, se agrega la obra de la gaza de incorporación del bulevar Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud, en el occidente.

Para dar seguimiento al ejercicio de este financiamiento y las obras proyectadas, se conformó una subcomisión legislativa plural, integrada por el diputado Jorge Soto Prieto (PAN), en calidad de coordinador; Brenda Ríos Prieto (Morena) y Roberto Arturo Medina Aguirre (PRI).

El segundo financiamiento aprobado asciende a 75 millones de pesos, recursos que se destinarán a la primera etapa de construcción de la comandancia de seguridad pública municipal en la zona Oriente, así como al equipamiento de comunicación y telecomunicaciones.

Condiciones de los créditos

Ambos créditos deberán formalizarse durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, y deberán estar totalmente liquidados a más tardar el primer día hábil bancario de septiembre de 2027.

Los contratos que se celebren deberán establecer condiciones tales como el plazo máximo en días, fecha específica de vencimiento, términos financieros como intereses, comisiones y condiciones, definidos en los instrumentos jurídicos respectivos.

Además, se establece que el Municipio no podrá formalizar los créditos en los últimos seis meses de su administración.

Los diputados Jorge Soto Prieto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, y Carla Rivas Martínez, integrante de la misma, tuvieron a su cargo la presentación del dictamen.

No es cheque en blanco: Morena

A su vez, la diputada Brenda Francisca Ríos Prieto (Morena) fijó la postura de su grupo parlamentario respecto a la autorización, al señalar que ya desde tiempo atrás se había dado el aval de parte del Legislativo, pero el alcalde de la capital, Marco Bonilla, no llevó a cabo la contratación.

La legisladora recordó que días atrás, en la Comisión de Presupuesto, logró que se aprobara su propuesta para la creación de una subcomisión especial que revisará puntualmente este tipo de créditos, con el fin de garantizar que cada peso se ejerza con transparencia y responsabilidad.

Desde tribuna, Ríos Prieto expresó que este debate no debería estar ocurriendo, ya que el crédito solicitado por el alcalde Marco Bonilla había sido previamente aprobado por el Congreso en septiembre del año pasado.

Sin embargo, señaló que el edil capitalino no cumplió con las obligaciones que permitieran ejercer esos recursos: no presentó proyectos ejecutivos, no firmó convenios y dejó pasar los plazos institucionales.

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena) inició una ruta de trabajo con la organización de la sociedad civil Alianza Nacional RegidorMX para emprender una consulta amplia con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de reformar la Ley General de Participación Ciudadana.

Como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Loera anunció que presentará una iniciativa para crear la Comisión de Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados.

Subrayó que esta propuesta no implicará aumento en el gasto público, sino una reorganización de recursos ya existentes, a fin de facilitar la presentación de iniciativas ciudadanas, que a menudo quedan rezagadas en el Congreso.

En la ceremonia de presentación, estuvieron presentes Sergio Meza de Anda, director del Plan Estratégico de Juárez y fundador de RegidorMX, así como representantes de la sociedad civil, la academia y organismos electorales.

Loera destacó el papel de RegidorMX en la construcción de mecanismos de democracia directa en Gobiernos locales. Señaló que su modelo de contraloría y participación social ya opera en 21 municipios del país.

Por su parte, Meza de Anda planteó la necesidad de una nueva Ley de Participación Ciudadana con propuestas surgidas desde la ciudadanía y con atención a las realidades locales, ya que, dijo, “cada zona tiene su propia interpretación de lo que es México”.

Agregó que es urgente rediseñar al municipio como orden de Gobierno, pues actualmente está limitado y depende en exceso de la federación.

Durante el conversatorio, los participantes coincidieron en que la participación ciudadana es un derecho humano, no una concesión política.

Abelamar Chacón Rodríguez, coordinador de RegidorMX en Chihuahua, sostuvo que no puede hablarse de democracia sin permitir la participación activa de la ciudadanía, más allá de los procesos electorales.

Pamela Pérez Gómez, de Política Colectiva, recalcó la necesidad de contar con reglas claras y accesibles para ejercer este derecho.

Entre los desafíos señalados se encuentran:

Altos umbrales para activar mecanismos

Falta de compromiso institucional

Escasez de recursos

Simulaciones en procesos de consulta

Asimismo, se compartieron experiencias exitosas como los presupuestos participativos, cabildos abiertos e iniciativas ciudadanas que han influido en decisiones públicas, especialmente en contextos con barreras de acceso reducidas.

Loera reiteró su convicción de que la participación ciudadana debe alcanzar rango constitucional, y que la sociedad civil tiene “la mayor claridad sobre los caminos a seguir”.

En ese sentido, mencionó al Plan Estratégico de Ciudad Juárez y su experiencia en el programa “La Escuela es Nuestra”, donde comunidades decidieron el destino de recursos federales.

“No se puede hablar de democracia sin la participación plena y real de toda la ciudadanía”, concluyó.

De manera unánime, el Congreso del Estado autorizó este miércoles a 66 municipios de la entidad contratar financiamientos en su modalidad de crédito simple, por una suma total de 2 mil 506.1 millones de pesos, cuyo pago estará garantizado con recursos federales.

El dinero que obtengan de esas líneas de financiamiento sólo se podrá destinar a proyectos de inversión pública productiva, según quedó establecido en el dictamen que aprobó el Legislativo, durante su sesión de Período Extraordinario de Sesiones efectuado este jueves 12 de junio.

El municipio que se le dio el margen más amplio de endeudamiento es Juárez, ya que podrá contratar créditos por un total de hasta 986 millones 960 mil pesos, cuyo pago esté garantizado por el fuente de pago al Fondo General de Participaciones, y otros 173 millones 800 mil pesos con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

En total, Juárez podrá contraer créditos por mil 160 millones 760 mil pesos.

Después de Juárez, Cuauhtémoc es el municipio con mayor margen de endeudamiento, con un total combinado de 96.4 millones, y Delicias con hasta 79 millones de pesos.

En contraste, municipios como Santa Isabel, El Tule o San Francisco de Conchos tienen techos de contratación más bajos, con cifras que van desde los 800 mil hasta los 4.6 millones de pesos, según el fondo de respaldo.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública y dictaminada en el Pleno con base en una reserva propuesta por la diputada Carla Rivas Martínez, mediante la cual se precisaron los montos máximos que podrá contratar cada municipio.

Estos límites dependerán del tipo de fondo que se comprometa como garantía: el Fondo General de Participaciones o el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Durante la sesión, el diputado Roberto Arturo Medina expuso que los créditos deberán cumplir con diversas condiciones: no podrán ser contratados durante los últimos seis meses de las administraciones municipales y deberán pagarse por completo a más tardar el primer día hábil bancario de septiembre de 2027, dentro del periodo constitucional vigente. Esto aplica tanto si los financiamientos se contratan en el ejercicio fiscal 2025, como en 2026.

Los municipios que decidan ejercer esta facultad deberán contar con un Acta de Cabildo que autorice la operación y detalle el proyecto u obra específica que se financiará, siempre y cuando pertenezca a los rubros de inversión pública autorizados por el Decreto.

El Decreto también señala que los importes aprobados no incluyen intereses, comisiones ni otros costos financieros, los cuales deberán establecerse en los contratos respectivos y no podrán hacer que se excedan los montos autorizados.

Finalmente, el dictamen del Congreso subrayó que cada crédito deberá respetar el Techo de Financiamiento Neto que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios permite a cada municipio, a fin de evitar comprometer su viabilidad financiera futura.