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Jorge López Landó

La diputada morenista Antonieta Pérez Reyes protestó en la tribuna del Congreso del Estado por los cobros excesivos que hace la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y el remate de casas que ha efectuado para recuperar adeudos.

En el planteamiento de su reclamo, la legisladora presentó su propio caso, en el cual se le cortó el servicio por un adeudo de 250 mil 388 pesos por 34 meses de no pago.

Pérez Reyes expuso que, a partir del año 2019, el recibo de la JMAS que le llegaba a su casa pasó, de 500 pesos al mes, a 10 mil pesos, luego, a 15 mil, después a 20 mil y hasta llegar a la cantidad superior al cuarto de millón de pesos.

Durante los casi dos años que duró la pandemia, desde el 2020 y hasta entrado el 2022, no hubo posibilidad de hacer un reclamo o una aclaración porque las oficinas estaban cerradas, agregó.

En la misma condición están otros usuarios que habitan en el distrito de la diputada morenista, según lo expuso en la tribuna.

Mencionó que recabó 74 casos en la colonia Villas de Alcalá, de los cuales 54 tenían adeudos excesivos, algunos de 70 mil pesos, otros de 30 mil, y tampoco habían podido aclarar su caso ante la dependencia.

“Si el 85 por ciento de una sola colonia tiene doble cobro, ¿cómo andará el resto de la ciudad?” cuestionó.

A la fecha van 8 mil usuarios notificados de embargo y otros cuatro mil en proceso, además de que ya han rematado casas por adeudos de agua, sin haber corrido un procedimiento legal, añadió.

En respuesta, la diputada Marisela Terrazas (PAN), también de Juárez, le reclamó a su compañera de legislatura que haya dejado de pagar durante 34 meses.

Es vergonzoso, dijo, que quienes están a cargo de hacer las leyes sean los primeros en incumplirlas.

Acusó además a la morenista de haber hecho una conexión clandestina desde la red de la JMAS para recuperar el suministro de agua, en vez de pagar su adeudo.

Tras una respuesta de la diputada Pérez, quien negó haber hecho tal conexión, su propuesta de pedir a la Profeco que intervenga para evitar que la JMAS siga haciendo cobros excesivos y rema te de viviendas, se desechó por voto mayoritario.

La Federación negó recursos a Chihuahua para atender el fenómeno de migración que se registra en su territorio con viajeros de Centro y Sudamérica, dijo el representante del estado en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez Hernández.

Desde la semana pasada la gobernadora María Eugenia Campos Galván reclamó al Gobierno Federal la dotación de fondos para atender el fenómeno de migrantes que llegaron al territorio chihuahuense, pero la respuesta fue negativa.

Ibáñez Hernández mencionó que la mandataria se entrevistó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como con el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para hacer la petición.

Ambos indicaron que no habría recursos extraordinarios para atender a los migrantes que llegan a Chihuahua para trasladarse hasta Ciudad Juárez y cruzar el río Bravo en busca de asilo.

Tanto el Gobierno del Estado como los municipales de las localidades a donde llegan los viajeros extranjeros deberán enfrentar el fenómeno con sus propios recursos, indicó el funcionario estatal.

Dijo que en la actualidad se sabe que en esta frontera hay 300 espacios para albergar a migrantes en el Centro Integrador Leona Vicario, así como 200 en el gimnasio Kiki Romero, aparte de los que existen en refugios privados.

El estado solicitó a la Guardia Nacional que avise cuando detecte grupos de migrantes viajando hacia el norte, a fin de que las localidades chihuahuenses se preparen para recibirlos, especialmente en Ciudad Juárez.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció desde su  conferencia mañanera el ambiente de persecución que vive el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, por atreverse a investigar casos de corrupción contra su antecesor César Duarte.

El mandatario señaló que ahora están tratando de perseguir a Corral por ser quien inició la investigación de corrupción contra Duarte.

Advirtió que está enterado y que no puede haber por ello venganzas, cuando el asunto también tiene qué ver con procesos federales.

“Quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo hostigados y se les acusa también, así, de manera muy peculiar de que aplicaron tortura psicológica”, dijo el presidente, comparando el tema con el aplicado al mandatario del Perú.

Un escolta fue detenido por portar, además de su arma reglamentaria de cargo, otra más, calibre .45, prohibida por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Elementos del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a un sujeto que se identificó como escolta particular y quien portaba la pistola sin el registro correspondiente.

El personal de Detectives realizaba labores propias de vigilancia y prevención y en las calles Cumbre de la Cuesta y Vistas Poniente, de la colonia Vista de la Cumbre, fueron abordados por una persona que les señaló un vehículo estacionado en un centro comercial y a bordo un sujeto presuntamente armado.

Los oficiales de la Subsecretaría de Estado Mayor abordaron al conductor de una camioneta Ford Expedition, quien se identificó como escolta de “los Zaragoza”, presentó una credencial de la empresa AMETH y mostró un arma de fuego Glock calibre .380, modelo 25, con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, la cual coincidía con su identificación oficial.

Durante la inspección del vehículo, se localizó en la parte posterior del asiento del copiloto una bolsa de plástico de color azul, que contenía en su interior un arma de fuego tipo pistola con la leyenda Rock Island Armory, calibre .45 con un cargador plateado desabastecido, así como un cargador de color negro y 17 cartuchos útiles del mismo calibre, la cual no contaba con el registro correspondiente.

El detenido responde al nombre de Andrés Ignacio L. M. de 29 años de edad y se le trasladó ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para la puesta a disposición correspondiente por Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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