Jorge López Landó

El Congreso de la República del Perú declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusa de intervenir de manera indebida en los asuntos internos del país sudamericano.

La decisión fue aprobada este jueves 6 de noviembre con 63 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones, tras un debate en el que los legisladores peruanos reprocharon las declaraciones de la mandataria mexicana en defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones, destituido en 2022 tras intentar disolver el Congreso, así como el asilo político otorgado por México a su exprimera ministra, Betssy Chávez Chino.

“¡El Perú se respeta! El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú”, publicó el parlamento en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el dictamen aprobado, Sheinbaum habría emitido comentarios “ofensivos” contra el Gobierno de Dina Boluarte, al calificarlo como resultado de un “golpe de Estado” y al mantener un discurso de respaldo hacia Castillo y sus colaboradores.

El Congreso peruano también reprochó que la administración mexicana haya concedido asilo diplomático a Betssy Chávez, exprimera ministra procesada por los delitos de rebelión y conspiración, argumentando que esta acción constituye una intromisión en el sistema judicial de ese país.

Antecedentes de una relación tensa

La declaración de persona non grata contra Sheinbaum se suma a una serie de roces diplomáticos entre Lima y Ciudad de México desde 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue declarado no bienvenido en Perú por expresar su apoyo a Pedro Castillo y cuestionar la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte.

Aunque el pronunciamiento del Congreso peruano es simbólico y no implica consecuencias prácticas inmediatas, refleja la continuidad de una crisis diplomática que ha tensado las relaciones bilaterales entre ambos países, en particular por los casos de asilo político otorgados por México y las declaraciones de sus líderes sobre la política interna peruana.

Hasta el momento el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre el nuevo pronunciamiento del Congreso del Perú.

Con casi un mes de retraso, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó puntos de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatal y federal a atender a la población afectada por las inundaciones registradas en octubre en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, e incluir a los damnificados en los programas de apoyo que se aplican en otras entidades del país.

Durante la sesión del jueves 6 de noviembre, la diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN) presentó una iniciativa de punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría del Bienestar levantar un censo de damnificados en ambos municipios y otorgar apoyos directos a las familias afectadas.

En el mismo documento, pidió al Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitir la declaratoria de emergencia, la cual —recordó— no ha sido publicada a pesar de que el desastre ocurrió hace casi un mes.

Reyes Calzadías, quien la semana anterior no pudo presentar su propuesta por falta de quórum, señaló que los municipios del noroeste del estado sufrieron severas consecuencias por el temporal, pero no han sido contemplados en los programas federales que sí se activaron en otras regiones del país.

Explicó que, tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la Secretaría del Bienestar estableció el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, destinado a mitigar la vulnerabilidad de quienes enfrentan emergencias derivadas de fenómenos naturales o sociales.

Sin embargo —añadió—, los habitantes de la región noroeste desconocen dicho programa y no han recibido visitas de personal federal para registrar daños ni brindar apoyos como limpieza de viviendas, reposición de muebles o recuperación de documentos extraviados.

“En Chihuahua, al igual que en las tragedias del sur, la resiliencia de la sociedad civil ha sido heroica, estirando la mano una y otra vez por sus vecinos. Pero la solidaridad de la gente no debe sustituir la responsabilidad del Estado”, expresó Reyes Calzadías.

Finalmente, subrayó que la promesa de mitigar la vulnerabilidad de las personas en emergencia debe aplicarse por igual en todo el país, “desde las costas de Veracruz hasta la sierra de Chihuahua”.

Por su parte, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta presentó un exhorto adicional para que el Gobierno del Estado explique las razones por las cuales no se ha emitido aún la declaratoria de emergencia.

Asimismo, con 19 votos a favor y 10 abstenciones, fue aprobada una moción del diputado Carlos Olson San Vicente, en la que se solicita al Gobierno Federal informar por qué no ha atendido la declaratoria de emergencia por las lluvias intensas del pasado 30 de junio en el municipio de Chihuahua.

En ninguno de los puntos de acuerdo aprobados se mencionó al municipio de Juárez, donde más de 20 colonias resultaron afectadas y cientos de viviendas sufrieron daños por el desbordamiento de arroyos e inundaciones, sin que hasta la fecha se haya incluido a los damnificados en programas de apoyo oficiales.

El terreno es árido, cubierto de mezquites, piedras sueltas y espinas que se aferran al uniforme. Cada paso levanta polvo. Bajo un sol que quema, los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) avanzan en fila, atentos al más mínimo indicio. No es una caminata cualquiera: buscan personas que un día salieron de casa y nunca regresaron.

El operativo, desplegado por la Fiscalía General del Estado en el municipio de Hidalgo del Parral, concentra a 23 elementos de la Policía de Investigación que desde temprano recorren los alrededores del lugar conocido como Rancho El Aranjuez. Es una zona agreste, de caminos de terracería y matorrales espinosos, donde cada rincón puede ocultar una pista.

Mientras unos agentes cavan con palas pequeñas entre la tierra reseca, otros abren paso con machetes o revisan cañadas desde cuatrimotos. A lo lejos, el zumbido de un dron traza círculos sobre el paisaje ocre, intentando abarcar desde el aire lo que la vista humana apenas alcanza.

Hasta la tarde de este miércoles 5 de noviembre, no se había registrado ningún hallazgo. Pero la búsqueda continúa. “No podemos rendirnos”, se escucha entre los uniformes azul oscuro marcados con las siglas AEI.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que este operativo forma parte de las acciones permanentes para localizar a personas con estatus de no localización o desaparición. Aunque los resultados aún no llegan, las autoridades aseguraron que las labores ministeriales seguirán “hasta encontrar respuestas para las familias”.

La jornada de rastreo ocurre en paralelo al hallazgo de dos cuerpos sin vida en comunidades cercanas al municipio de Guadalupe y Calvo, ambos hombres con múltiples impactos de arma de fuego. En el sur de Chihuahua, la esperanza y la tragedia parecen cruzarse siempre en los mismos caminos de tierra.

Entre los arbustos y las piedras, los agentes avanzan despacio, con la mirada fija en el suelo. Cada objeto, cada fragmento, cada trozo de tela puede ser una clave. En ese silencio de campo, solo se escucha el crujido de las ramas secas bajo las botas: la búsqueda sigue.

La Policía de la Ciudad de México detuvo a un hombre identificado como Uriel Rivera Martínez, acusado de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un recorrido en el Centro Histórico.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el sujeto también fue denunciado por una joven de 25 años, quien señaló haber sido agredida por el mismo individuo en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras la denuncia, oficiales capitalinos ubicaron al presunto responsable de 33 años sobre Paseo de la Condesa y procedieron a su detención. La dependencia informó que el hombre fue señalado además por acosar a otra mujer entre las calles de Bolívar y Tacuba.

Uriel Rivera fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.