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Jorge López Landó

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes fue extraditado a Estados Unidos Marco Antonio López, identificado como uno de los operadores del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país.

El traslado se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición México–Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia norteamericano, que lo acusa de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y armas.

López fue entregado a agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde fue trasladado bajo custodia hacia California, donde enfrentará proceso penal ante la Corte Federal del Distrito Sur.

Los cargos: drogas, armas y conspiración

De acuerdo con la información oficial, el acusado es requerido por los delitos de:

•⁠  ⁠Asociación delictuosa para distribuir drogas en territorio estadounidense,

•⁠  ⁠Delitos contra la salud,

•⁠  ⁠Tentativa de exportar artículos de defensa sin licencia, y

•⁠  ⁠Contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México

Las autoridades estadounidenses sostienen que López coordinaba envíos de metanfetamina, cocaína y fentanilo, además de manejar una red logística para abastecer al Cártel de Sinaloa con armamento de alto poder procedente del mercado estadounidense.

Su captura en Baja California

Marco Antonio López fue detenido en febrero de 2024 durante un operativo conjunto en el municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la carpeta de investigación, mantenía vínculos con operadores del cártel en la franja fronteriza y era responsable de organizar cargamentos que cruzaban hacia California por pasos clandestinos, especialmente entre San Luis Río Colorado y Calexico.

Su aprehensión derivó de una solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por la FGR tras el requerimiento del gobierno estadounidense.

Fuentes judiciales citadas en el expediente señalan que López pertenece a la estructura criminal encabezada por los llamados “Chapitos”, herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su rol habría sido principalmente logístico y financiero, coordinando almacenamiento, traslado y protección de cargamentos entre Sonora, Baja California y el sur de Estados Unidos.

Entre 2018 y 2020, según la acusación norteamericana, habría participado en el tráfico de grandes volúmenes de drogas sintéticas, contribuyendo al auge de la red de distribución de fentanilo que colocó al Cártel de Sinaloa en la mira internacional.

Lo que representa su extradición

La entrega de Marco Antonio López a Estados Unidos se interpreta como un nuevo gesto de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.

La FGR destacó que con este caso se reafirma el compromiso del Estado mexicano de “evitar la impunidad de quienes cometen delitos graves que afectan la seguridad de ambos países”.

Con esta extradición, el Gobierno mexicano suma otro golpe a la estructura del Cártel de Sinaloa, tras las entregas previas de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, y de otros operadores relevantes procesados por narcotráfico.

Un mensaje para los cárteles

La detención y posterior entrega de López refuerzan la estrategia de desarticulación de redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

En el plano político, la acción se lee como una muestra de coordinación judicial entre México y Estados Unidos, en un contexto donde la presión internacional por frenar el tráfico de fentanilo se mantiene como una de las prioridades del gobierno estadounidense y en un momento en que el presidente de EU hace señalaminetos fuertes hacia la figura presidencial el vecino del sur.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el estado de Chihuahua fue el más violento del país durante el jueves 23 de octubre, al registrar nueve homicidios en el transcurso del día.

Es la quinta ocasión en lo que va de octubre que la entidad aparece en primer lugar nacional, lo que la mantiene entre los seis estados más violentos del país.

Después de Chihuahua se ubicó Sinaloa, con cuatro homicidios, y un grupo de seis entidades con tres casos cada una: Michoacán, Puebla, Baja California, Guerrero, Sonora y Jalisco.

En total, durante esa jornada se reportaron 48 homicidios dolosos en todo el país, cifra menor a los 63 registrados el día anterior. En promedio, durante octubre se han cometido 50 asesinatos diarios.

En los primeros 23 días de octubre, Chihuahua acumula 78 homicidios, lo que la coloca en el sexto lugar nacional, por debajo de Guanajuato (102), Estado de México (95), Sinaloa (92), Michoacán (86) y Baja California (81).

En contraste, Durango es la única entidad que no ha registrado un solo caso en lo que va del mes, mientras que Baja California Sur y Yucatán reportan solo uno.

A nivel nacional, la SSPC contabiliza mil 171 homicidios en los primeros 23 días de octubre.

