Jorge López Landó

Una acción conjunta entre fuerzas federales permitió la detención de cuatro presuntos extractores de combustible —conocidos como huachicoleros— en la sección municipal de El Sauz, en el municipio de Chihuahua.

El Gabinete de Seguridad Nacional informó que los detenidos fueron ubicados en las inmediaciones del poliducto Juárez–Chihuahua, donde sustraían combustible propiedad de Pemex.

Elementos del Ejército Mexicano y de Seguridad Física de Pemex aseguraron a los cuatro implicados, así como un tractocamión cisterna con 27 mil litros de hidrocarburo.

Por otra parte, fuentes del Gobierno del Estado confirmaron que durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre se desplegó un operativo adicional en la zona con el objetivo de desarticular bandas dedicadas al robo de combustible.

De forma extraoficial, se reportó que al menos 10 personas habrían sido detenidas hasta el momento, sin que se tenga registro de lesionados o fallecidos.

La presión sostenida de productores y comunidades obligó a que se confirmara el traslado de una comisión representativa a la Cámara de Diputados, en San Lázaro, para analizar y discutir el proyecto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

En un comunicado, Agricultores Unidos de Chihuahua —integrada por diversas agrupaciones de productores agrícolas y frutícolas— anunció lo anterior y rechazó las declaraciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del martes 25, cuando afirmó que no había razón para los bloqueos porque el diálogo “estaba abierto”.

La delegación que viajará a la capital del país estará integrada por miembros de la comunidad LeBarón, del noroeste; representantes menonitas de Casas Grandes y de las tres colonias de Cuauhtémoc; y el presidente de la Unión de Fruticultores (Unifrut).

Además, acudirán representantes del Sistema Producto Nuez; integrantes de la Red de Productores del Noroeste —que agrupa a más de 2 mil pequeños productores de frijol, manzana y ganado—; agricultores de las presas La Boquilla y Las Vírgenes; así como integrantes de Agricultores Unidos de Chihuahua, el movimiento “Las Adelitas”, el diputado Arturo Zubia y el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano.

Según el comunicado, la reunión no será un acto protocolario, sino un espacio para exigir modificaciones puntuales a los artículos de la iniciativa que —aseguran— ponen en riesgo la viabilidad del campo chihuahuense.

El manifiesto se dio a conocer después de dos días de acciones de protesta en el estado de Chihuahua, con bloqueos en diversos puntos carreteros, cruces internacionales y en tramos ferroviarios, en demanda de que no se apruebe la Ley de Aguas Nacionales en los términos en que está redactada.

“Nos pusieron la mesa de diálogo… en Zacatecas”

En su manifiesto, las organizaciones y asociaciones del sector productivo de Chihuahua rechazaron las declaraciones emitidas desde Palacio Nacional sobre la supuesta “apertura permanente” del Gobierno Federal para dialogar sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Según señalaron, la realidad muestra lo contrario: la falta de resultados y de escucha previa provocó que las movilizaciones sociales en el estado se convirtieran en el último recurso para exigir atención.

Otro punto de molestia es la realización de los foros federales sobre la reforma. Las asociaciones acusaron que el Gobierno Federal responsabiliza a los productores por no asistir, cuando el foro “más cercano” fue programado en Zacatecas.

Consideraron esta decisión como una muestra de falta de sensibilidad y desconocimiento territorial, pues coloca barreras geográficas, logísticas y económicas que limitan la participación real de quienes dependen del campo.

“La postura de Chihuahua es firme: sin agua no hay producción; sin producción no hay campo, y sin campo, México no come”, expresaron.

Reiteraron que la defensa del agua no responde a motivaciones políticas, sino a la necesidad de garantizar la supervivencia de miles de familias y la soberanía alimentaria del estado y del país.

Las organizaciones aclararon que su presencia en la Ciudad de México no busca legitimar decisiones ya definidas, sino exigir que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales sea corregida en los puntos que consideran lesivos para la entidad.

Subrayaron que esperan un diálogo auténtico, decisiones técnicas y no políticas, y un trato respetuoso hacia quienes sostienen al país desde la tierra.

