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Jorge López Landó

El periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años, fue asesinado en Durango. Su cuerpo, con signos de violencia, fue encontrado envuelto en una cobija sobre la carretera Durango–Mazatlán, en el poblado Río Chico, junto a un mensaje intimidatorio que decía: “Por andar levantando falsos a la gente de Durango”, según reportes de la prensa local.

El comunicador había sido reportado como desaparecido desde el 23 de octubre, cuando fue visto por última vez por su hijo. Dos días después, fue localizado sin vida, confirmando uno de los crímenes más recientes contra la prensa mexicana en 2025.

Beltrán tenía una amplia trayectoria en medios locales como Contexto y La Voz de Durango, y en años recientes amplió su presencia en redes sociales. En TikTok se identificaba como El Capo y en Facebook mantenía la página La Gazzeta Dgo, desde donde publicaba denuncias sobre violencia, corrupción y presencia del crimen organizado en la región.

La SIP exige que el crimen no quede impune

Desde Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un pronunciamiento en el que condenó enérgicamente el asesinato y exigió a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos.

“En este momento de dolor y consternación, extendemos nuestra solidaridad a la familia, colegas y amistades de Miguel Ángel Beltrán. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que su asesinato no quede en la impunidad”, expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP y del grupo de medios Evening Post Publishing, de Charleston, Carolina del Sur, EU.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó la necesidad de investigar si el asesinato estuvo relacionado con su trabajo periodístico.

“Dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en asuntos de interés público y denuncias relacionadas con el crimen organizado, es necesario considerar esa línea de investigación desde el inicio”, señaló.

Un nuevo golpe a la libertad de prensa

Beltrán también fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Durango. Su asesinato se suma a una larga lista de crímenes contra periodistas en México, considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

La SIP recordó que ha documentado un patrón de impunidad y desprotección que agrava la vulnerabilidad del gremio, especialmente entre quienes investigan temas relacionados con el crimen organizado o irregularidades en gobiernos locales.

“Cada periodista asesinado representa una voz silenciada y una sociedad menos informada. Es urgente que este crimen no quede sin castigo”, concluyó la organización hemisférica.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes fue extraditado a Estados Unidos Marco Antonio López, identificado como uno de los operadores del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país.

El traslado se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición México–Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia norteamericano, que lo acusa de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y armas.

López fue entregado a agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde fue trasladado bajo custodia hacia California, donde enfrentará proceso penal ante la Corte Federal del Distrito Sur.

Los cargos: drogas, armas y conspiración

De acuerdo con la información oficial, el acusado es requerido por los delitos de:

•⁠  ⁠Asociación delictuosa para distribuir drogas en territorio estadounidense,

•⁠  ⁠Delitos contra la salud,

•⁠  ⁠Tentativa de exportar artículos de defensa sin licencia, y

•⁠  ⁠Contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México

Las autoridades estadounidenses sostienen que López coordinaba envíos de metanfetamina, cocaína y fentanilo, además de manejar una red logística para abastecer al Cártel de Sinaloa con armamento de alto poder procedente del mercado estadounidense.

Su captura en Baja California

Marco Antonio López fue detenido en febrero de 2024 durante un operativo conjunto en el municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la carpeta de investigación, mantenía vínculos con operadores del cártel en la franja fronteriza y era responsable de organizar cargamentos que cruzaban hacia California por pasos clandestinos, especialmente entre San Luis Río Colorado y Calexico.

Su aprehensión derivó de una solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por la FGR tras el requerimiento del gobierno estadounidense.

Fuentes judiciales citadas en el expediente señalan que López pertenece a la estructura criminal encabezada por los llamados “Chapitos”, herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su rol habría sido principalmente logístico y financiero, coordinando almacenamiento, traslado y protección de cargamentos entre Sonora, Baja California y el sur de Estados Unidos.

Entre 2018 y 2020, según la acusación norteamericana, habría participado en el tráfico de grandes volúmenes de drogas sintéticas, contribuyendo al auge de la red de distribución de fentanilo que colocó al Cártel de Sinaloa en la mira internacional.

Lo que representa su extradición

La entrega de Marco Antonio López a Estados Unidos se interpreta como un nuevo gesto de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.

La FGR destacó que con este caso se reafirma el compromiso del Estado mexicano de “evitar la impunidad de quienes cometen delitos graves que afectan la seguridad de ambos países”.

Con esta extradición, el Gobierno mexicano suma otro golpe a la estructura del Cártel de Sinaloa, tras las entregas previas de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, y de otros operadores relevantes procesados por narcotráfico.

Un mensaje para los cárteles

La detención y posterior entrega de López refuerzan la estrategia de desarticulación de redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

En el plano político, la acción se lee como una muestra de coordinación judicial entre México y Estados Unidos, en un contexto donde la presión internacional por frenar el tráfico de fentanilo se mantiene como una de las prioridades del gobierno estadounidense y en un momento en que el presidente de EU hace señalaminetos fuertes hacia la figura presidencial el vecino del sur.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el estado de Chihuahua fue el más violento del país durante el jueves 23 de octubre, al registrar nueve homicidios en el transcurso del día.

Es la quinta ocasión en lo que va de octubre que la entidad aparece en primer lugar nacional, lo que la mantiene entre los seis estados más violentos del país.

Después de Chihuahua se ubicó Sinaloa, con cuatro homicidios, y un grupo de seis entidades con tres casos cada una: Michoacán, Puebla, Baja California, Guerrero, Sonora y Jalisco.

En total, durante esa jornada se reportaron 48 homicidios dolosos en todo el país, cifra menor a los 63 registrados el día anterior. En promedio, durante octubre se han cometido 50 asesinatos diarios.

En los primeros 23 días de octubre, Chihuahua acumula 78 homicidios, lo que la coloca en el sexto lugar nacional, por debajo de Guanajuato (102), Estado de México (95), Sinaloa (92), Michoacán (86) y Baja California (81).

En contraste, Durango es la única entidad que no ha registrado un solo caso en lo que va del mes, mientras que Baja California Sur y Yucatán reportan solo uno.

A nivel nacional, la SSPC contabiliza mil 171 homicidios en los primeros 23 días de octubre.

Violencia en octubre

•⁠  ⁠9 homicidios en un solo día colocaron a Chihuahua como el estado más violento del país

•⁠  ⁠5 veces en octubre la entidad ha ocupado el primer lugar nacional en homicidios

•⁠  ⁠78 asesinatos en los primeros 23 días del mes

•⁠  ⁠6° lugar nacional en número total de homicidios

•⁠  ⁠1,171 homicidios registrados en todo el país durante octubre

•⁠  ⁠Durango es la única entidad sin homicidios este mes

•⁠  ⁠Promedio nacional: 50 asesinatos diarios

Cuauhtémoc, Chih.— La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó un operativo de inspección extraordinario en el Centro de Reinserción Social No. 7 (Cereso) de esta ciudad, con el propósito de mantener el orden y garantizar la seguridad al interior del penal.

La revisión comenzó durante las primeras horas de este jueves y se efectuó de manera interinstitucional, con la participación de más de 130 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y el Sistema Penitenciario Estatal.

Durante la intervención se revisaron más de 480 personas privadas de la libertad, con el objetivo de detectar y retirar objetos que representaran riesgos dentro del centro.

Como resultado, las autoridades aseguraron seis resistencias y cuatro puntas hechizas, mismas que fueron retiradas para fortalecer las condiciones de seguridad en el penal.

La SSPE informó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente de supervisión y control instruida por el secretario Gilberto Loya Chávez, enfocada en preservar la gobernabilidad y en garantizar condiciones adecuadas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

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