Violencia en octubre

•⁠  ⁠9 homicidios en un solo día colocaron a Chihuahua como el estado más violento del país

•⁠  ⁠5 veces en octubre la entidad ha ocupado el primer lugar nacional en homicidios

•⁠  ⁠78 asesinatos en los primeros 23 días del mes

•⁠  ⁠6° lugar nacional en número total de homicidios

•⁠  ⁠1,171 homicidios registrados en todo el país durante octubre

•⁠  ⁠Durango es la única entidad sin homicidios este mes

•⁠  ⁠Promedio nacional: 50 asesinatos diarios

Cuauhtémoc, Chih.— La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó un operativo de inspección extraordinario en el Centro de Reinserción Social No. 7 (Cereso) de esta ciudad, con el propósito de mantener el orden y garantizar la seguridad al interior del penal.

La revisión comenzó durante las primeras horas de este jueves y se efectuó de manera interinstitucional, con la participación de más de 130 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y el Sistema Penitenciario Estatal.

Durante la intervención se revisaron más de 480 personas privadas de la libertad, con el objetivo de detectar y retirar objetos que representaran riesgos dentro del centro.

Como resultado, las autoridades aseguraron seis resistencias y cuatro puntas hechizas, mismas que fueron retiradas para fortalecer las condiciones de seguridad en el penal.

La SSPE informó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente de supervisión y control instruida por el secretario Gilberto Loya Chávez, enfocada en preservar la gobernabilidad y en garantizar condiciones adecuadas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Una grabación de apenas unos segundos fue suficiente para provocar indignación en todo Chihuahua. En el video, tomado dentro de un vehículo en Ciudad Madera durante los primeros días de octubre, se ve a dos jóvenes riendo mientras obligan a una perrita a beber cerveza. Entre risas, una de ellas sostiene el hocico del animal y le vierte la bebida directamente en la boca. La otra graba la escena.

El material fue compartido en redes sociales con frases burlonas como “Si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda”. En pocas horas, la publicación desató una ola de enojo y repudio. Los comentarios coincidían en una sola exigencia: castigo ejemplar.

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) confirmó que una de las jóvenes que aparece en el video era estudiante de su unidad en Ciudad Madera. A través de su Consejo de Calidad, la institución revisó los hechos y resolvió darla de baja definitiva.

En su comunicado, la universidad aclaró que la otra joven implicada no forma parte de su alumnado y que cualquier procedimiento en su contra corresponde a otras autoridades. Reiteró también su compromiso con la ética y el respeto a todas las formas de vida, subrayando que lo ocurrido “no representa a la UPNECH”.

El eco de la indignación

La expulsión no detuvo la discusión pública. Activistas y colectivos de protección animal denunciaron que el caso no podía cerrarse con una sanción académica. Exigieron que se presentaran denuncias formales por maltrato animal y que se garantizara atención médica para la mascota.

En redes sociales, cientos de usuarios replicaron el video y compartieron mensajes con las etiquetas #JusticiaParaLaPerrita y #UPNECHMadera. En las calles de Ciudad Madera, los vecinos reconocieron a las jóvenes y reclamaron que el caso se turnara a las autoridades competentes.

Días después, la joven expulsada intentó justificar sus actos. En publicaciones breves reconoció que “estuvo mal”, pero aseguró que la botella “tenía menos de la mitad” y que el animal “era suyo porque lo había rescatado”. Sin embargo, esas palabras no aplacaron la indignación; al contrario, reavivaron el debate sobre la falta de empatía y responsabilidad.

Poco después, las cuentas personales de ambas jóvenes fueron eliminadas o restringidas. Desde entonces, no se ha sabido más de ellas ni del estado del animal.

Hasta ahora, no existe confirmación de que alguna autoridad haya iniciado un proceso penal por maltrato. En Chihuahua, ese tipo de actos está tipificado como delito y puede implicar sanciones que van desde multas hasta cárcel.

Tampoco hay constancia pública de que la perrita haya sido localizada o recibiera atención veterinaria. Organizaciones locales han solicitado informes a las autoridades municipales y estatales, pero no se han emitido respuestas oficiales.

El caso trascendió los límites de Ciudad Madera y se convirtió en símbolo de una pregunta más profunda: ¿qué valores se están enseñando cuando quienes se preparan para educar se burlan del sufrimiento de un ser vivo?

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