Las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) efectuaron un despliegue en la cabecera municipal de Guachochi, un día después de que grupos delictivos se enfrentaran a balazos durante varias horas en diversos puntos de esa demarcación durante la tarde del lunes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que las fuerzas desplegadas en el municipio de Guachochi atendieron un reporte sobre un enfrentamiento entre civiles armados, ocurrido la noche de ayer lunes en la cabecera municipal.

Efectivos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, realizaron un despliegue operativo en el mencionado lugar, pero no encontraron personas heridas ni fallecidas a causa de impactos de bala.

Hasta la tarde de este martes, sólo se habían asegurado vehículos y armamento que los gatilleros dejaron abandonados antes de fugarse del lugar.

Entre esos objetos, está una camioneta pick up marca Ford, línea F150, modelo 2013 de color gris con reporte de robo en la ciudad de Chihuahua desde el 20 de octubre pasado. Tenía impactos producidos por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, en la calle Pascual Orozco, Policías Investigadores aseguraron un fusil calibre 7.62×39, abastecido con tres cartuchos, así como un chaleco táctico color negro.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.

En tanto, las autoridades mantienen las acciones de seguridad y de búsqueda de indicios del evento armado, ubicar a los probables responsables, y así como para reestablecer el orden y la paz.

Habitantes de Guachochi reportaron al número 911 que había un tiroteo tanto en la cabecera como en las zonas aledañas.

Vecinos reportan que, entre los sonidos del combate, se escucharon fuertes explosiones, además de las detonaciones de arma de fuego.

En redes sociales se difundieron videos donde se podían apreciar los disparos entre civiles presuntamente vinculados a algún grupo delictivo.

El enfrentamiento ocurre a menos de un mes de que siete personas fueran asesinadas en Guachochi en un tiroteo iniciado por gatilleros que dispararon a mansalva contra personas que estaban desarmadas. Entre las víctimas se encontraba un maestro de primaria.

Integrantes de la organización “Retén Ciudadano” tuvieron un altercado con guardias de seguridad de la Torre Legislativa del Congreso del Estado cuando intentaron ingresar al edificio para exigir a las coordinaciones parlamentarias una respuesta sobre su petición de reducir el cobro del Derecho Vehicular para el año 2026.

Después de varias horas de espera en la Plaza de Armas, frente a la Torre Legislativa, el contingente intentó entrar por la fuerza justo en el momento en que se celebraba la sesión ordinaria del Congreso. Sin embargo, fueron contenidos por los guardias, quienes dejaron la puerta entrecerrada y se colocaron frente a ella para impedir cualquier ingreso.

Rocío Martínez, en representación de Retén Ciudadano, informó que su organización ha solicitado reunirse con representantes de las seis fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, pero hasta este martes 25 ninguna de ellas los había recibido.

La reunión tiene como objetivo plantear la necesidad de revisar el cobro del Derecho Vehicular y ajustar a la baja las tarifas que se aplican a las personas de bajos ingresos, pues —señaló— la Constitución establece que las contribuciones deben ser proporcionales al ingreso de las y los ciudadanos.

“Reclamamos sobre el derecho de circulación vehicular, que es el origen de todos los males”, expresó la manifestante, mientras otros integrantes de la organización intentaban, sin éxito, entrar al edificio legislativo.

“Queremos hablar con los diputados y las diputadas, pero vea: nos han dejado plantados una y otra vez. Dijeron que nos iban a hablar y nunca nos hablaron”, reclamó.

En entrevista con Norte Digital, la representante reiteró la postura que Retén Ciudadano ha sostenido desde hace años: que el cobro del Derecho Vehicular sea proporcional al aumento del Salario Mínimo General.

Sin embargo —agregó— siempre reciben como respuesta que el Gobierno del Estado no tiene recursos suficientes y no puede prescindir de esos ingresos.

Finalmente, advirtió que Retén Ciudadano mantendrá su petición de reunirse con diputados de todos los partidos antes de que se dictamine el Paquete Económico del Gobierno del Estado para 2026, en el cual se incluirán los cobros vehiculares, entre otros gravámenes.